Voces de Libertad

El cierre de las actividades petroleras del contrato 2-85 Xan con la empresa Perenco ha dado mucho de qué hablar. El tema implica las leyes actuales de hidrocarburos, así como la ineptitud de diferentes gobiernos para crear una legislación clara que incentive la inversión en la explotación de recursos naturales no renovables en este país. Es lamentable que el gobierno actual pretenda cerrar y desmantelar dichas instalaciones bajo una mal entendida protección al medio ambiente.

Mi amigo Jorge Antonio García, experto en estos temas, exviceministro del MEM (Ministerio de Energía y Minas), me explicó lo que hay detrás de este cierre y lo resumo a mi modo a continuación: “En Guatemala, la exploración y explotación petrolera están reguladas por la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83), que permite concesiones de hasta 25 años sin prórroga. Las empresas recuperan su inversión a través de los ingresos generados por la producción, pagando regalías al Estado que comienzan en el 5%.

Una vez recuperada la inversión, se inicia la fase de “Hidrocarburos Compartibles”, donde el Estado recibe al menos el 30% de los ingresos, porcentaje que llegó a alcanzar hasta un 40% hace unos años. Al finalizar un contrato, las inversiones pasan a ser propiedad del Estado y se requiere una licitación internacional para adjudicar el campo.

El contrato 2-85 del campo Xan expiró en 2010, y el gobierno de Colom aprobó el decreto 71-2008, que otorgó una prórroga de 15 años a Perenco, evitando la licitación. Esta prórroga termina este año y no puede renovarse legalmente. Aunque se intentó modificar la ley durante el gobierno de Giammattei, no se logró.

El actual gobierno se opone a nuevos contratos petroleros y ha exigido el cierre del campo Xan, responsabilidad que corresponde al Estado. El MEM y sus funcionarios podrían haber incurrido en incumplimiento de funciones al no promover actividades clausuradas como el caso de la mina El Escobal, por ejemplo. La salida de Perenco dejará al Estado con el complicado cierre de pozos y la necesidad de importar asfalto, actualmente procesado en la refinería de La Libertad, Petén”.

La explotación de recursos naturales no renovables en Guatemala presenta un gravísimo defecto: el subsuelo es propiedad del Estado. Es de todos, y lo que es de todos no es de nadie. Si el dueño del subsuelo es el mismo que el de la superficie, se evitan los problemas políticos, sociales y ambientales relacionados con la explotación de minerales, petróleo y gas natural.

Esto se puede resolver sin cambiar la Constitución, otorgando títulos de usufructo del subsuelo a los propietarios de la superficie de esos terrenos. Los inversionistas se sentirían más seguros y confiados. El valor de las propiedades aumentaría, beneficiando a las comunidades y al medio ambiente, y disminuirían los conflictos sobre cómo manejar la propiedad de cada persona.

En vez de gastar recursos para destruir una inversión productiva (capital acumulado), se podría licitar inmediatamente para que alguien con experiencia la explote y beneficie a los guatemaltecos y al medio ambiente. Contrario a lo que el gobierno piensa, la explotación moderna de recursos naturales es un aliado poderoso del medio ambiente. Un excelente ejemplo de cooperación que beneficia al medio ambiente lo llevó a cabo la Sociedad Audubon, al trabajar en conjunto con las empresas que explotan el gas natural en Texas. Esto les ha permitido recibir buenos ingresos para proteger a las aves de esa región y de otras más. Esa área protegida puede ser mantenida mucho mejor con parte del fruto de esa operación petrolera. Se puede y debe priorizar al ser humano y, a la vez, al medio ambiente. Lo que este gobierno hará es exactamente lo contrario.

El autor es empresario, catedrático universitario y director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).