Eliminemos los tecnicismos de la “Advertencia Miranda”

La Corte Suprema está por decidir si revisa una causa que involucra los derechos de la Advertencia Miranda*, llevando a la erudición televisiva a hacer sonar las campanas por la famosa advertencia que incluye el derecho a mantenerse en silencio y a solicitar un abogado para que esté presente durante el interrogatorio. Tal análisis alarmante confunde los argumentos legales que se encuentran realmente ante el Tribunal y de esa manera a la verdadera importancia del tema.

La causa que la Corte Suprema se encuentra considerando es de Virginia, donde un tribunal inferior rechazó permitirle a Charles Dickerson, acusado de una serie de robos a bancos, suprimir su confesión indudablemente voluntaria debido a una controversia técnica acerca del momento preciso en que recibió la Advertencia Miranda.

Para arribar a su conclusión, el tribunal inferior se basó en una ley sancionada por un Congreso Demócrata en 1968 y promulgada por el Presidente Johnson. Esta ley, conocida como la Sección 3501, exige que todas las confesiones voluntarias sean admitidas como evidencia ante un tribunal federal. Al tomar esa determinación, los jueces federales reciben instrucciones para examinar todas las circunstancias que rodean a una causa, incluido el hecho de si un sospechoso recibió su Advertencia Miranda. Sin embargo, la presencia o ausencia de algún factor particular no le exige al juez admitir o suprimir una confesión.

Contrariamente a lo que han proclamado algunos comentaristas legales, la Advertencia Miranda no corre peligro. Incluso si la Corte Suprema mantiene a la Sección 3501, las agencias federales de aplicación de la ley continuarán dando la advertencia para ayudar a persuadir a los jueces de que las confesiones del sospechoso fueron voluntarias. En efecto, la opinión del tribunal inferior fue explícita sobre este punto: “No hay nada en la opinión actual que les brinde a los encargados de aplicar la ley un incentivo para dejar de lado a la ahora familiar Advertencia Miranda.” Esta predicción ha sido plenamente confirmada: Desde el fallo en la causa Dickerson el pasado mes de febrero, las agencias federales de aplicación de la ley han continuado suministrando la Advertencia Miranda.

Mientras que la Corte Suprema no está enfrentada con la cuestión de si terminar o no con la Advertencia Miranda, el tema bajo su consideración es, sin embargo, de excepcional importancia. Hasta el pronunciamiento de Virginia, cualquier desviación de los requisitos de la Advertencia Miranda conducían a la supresión de las confesiones voluntarias, sin importar cuán inocente fuese la equivocación del policía o incluso si tal equivocación realmente existió. Pese a los mejores esfuerzos de los oficiales de policía, numerosos casos se volvieron cuestiones técnicas acerca de si los mismos cumplieron acabadamente con todas las exigencias de la Advertencia Miranda. E incluso muy a menudo, los oficiales de policía no son capaces de interrogar a los sospechosos de un crimen en virtud de los poco conocidos requisitos procesales de Miranda. En un reciente estudio publicado por la Stanford Law Review, el economista Richard Fowles y yo estimamos que unos 136.000 crímenes violentos y unos 299.000 crímenes contra la propiedad no son resueltos cada año debido a los procedimientos de la Advertencia Miranda.

Estos casos sin resolver no son consecuencia de la Advertencia Miranda, la cual tiene efecto limitado sobre los sospechosos, sino en cambio de la vasta doctrina que la Corte Suprema ha sentado alrededor de Miranda respecto de la correcta «renuncia a la aplicación» de los derechos y de la reanudación del interrogatorio. Esa doctrina en ningún sentido se encuentra exigida por la Constitución. La 5ta Enmienda prohíbe la auto incriminación «obligada»–es decir, la extracción de confesiones involuntarias. Pero la Corte Suprema ha explicado reiteradamente que los derechos de la Advertencia Miranda «no son en sí mismos derechos protegidos por la Constitución.»

Debido a que los derechos de la Advertencia Miranda no poseen una raigambre constitucional, el Congreso es libre de desarrollar aproximaciones alternativas a la cuestión. No obstante, es un hecho muy poco conocido que la opinión del Juez de la Corte Suprema Earl Warren de 1966 en la causa Miranda, específicamente «alentó» al Congreso y a los estados a desarrollar enfoques alternativos al régimen de Miranda.

Al sancionar la Sección 3501, el Congreso simplemente aceptó la invitación explícita de la Corte Suprema. La aproximación alternativa que el Congreso establece le exige a los tribunales federales que efectúen un examen cuidadoso del hecho de si una confesión fue suministrada de manera voluntaria. Pero para que confesiones como la de Dickerson sean consideradas como «voluntarias,» la mera circunstancia de que un oficial de policía se desviara de alguno de los requisitos de la Advertencia Miranda, no lleva a su exclusión.

La verdadera importancia de la causa que está siendo analizada por la Corte Suprema es entonces la de si el foco de nuestro sistema de justicia penal será la búsqueda de la verdad o no. La confesión voluntaria de un malhechor es la pieza de evidencia más confiable e importante en dicha búsqueda. No obstante ello, por mucho tiempo los abogados defensores han sido capaces de capitalizar las cuestiones técnicas que rodean a la Advertencia Miranda a fin de evitar que los jurados oigan confesiones voluntarias indubitables. En la causa Dickerson, la Corte Suprema tiene una oportunidad para establecer a la búsqueda de la verdad como el objetivo primario de nuestros tribunales penales.

*Nota del Traductor:
La “Advertencia Miranda” se refiere al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que establece que cuando una persona es arrestada o interrogada por la policía, primero tiene que ser informada de ciertos derechos contra la auto incriminación.

Este procedimiento lleva ese nombre por Ernesto Miranda, quien fuera arrestado en 1963, en Phoenix (Arizona) por robo armado e intento de violación. Mientras estaba en custodia policial, Miranda firmó una confesión escrita del robo, del secuestro y de la violación. Pero después de declararse culpable, sus abogados apelaron, con el argumento de que Miranda no conocía que él se encontraba protegido de su propia incriminación. En la causa “Miranda versus Arizona,” la que marcó un hito en el sistema judicial, la Corte Suprema estadounidense estableció en 1966 que un acusado puede guardar silencio mientras no le sean leídos sus derechos.

Al momento de arrestar a un sospechoso, la policía debe leerle la siguiente declaración, conocida como la “Advertencia Miranda”:

• “Usted tiene el derecho a guardar silencio”.
• “Cualquier cosa que usted diga puede y será usada en su contra en un tribunal”.
• “Usted tiene el derecho de llamar a un abogado y tenerlo presente durante el interrogatorio”.
• “Si usted no cuenta con los recursos para contratar a un abogado, le será asignado uno para representarlo, si usted así lo desea”.

Traducido por Gabriel Gasave