Chicago versus la Segunda Enmienda

El 2 de marzo, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre si Chicago debe respetar el “derecho del pueblo de poseer y portar armas” consagrado en la Segunda Enmienda.

El Alcalde Richard M. Daley afirma que la misma no rige allí, y que en “un paisaje urbano, la Segunda Enmienda se convierte en enemiga de la libertad ordenada, no en su garante”.

Ignorando a aquellos ciudadanos que puedan precisar las armas para proteger a sus familias en sus hogares, Daley conjura un seguidilla de horrores, tales como “pandillas callejeras de criminales con derecho a portar armas” que emplean la violencia “para controlar el tráfico de drogas”.

El Bill of Rights fue originalmente pensado para evitar una tiranía por parte del gobierno federal. Pero cuando la Guerra Civil terminó con la esclavitud, los estados del sur aprobaron los Códigos Negros, los cuales privaban a los afroamericanos de los derechos fundamentales—incluida la posesión de armas.

La Enmienda 14ª a la Constitución fue adoptada en 1868 para impedir que los estados y localidades violasen estos derechos.

Hoy en día, Chicago tiene su propio equivalente a los Códigos Negros, y sostiene que el mismo es constitucional porque prtiva a todos de sus derechos por igual. En “Chicagospeak”, una petición de 1866 de los esclavos liberados, éstos se quejaban de que Carolina del Sur les prohibía poseer armas de fuego y solamente procuraban el “requisito de la igualdad”.

Pero en el Congreso, el senador Charles Sumner de Massachusetts sostuvo que deberían ser protegidos “en el mantenimiento de armas” y “en la completa libertad de expresión”—no que podrían ser igualmente privados de estos derechos.

Ese mismo año, el Congreso sancionó una ley protegiendo el “pleno e igual beneficio” de las leyes para la “libertad personal” y la “seguridad personal”, “incluido el derecho constitucional a portar armas”. “Pleno”, no solo “igual”.

Al presentar la Enmienda 14ª ante el Congreso, el senador Jacob M. Howard de Michigan se refirió a los “derechos personales” como “el derecho a poseer y portar armas”, explicando que la enmienda obligaría a los estados a “respetar estas grandiosas garantías fundamentales”.

Sin estos derechos, “un pueblo no puede existir, excepto como esclavos, sometidos a un despotismo”, sostuvo Howard. Chicago afirma que esta era tan sólo la opinión personal de Howard, aunque nadie en el Congreso la cuestionó y el discurso fue publicado en la portada del New York Times.

¿Adivine en quiénes se basa Chicago? En los opositores racistas a la Decimocuarta Enmienda. Uno de ellos era el senador Thomas A. Hendricks de Indiana, más tarde vicepresidente del presidente Grover Cleveland, quien objetaba que los negros tuviesen los “derechos civiles e inmunidades de las que gozaban los blancos”, incluido el derecho a portar armas.

Otro fue el senador Reverdy Johnson de Maryland, el abogado del propietario de esclavos en el caso Dred Scott de 1857, que se negaba a reconocer a los afroamericanos como ciudadanos porque ello les daría “la plena libertad de expresión. . ., y de mantener y portar armas dondequiera que fuesen”.

El senador Henry Wilson, de Massachusetts—que más tarde se convirtió en vicepresidente del presidente Ulysses S. Grant—se quejaba de que las milicias sureñas estaban “visitando a los libertos y desarmándolos”, pero la ciudad de Chicago ignoraría el resto de la frase de Wilson: “perpetrando asesinatos y ultrajes contra ellos”. “¿Está bien eso?

Suficiente de los antecedentes históricos que invoca Chicago. ¿Qué le dice Chicago a la Corte Suprema acerca de su actual prohibición de armas? Que promulgada en 1982, es todo un éxito: “Las pistolas fueron utilizadas en 402 de los 412 homicidios con arma de fuego [perpetrados] en Chicago en 2008”. Si eso es un éxito, ¿qué es un fracaso?

Con su imaginación exaltada, Chicago se reserva la facultad de prohibir “un arma generalmente de uso común para fines lícitos en una localidad (como un fusil de caza de alta potencia con equipo de mira de precisión, popular en el área rural de Illinois)”, para evitar su “empleo por parte de las pandillas de Chicago que tratan de asesinar a sus rivales”.

Aparte de la asunción de que cualquier arma de fuego puede ser demonizada y prohibida, ¿vamos a suponer que los delincuentes respetarán las leyes sobre armas mientras no acatan las leyes contra el asesinato? Los cazadores de ciervos que residen en Chicago mejor que cuiden sus espaldas.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA es su sigla en inglés) es una de las partes en el caso, caratulado McDonald vs. Chicago. Veremos qué piensa la Corte Suprema de la falta de respeto del Alcalde Daley por los derechos constitucionales.

Traducido por Gabriel Gasave