Soy un profesor universitario. La descripción de mi trabajo exige por lo tanto que, entre otras cosas, luzca una chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos, un barba crecida, pase dos días a la semana en el aula y fume en pipa.

Ese último rasgo esencial se encuentra ahora bajo ataque. Un proyecto de ley ante el Congreso propone aumentar el impuesto federal sobre las ventas de tabaco para pipa, equiparándolo al recientemente promulgado impuesto sobre el tabaco suelto para cigarrillos, que es adquirido por aquellos fumadores que prefieren enrollarlos ellos mismos. Si se aprueba, el proyecto de ley gravará al tabaco para pipa en aproximadamente 25 dólares por libra (poco más de 453 gramos), un incremento del 775 por ciento con respecto al nivel actual.

Fumar tabaco es malo para la salud. No obstante, que yo sepa, no existen estudios científicos que se hayan llevado a cabo que demuestren que los fumadores de pipa (o los fumadores de puros, para el caso) tengan vidas más cortas que los no fumadores. Ciertamente no hay evidencia alguna de que los no fumadores que se encuentran expuestos a un medio ambiente con humo de pipa o cigarro sean perjudicados por él. De hecho, toda persona que huele el olor de mi pipa en el ambiente, afirma que les recuerda a sus padres o abuelos.

Así que, ¿por qué los fumadores de pipa están siendo selectivamente escogidos como blanco por Washington? La respuesta es oportunismo político. El gobierno federal ha venido gastando en exceso desde que George W. Bush ocupaba la Casa Blanca. Durante los últimos nueve años, los contribuyentes de los Estados Unidos han sido agobiados por aumentos sin precedentes en el presupuesto federal para financiar nuevas iniciativas educativas (el programa “No Child Left Behind”), nuevos proyectos para la atención de la salud (Medicare Parte D, para pagar los medicamentos de la abuela), dos guerras contra el terrorismo (Irak y Afganistán), fallidos planes de “estímulo” económico y los rescates de instituciones financieras irresponsables.

Con un déficit presupuestario anual que ronda actualmente 1,4 billones de dólares, Washington está desesperada por mejoras en los ingresos (es decir, nuevas fuentes de ingresos fiscales). En lugar de aumentar los impuestos sobre una base amplia, lo que previsiblemente provocaría una amplia oposición de los ya sobrecargados contribuyentes, es políticamente conveniente elegir a minorías que carecen de un poder efectivo para exhibirlo en el mercado legislativo. Y así hemos visto propuestas para gravar a aquellos que han sacrificado salarios a cambio de generosos planes de seguro médico, para gravar a los consumidores de comida chatarra y bebidas gaseosas, y para gravar las operaciones con acciones ordinarias.

Es ingenuo pensar que nuestros representantes electos están atentos a los intereses del público. Lo que los presidentes y los miembros del Congreso hacen en la práctica es transferir riqueza a los intereses especiales que son críticos para sus posibilidades reeleccionistas. Por ello no es sorprendente que financien esas transferencias de riqueza gravando a grupos que no son importantes electoralmente para ellos.

Y así, la carga fiscal recae más pesadamente sobre cualquiera persona que sea políticamente impotente, especialmente si pueden ser descritas como los consumidores de productos que, en base a la más endeble de las evidencias científicas, les hacen daño o imponen costos a otros.

Ese modo de pensar hace que el Estado niñera pierda el control. Los fumadores en pipa y de puros no son ninguna amenaza para la salud pública. Incluso si el fumar en pipa o cigarros perjudica a los consumidores de dichos productos, ese daño es padecido de manera privada y por lo tanto no es un problema de política pública.

Pero por desgracia lo es si la política fiscal es depredadora, con el objetivo de aumentar los ingresos a costa de cualquier grupo que no puede plantearle una efectiva oposición política. Quizás sea el momento de incorporar al tabaco para pipa, la comida chatarra y los refrescos a las agendas de los movimientos ciudadanos (“tea parties”) que actualmente se están organizando para oponerse a un gobierno que es más intrusivo en todos los ámbitos.

Traducido por Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Asesor de Investigación Distinguido e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).