La Ley del Seguro Contra el Riesgo de Terrorismo será extendida, por supuesto

El 7 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley extendiendo la vigencia de la Ley del Seguro Contra el Riesgo de Terrorismo (TRIA como se la conoce en inglés), un estatuto promulgado el 26 de noviembre de 2002. El Senado ha aprobado ya un proyecto de ley similar, por lo tanto, dado que el Presidente George W. Bush jamás veta nada, la resolución de las versiones de las dos cámaras por parte de un comité parlamentario será suficiente para permitir que siga en vigor una ley que de otro modo hubiese expirado el 31 de diciembre. Su extensión ilustra perfectamente la manera en que las crisis operan como trinquetes en el crecimiento del gobierno.

Inmediatamente después de los ataques del 11/09, los tenedores de pólizas contra daños a la propiedad se quejaban de que el seguro contra el terrorismo se había vuelto difícil de conseguir y extremadamente costoso cuando el mismo estaba disponible. Naturalmente, llevaron sus reclamos al Congreso, donde los legisladores se preocuparon de que esa falta de cobertura contra el terrorismo de los seguros pudiese perjudicar a la actividad empresarial—algo malo desde su perspectiva debido a que las empresas perjudicadas pagan importes menores en concepto de impuestos. En respuesta, el gobierno promulgó la TRIA. Después de todo, existía una emergencia, o se dijo que existía, y el gobierno federal no es otra cosa que un profundo bolsillo de usos múltiples para responder a las emergencias grandes y pequeñas.

Bajo la ley, a los aseguradores de propiedad comercial se les exige ofrecer seguros contra el terrorismo en los mismos términos que se aplican a su cobertura de otras clases de pérdidas. Sin embargo, el Tesoro de los Estados Unidos está listo para rembolsar el 90 por ciento de las perdidas aseguradas certificadas (más allá de una suma deducible relativamente pequeña) debidas a actos de terrorismo hasta un monto total de perdidas que alcancen los $100 mil millones (billones en inglés) en un año y asume la totalidad de la responsabilidad por el monto entero de las pérdidas más allá de ese umbral. Al hacerlo, la Oficina de Contabilidad General destacó en el año 2004, que el gobierno se convierte en “efectivamente el mayor reasegurador del mundo”. El mismo informe observaba que dos años después de la sanción de la ley, “los participantes de la industria no han desarrollado un mecanismo para reemplazar a la TRIA”

¿Pero por qué razón deberían hacerlo, cuando pueden presionar políticamente a fin de continuar recibiendo la cobertura subsidiada? Tal como lo ha señalado el ex Comisionado de Seguros de Texas J. Robert Hunter, “La TRIA implica un ””””reaseguro gratuito”””””. (El reaseguro es la cobertura de seguro que las compañías aseguradoras adquieren, principalmente para protegerse de pérdidas catastróficas). Hunter prosigue explicando que tal reaseguro gratuito desplaza al reaseguro privado y tienta a los aseguradores primarios a “tomar riesgos que de otra manera no tomarían a precios en los que probablemente no deberían tomarlos”. Resumiendo, como cualquier otro subsidio, este genera distorsiones en el mercado, enviando señales de precios erróneas a los participantes del mercado, quienes luego proceden a asignar erróneamente los recursos.

No obstante, los subsidios definitivamente tienen sus encantos para aquellos que son subsidiados. Por lo tanto, no resulta sorprendente, que una variedad de intereses privados que logra beneficiarse—las principales compañías aseguradoras, las empresas de energía, los desarrolladores de inmuebles, las empresas constructoras—hayan presionado a sus representantes parlamentarios para que extiendan la ley. Muy pronto estos “lobbyistas” estarán descorchando champaña para celebrar la exitosa culminación de sus esfuerzos. Como lo observó Hunter, cuando las aseguradoras empiezan a perder a raíz de ciertas clases de intervenciones gubernamentales “brincan gritando que eso es un subsidio y que usted tiene que internalizar los costos, pero aquí, cuando el subsidio es para ellos, y los costos se desparraman por allí, todos lo defienden”.

Precisamente, en virtud de que los costos se encuentran finamente dispersos entre todos los contribuyentes federales, poca oposición a la extensión de la ley ha tenido lugar. Es el truco más antiguo en el libro de la politiquería de los intereses especiales: concentrar los beneficios y dispersar los costos. Además, una vez que un programa de subsidios ha sido creado, podemos estar seguros de que los intereses creados en su perpetuación también habrán sido instaurados, incluso cuando las condiciones de crisis que originalmente ofrecían una justificación pueden haber desaparecido desde hace mucho. A pesar de que el público en general no sabe nada respecto de la TRIA, el del seguro de la propiedad comercial es un gran negocio, y las partes interesadas están encantadas con el hecho de que el gobierno continúe proporcionado un reaseguro gratuito, tal como lo atestigua la forma en la que presionan políticamente de manera activa para dicha continuación.

La página en Internet del Departamento del Tesoro describe a la TRIA de la siguiente manera: “la ley establece un Programa de Seguro contra el Terrorismo temporal y federal que posibilita un sistema transparente de compensación pública y privada compartida para las perdidas aseguradas que resulten de actos de terrorismo, a fin de proteger a los consumidores al resolver interrupciones en el mercado y asegurar la continua y difundida disponibilidad y accesibilidad de seguros sobre la propiedad y los accidentes por riesgo de terrorismo”. Una retórica encantadora, llena de dulzura y luminosidad. Cuando leí esta descripción por primera vez, sin embargo, la parte que más me hizo atragantar fue la palabra “temporal”. Mi pensamiento inmediato fue: no muy probable. Pese a que la descripción sigue prometiendo que el programa “permitirá un periodo de transición para que los mercados privados se estabilicen, reanuden los precios de tales seguros, y construyan la capacidad de absorber cualquier pérdida futura”, su propia existencia opera en contra de dichos resultados y alienta a los beneficiarios del subsidio a sobornar a los miembros del Congreso para que hagan que el programa funcione por siempre.

La TRIA es un paradigma del efecto de la crisis y el trinquete en el crecimiento del gobierno. Incontables historias similares podrían relatarse acerca de la intervención federal en la economía durante el siglo pasado. En mi libro Crisis and Leviatán y en docenas de otras publicaciones durante los últimos veinte años, yo mismo he contado muchas de estas historias acerca de todo, de subsidios crediticios a controles monetarios al entremetimiento en el mercado laboral y la intrusión del gobierno en la industria de la navegación oceánica. Es triste decirlo, pero para el público en general, como algo distinto de los oportunistas intereses especiales con poder político, la lección que debe ser aprendida de las políticas que generan las crisis es siempre la misma: acción inmediata, arrepentimiento prolongado.

Traducido por Gabriel Gasave