California sigue disparándose en el pie en materia de viviendas para alquilar accesibles

Está universalmente reconocido que la asequibilidad de la vivienda ha alcanzado niveles de crisis en California. Esta crisis solamente ha empeorado en los últimos años en virtud de que los funcionarios estatales y locales han seguido redoblando su apuesta en favor de políticas fracasadas. El Estado Dorado no mejorará significativamente su situación hasta que deje de dispararse en el pie.

En primer lugar, si usted desea más propiedades para vivienda, necesita fuertes protecciones de los derechos de propiedad. Pero ese no ha sido el caso en California, sobre todo en los últimos años. Las moratorias de postergación de los desalojos son un ejemplo de ello.

Las prohibiciones estatales y locales de los desalojos se justificaron en gran medida debido a otras políticas gubernamentales perjudiciales: las cuarentenas y otras estrictas regulaciones económicas impuestas durante la pandemia de coronavirus. Estas leyes, que infringían los estándares de salud pública anteriores y las respuestas a los brotes, resultaron ser totalmente ineficaces, pero sí tuvieron éxito en destruir los medios de subsistencia de innumerables personas, frenando el crecimiento educativo de los niños e impidiendo que la gente visitara a sus seres queridos moribundos en hospitales y residencias de ancianos. Las leyes COVID-19 de California fueron notoriamente de las más estrictas del país.

Tras eliminar innecesariamente los ingresos de millones de personas, los gobiernos agravaron el error promulgando moratorias de desalojos para que no se pudiera expulsar a la gente por no pagar el alquiler en razón de las penurias económicas sufridas durante la pandemia. Los contribuyentes fueron adicionalmente expoliados para sufragar programas de ayuda a los alquileres a efectos de cubrir parte de esta pérdida de ingresos (que, de nuevo, las políticas gubernamentales fueron en gran parte responsables de crear).

Pero muchos propietarios nunca recibieron lo que se les debía, sobre todo porque los programas generalmente requerían la cooperación de los inquilinos morosos. En las principales áreas metropolitanas, como el condado de Los Ángeles, San Francisco y Oakland, las moratorias de desahucio persistieron durante tres años desde del inicio de la pandemia, mucho después de que la gran mayoría de la gente volviera al trabajo. Actualmente hay miles de millones de dólares en concepto de alquileres adeudados en California, y muchos propietarios, que siguen teniendo que pagar las hipotecas y los impuestos sobre la propiedad incluso cuando sus propios ingresos han desaparecido, han perdido sus propiedades como resultado de ello, algunas de las cuales también les servían de vivienda personal.

Sin embargo, difícilmente se trate de la única política insidiosa que han adoptado el estado y los gobiernos locales. En 2019, el proyecto de ley 1482 de la Asamblea legislativa limitó los aumentos de alquiler al cinco por ciento más la inflación, hasta un máximo del 10 por ciento; dificultó el desalojo de los inquilinos de ciertos tipos de propiedades; y exigió a los propietarios que proporcionaran una ayuda para la reubicación equivalente a un mes de alquiler a los inquilinos en los desalojos “sin culpa” de su parte.

Una propuesta actual, el proyecto de ley 567 del Senado, de la senadora estatal María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, procuraba restringir aún más el control de los propietarios sobre sus propias viviendas reduciendo el tope de los alquileres al 5% (incluso menos que la inflación de los dos últimos años); eliminando la exención existente para las viviendas unifamiliares y los condominios; prohibiendo el desalojo si el propietario o un familiar desease mudarse a la vivienda y si el inquilino tiene 60 años o más, es discapacitado o padece una enfermedad terminal; exigía que si se produce un desalojo para permitir que el propietario o su familiar ocupen la residencia, el propietario o su familiar deben utilizar la unidad como residencia principal durante al menos tres años; y ordenaba que si un inquilino es desalojado porque el propietario está retirando la propiedad para alquilar del mercado, el inmueble debe permanecer fuera del mercado durante al menos 10 años. Además de las obvias violaciones de los derechos de propiedad privada y a la libre contratación, debería señalarse que esto habría llevado a la discriminación de las personas mayores y discapacitadas, ¡ya que los propietarios temerían alquilarles porque entonces no podrían volver a mudarse a sus propiedades en el futuro!

Afortunadamente, estas medidas fueron finalmente eliminadas del proyecto de ley (aunque los propietarios o sus familiares seguirían teniendo que permanecer en una propiedad durante un año, en lugar de los tres años originales, si desalojaban a los ocupantes anteriores). En la actualidad, el proyecto de ley se centra principalmente en proporcionar una mayor aplicación de las medidas del proyecto de ley 1482, permitiendo a los inquilinos desalojados por error demandar a los propietarios por el triple de la cuantía de los daños reales, más los daños punitivos y honorarios de abogados.

Aunque las disposiciones más radicales del proyecto de ley 567 fueron finalmente suprimidas en esta ocasión, hay una fuerte probabilidad de que sean impulsadas -y posiblemente aprobadas- el año que viene o el siguiente. La perspectiva pende como la espada de Damocles sobre las cabezas de los propietarios de California.

No es de extrañar entonces que, a pesar de la significativa escasez de viviendas, los desarrolladores y propietarios sean reacios a proporcionar más unidades. Si el estado y los gobiernos locales siguen demonizando a los propietarios, permitiendo que los inquilinos les roben a través del incumplimiento en el pago del alquiler y obligándolos a soportar costosos y largos procesos legales para deshacerse de los inquilinos que resultaron ser una pesadilla, cada vez más propietarios y desarrolladores actuales y potenciales concluirán racionalmente que simplemente no vale la pena la molestia y el riesgo, y la oferta de vivienda se reducirá aún más, empeorando la crisis de asequibilidad.

Traducido por Gabriel Gasave