La caída del presidente marxista de Perú, Pedro Castillo, en diciembre -tras su fallido intento de disolver el Congreso y reemplazar el poder judicial en un autogolpe de Estado- fue un duro golpe para los gobiernos antiliberales de toda la región.

Desde entonces, esos gobiernos no han dejado de contraatacar, con Cuba, Venezuela y Nicaragua -la pandilla abiertamente dictatorial- así como México, Colombia, Argentina, Bolivia y, en menor medida, Chile -países con gobiernos electos de centroizquierda- tratando todos de socavar a la sucesora de Castillo, Dina Boluarte.

Boluarte, ex vicepresidenta, sucedió a Castillo tras su destitución por violar la Constitución e intentar instaurar una dictadura.

La intervención extranjera en los asuntos peruanos ha sido escandalosamente directa. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ha llegado al extremo de negarse a entregar a la señora Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico, la cual rota entre los países miembros. La Alianza, el intento más significativo de integración económica y política de la región, constituyó en su día un modelo para una América Latina libre y próspera, con su firme apoyo a la democracia liberal, el libre comercio, la cooperación económica mundial y un amplio compromiso con el mundo desarrollado.

En la actualidad, de los fundadores originales -México, Perú, Chile y Colombia-, sólo Perú apoya los objetivos originales de la Alianza, mientras que los otros tres se encuentran gobernados, en diversos grados, por gobiernos populistas de izquierdas cuyas ideas políticas están muy alejadas de lo que la Alianza defendió alguna vez. Al negar a Boluarte la presidencia de la Alianza, López Obrador ha echado por tierra cualquier esperanza de volver a encarrilar a la organización.

Los asuntos internos de Perú son igualmente desafiantes. Con Castillo, los izquierdistas se hicieron con el control administrativo de muchos resortes del gobierno (en algunos casos, con la ayuda del presidente). Los elementos marxistas agudizaron su capacidad para perturbar la economía, a la que denunciaban como un instrumento del capitalismo imperialista. Esto incluía las operaciones mineras (Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, plata, zinc, plomo, estaño y oro) y otras industrias fuertemente dependientes de la inversión extranjera. Curiosamente, esta aversión al capital imperialista sólo se aplicaba al capital occidental; la inversión comunista y el imperialismo de China eran bienvenidos.

La caída de Castillo interrumpió este proceso y redujo la influencia tanto de los grupos marxistas locales como de los gobiernos extranjeros, lo que explica los absurdos ataques personales de López Obrador contra Lisa Kenna, la muy respetada embajadora estadounidense en Lima.

Aunque el gobierno estadounidense ha apoyado acertadamente a Boluarte como sucesora constitucional de Castillo, al igual que otras democracias liberales y la Unión Europea, sería injusto atribuir el fracaso (hasta ahora) de los izquierdistas radicales para llevar a Perú a su redil principalmente a los gobiernos extranjeros.

Más bien ha sido la negativa de las fuerzas armadas, la policía, el Congreso peruano, la presidenta Boluarte y la sociedad civil en general a apoyar la toma ilegal de poder de Castillo, lo que ha impedido el intento del ex presidente de convertir al Perú en otra dictadura marxista. El apoyo prestado por la comunidad internacional al gobierno de Boluarte ha contribuido a sostener su presidencia, pero las protestas, la violencia y las decenas de muertes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad siguen atormentándola.

Los próximos comicios presidenciales de Perú están previstas para 2026, pero Boluarte y otros han pedido al Congreso que adelante las elecciones para dar nuevo oxígeno al sistema democrático. Hasta ahora, el Congreso ha soslayado la petición, por lo que es probable que Boluarte cumpla el mandato de su antiguo jefe.

Esto puede resultar ser un mejor resultado de lo que se pensaba. Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, intentan calmar al país y eestablecer cierta estabilidad y normalidad. Su caída en medio del caos actual, cuando aún no está claro qué partidos políticos podrán participar legalmente en las próximas elecciones, brindaría a las fuerzas del antiliberalismo una oportunidad de oro para intentar hacerse con el control ideológico de Perú, con el peligro añadido de que esto podría, a su vez, desencadenar una respuesta no democrática de la derecha.

Traducido por Gabriel Gasave


Alvaro Vargas Llosa es Asociado Senior en el Independent Institute.