La Constitución frente a los ataques a las embarcaciones del narcotráfico

Desde septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo 22 ataques y han matado a 87 personas en operaciones contra embarcaciones venezolanas dedicadas al contrabando de drogas. La administración Trump ha calificado a los narcotraficantes como “organizaciones terroristas extranjeras” y justifica estos ataques como medidas de autodefensa nacional. Hace solo unas semanas, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada, arribó al mar Caribe. La administración ha prometido que lo siguiente serán ataques terrestres, y Venezuela ha puesto a sus fuerzas militares en estado de máxima alerta. Es probable que los aviones de combate del portaaviones sean fundamentales para expandir las operaciones.

Surge una pregunta fundamental: ¿son legales los ataques contra buques y sitios terrestres vinculados al narcotráfico?

La Constitución de Estados Unidos marcó un cambio drástico con respecto a las prácticas británicas y europeas en materia de guerra y política exterior. Como ha señalado el constitucionalista Louis Fisher, en la década de 1780 “los modelos de gobierno existentes en Europa situaban el poder bélico firmemente en manos del monarca”. Los redactores de la Constitución no solo rechazaron la monarquía, sino que también estructuraron el poder de tal manera que solo el Congreso pudiera comprometer a la nación en un conflicto armado.

La Constitución delega al Congreso la facultad de declarar la guerra, comisionar a corsarios para que ataquen los navíos enemigos, sancionar normas relativas a las capturas en tierra y mar, reclutar ejércitos, mantener una armada, dictar reglas para el gobierno de las fuerzas armadas y convocar a la milicia. El veredicto de los redactores de la Constitución es claro: en un gobierno republicano, solo los representantes del pueblo en el Congreso deberían poder enviar a los hijos e hijas de Estados Unidos a situaciones hostiles.

El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, pero esta designación existe únicamente para preservar el control civil sobre el ejército. No es una palabra mágica que anule la enumeración que hace la Constitución de las facultades del Congreso en materia de guerra.

Los redactores de la Constitución reconocieron que el presidente debía tener la facultad discrecional de repeler ataques repentinos. Los debates de la Convención de Filadelfia revelan que, originalmente, el Congreso tenía la facultad de “hacer” la guerra, en lugar de “declararla”. James Madison, de Virginia, y Elbridge Gerry, de Massachusetts, sugirieron que se utilizara el lenguaje actual para garantizar que el ejecutivo pudiera actuar si una nación enemiga lanzaba un ataque sorpresa.

La Casa Blanca afirma que simplemente está defendiendo a Estados Unidos de incursiones repentinas por parte de narcotraficantes extranjeros. Pero las drogas ilegales han sido introducidas de contrabando en el país durante décadas. Los responsables están sujetos a la legislación en materia penal. El contrabando es una cuestión policial y no militar. En la medida en que genere un problema tal que el ejército tuviese que intervenir, el Congreso se encuetra sesionando y puede tomar decisiones acerca del empleo de recursos militares.

En el Congreso se está hablando de invocar la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973. La resolución se aprobó tras la guerra de Vietnam para limitar el uso discrecional de las fuerzas militares por parte del presidente. Básicamente, si el presidente envía tropas a una zona de hostilidades, debe retirarlas en un plazo de 60 días, a menos que el Congreso apruebe la continuación de la participación de Estados Unidos. El presidente puede ampliar el plazo por 30 días si cree que se necesita más tiempo para garantizar la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

El 3 de diciembre, los senadores estadounidenses Tim Kaine (demócrata por Virginia), Rand Paul (republicano por Kentucky) y Adam Schiff (demócrata por California), junto con el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), presentaron una Resolución sobre los Poderes de Guerra para impedir el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, salvo que lo autorice el Congreso. El reciente asesinato de los supervivientes de un barco narcotraficante mediante un segundo e innecesario ataque debería hacer que los legisladores de todos los partidos consideraran la medida.

Sin embargo, debemos ser cautelosos a la hora de apoyar la invocación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973. Podría decirse que, en lugar de confinar el poder del presidente a las restricciones constitucionales, la resolución reconoce la autoridad extracontitucional del presidente para librar una guerra de forma unilateral durante 90 días. En ese lapso, el presidente puede involucrar a Estados Unidos en un conflicto de tal manera que la única opción del Congreso sea reconocer una guerra instigada por el ejecutivo.

Los ataques a los barcos que transportan drogas y las promesas presidenciales de ataques terrestres deberían preocupar a los estadounidenses. Madison describió la guerra como “la verdadera nodriza del engrandecimiento ejecutivo”. La agresión de la administración hacia Venezuela, sin autorización del Congreso, es el ejemplo más reciente de por qué debemos volver a la visión conservadora de la Constitución sobre el poder ejecutivo.

Traducido por Gabriel Gasave