Los Estados Unidos de Trump comienzan a parecerse a una república bananera.

Como peruano de nacimiento que lleva más de tres décadas escribiendo sobre economía y política latinoamericanas, estoy familiarizado con los políticos autoritarios que ejercen control sobre las empresas privadas.

Sin embargo, ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado que Estados Unidos seguiría el mismo derrotero: pasando de los demócratas ‘woke’, partidarios del gran gobierno, los impuestos y el gasto público, a una especie de economía planificada bajo los republicanos, supuestamente partidarios del libre mercado. No obstante, eso es precisamente lo que reflejan con claridad las recientes medidas del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca presionó a los fabricantes de chips Nvidia y AMD para que entregaran al gobierno estadounidense el 15 % de los ingresos obtenidos por la venta de chips en China. Era eso o decir adiós a cualquier esperanza de obtener una licencia de exportación.

En primer lugar, el Departamento de Comercio restringió la venta de chips a China en nombre de la “seguridad nacional y económica”. A continuación, suavizó esas restricciones a cambio de que China permitiera la exportación de minerales de tierras raras (las consideraciones de seguridad nacional y económica quedaron de repente en segundo plano). Por último, el Gobierno comunicó a Nvidia y AMD que quería una reducción del 15 % en las ventas de chips H20 y MI308 a China.

El mismo gobierno, que en julio informó un déficit unos 50.000 millones de dólares mayor al registrado en la misma fecha el año pasado y que debe más de 37 billones de dólares, desea, por supuesto, participar en la acción.

Hace varias semanas, Apple se vio amenazada con elevados aranceles sobre las importaciones de chips, un componente indispensable de su estrategia de inteligencia artificial, en la que se enfrenta a una competencia extremadamente dura. A Apple se le dijo que la única forma de evitar el “castigo” por su insuficiente producción nacional sería comprometerse a invertir masivamente en Estados Unidos. Poco después, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció el Programa de Fabricación Estadounidense de la empresa, con planes de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos años.

Por si eso no fuera suficiente para apaciguar al presidente, Cook también le obsequió una placa grabada con montura de oro en conmemoración de la ocasión.

Otro destacado CEO también tuvo que pasar por el ritual de intentar apaciguar al presidente visitando dócilmente la Casa Blanca y presentándole sus respetos. Lip-Bu Tan, el recientemente nombrado director ejecutivo de Intel, había sido señalado por el presidente como un jefe indeseable de esa empresa en dificultades. Trump había acusado a Tan, ciudadano estadounidense, de estar confabulado con Pekín.

Tan, muy respetado en Silicon Valley, ha invertido en empresas chinas de semiconductores, pero también ha demostrado sus múltiples talentos en Estados Unidos.

Como director de Cadence, una empresa de software informático, Tan rescató un negocio que se encontraba en una situación desesperada y triplicó sus ingresos hasta alcanzar casi 3.000 millones de dólares en 12 años. El precio de las acciones de la empresa creció más de un 3200 %. Ahora ha asumido una tarea tremendamente difícil: revivir Intel, una empresa que está perdiendo dinero y que en las últimas décadas ha sido desplazada por otras empresas de semiconductores, entre ellas Nvidia y TSMC de Taiwán.

Uno pensaría que un gobierno que defiende el lema “America First” (Estados Unidos primero) apreciaría el esfuerzo de Tan por hacer que una moribunda empresa estadounidense sea competitiva frente a un rival con sede en Taiwán. En cambio, el presidente pidió públicamente a la junta directiva de Intel que destituyera a Tan y, tras aumentar la presión, convenció a Tan para que cediera al gobierno federal una participación del 10 % en la empresa.

La lista continúa. Recientemente, la japonesa Nippon Steel compró U.S. Steel por 14.900 millones de dólares. ¿Cuál fue la condición para que el gobierno estadounidense diera su aprobación? Una “acción de oro” que otorgará a la Casa Blanca el poder de influir en las decisiones corporativas.

Ahora sabemos lo que eso implica: hace unos días, el presidente pidió a Goldman Sachs que despidiera a su economista jefe porque no le gustan los aranceles y considera que no serán buenos para la economía.

Los estudiantes de historia económica están familiarizados con la lucha mesiánica contra los monopolios del presidente Theodore Roosevelt y la economía planificada del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Hemos oído hablar de las acciones de oro que se concedieron a los gobiernos europeos en los años ochenta y noventa, cuando se privatizaron las grandes empresas estatales y los políticos, por razones de “estrategia nacional”, procuraron mantener el poder de veto sobre las decisiones de sus directores generales. Y estamos familiarizados con las repúblicas bananeras latinoamericanas.

Pero los esfuerzos del presidente Trump por hacer retroceder el reloj de la (semi) economía de mercado libre de Estados Unidos son algo completamente nuevo.

Muchos directores ejecutivos no tendrán más remedio que dedicar sus esfuerzos a adivinar, interpretar e intentar influir en lo que el presidente quiere, en lugar de trabajar en nombre de sus accionistas y clientes.

Traducido por Gabriel Gasave