Trump no debería recompensar al gulag venezolano

El New York Times informó recientemente que dos negociaciones separadas entre la administración Trump y la dictadura venezolana han fracasado. Estaban destinadas a garantizar la liberación de decenas de ciudadanos y residentes estadounidenses que se encuentran encarcelados. Si la información es cierta, el secretario de Estado Marco Rubio estaba procurando obtener su liberación a cambio de decenas de venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos en marzo y que se encuentran actualmente en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Mientras tanto, se informa que Richard Grenell, enviado del presidente Trump, quien ha representado al gobierno de Estados Unidos en negociaciones previas con el régimen de Nicolás Maduro, ha ofrecido una morigeración de las sanciones petroleras, en particular, permitir que Chevron vuelva a operar yacimientos petrolíferos en Venezuela, con el mismo objetivo de logar la liberalización de los estadounidenses.

Ya sea esto cierto o no, nos recuerda que cientos de presos políticos están siendo torturados en las cárceles de Venezuela. Según Foro Penal, una ONG muy respetada en la que organizaciones de derechos humanos de gran prestigio, como Human Rights Watch, suelen apoyarse, el Gobierno de Maduro mantiene recluidos a 932 presos políticos, entre ellos cuatro niños y más de 80 personas con doble nacionalidad. Sin embargo, la cifra se revisa constantemente y se calcula que más de 18.000 personas han sido encarceladas por motivos políticos en distintos momentos desde 2014.

La última oleada de detenciones masivas se produjo tras las fraudulentas elecciones presidenciales del pasado mes de julio, cuando la oposición demostró, con los recuentos oficiales de votos, que había derrotado rotundamente a Maduro, quien se ha negado a reconocer los resultados, y se produjeron grandes protestas en todo el país. El hombre que derrotó a Maduro, Edmundo González, se ha exiliado desde entonces, y su yerno, Rafael Tudares, quien no estuvo involucrado en la campaña, fue detenido. Es uno de los casi 1.000 venezolanos considerados presos políticos. La líder de la oposición María Corina Machado, la política más popular del país y a quien se inhabilitó para postularse contra Maduro, lleva un año escondida en Venezuela.

El gobierno detiene habitualmente a activistas, políticos, estudiantes y familiares de figuras de la oposición para aterrorizar a los disidentes, tanto existentes como potenciales. El régimen suele secuestrarlos en las calles, ocultar información sobre su paradero a sus familiares y a los medios de comunicación, y dejarlos pudrirse en prisión sin juicio ni imputación de cargos, o condenarlos sin la presencia de abogados, familiares u observadores independientes. Juan Carlos Guanipa, un político de 60 años que se encontraba oculto y es un estrecho colaborador de Machado, fue secuestrado por matones del gobierno el 23 de mayo en relación con las elecciones regionales y locales, acusado de terrorismo y lavado de dinero.

Decenas de políticos han corrido la misma suerte en el último año. Dignora Hernández y Henry Alviarez fueron detenidos el 20 de marzo y, al parecer, se encuentran recluidos en El Helicoide, la famosa sede del principal servicio de inteligencia. Tarek William Saab, fiscal general del régimen, afirmó que, según el testimonio de otro prisionero, estaban planeando acciones terroristas. Biagio Pilieri fue secuestrado por agentes gubernamentales enmascarados el pasado 28 de agosto. Es un periodista y activista político de origen italiano cuyo delito fue participar con Machado en la campaña presidencial de la oposición. Roland Carreño fue detenido el pasado 4 de agosto. Ya había estado en prisión por motivos políticos entre 2020 y 2023, y si está recibiendo un trato similar al que recibió entonces, está siendo torturado de manera sistemática.

La lucha contra la dictadura venezolana, que ya era difícil, se ha vuelto aún más grave debido a las guerras y los conflictos geopolíticos que dominan la atención mundial en estos días. Esto ha desviado la atención de la tragedia que se está produciendo bajo un régimen responsable del éxodo de más de ocho millones de personas en los últimos años. Es doblemente trágico que, aparte de las organizaciones de derechos humanos que los incluyen habitualmente en sus informes y de alguna que otra noticia, cientos de presos políticos sigan siendo anónimos fuera e incluso dentro de Venezuela. Sus familias se sienten impotentes para llamar la atención sobre sus casos.

Qué notable que, bajo estas condiciones tan terribles, esos hombres y mujeres heroicos se nieguen a ceder ante los esfuerzos implacables del régimen por obligarlos a volverse contra la oposición y convertirse en títeres del gobierno.

Traducido por Gabriel Gasave