Al hacer cumplir la ley de inmigración, ante todo no causar daño

Varias personas me han comentado recientemente que viajar a Estados Unidos se ha tornado en una “pesadilla”.

Una pareja canadiense que conocí de vacaciones me comentó que habían tenido una experiencia tan desagradable con un funcionario de inmigración estadounidense que nunca volverían a EE.UU. Mi hija, ciudadana estadounidense con estatus Global Entry en virtud del Programa de Viajeros de Confianza de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., regresó a Nueva York hace varios días y presenció cómo varios otros viajeros Global Entry eran derivados a una fila normal para ser interrogados, probablemente porque algunos de ellos podrían haber sido titulares de una tarjeta verde, una condición que actualmente es considerada sospechosa.

Por último, una amiga inglesa me contó que una de sus amigas, también británica, fue objeto de un trato amargamente humillante en un reciente viaje a Boston y ha jurado no volver jamás a Estados Unidos.

Uno sólo puede imaginar lo que ocurrirá el año que viene durante el torneo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México cuando los aficionados al fútbol de todo el mundo, que constituyen la raison d’etre del torneo, intenten ingresar a Estados Unidos para alentar a sus equipos. En lugar de darle la bienvenida a los visitantes y a sus dólares de turismo, el vicepresidente J.D. Vance echó leña al fuego advirtiéndo a los aficionados del Mundial que no excedan la duración de sus visas.

Aunque Estados Unidos es conocido como un país de inmigrantes, también posee una larga tradición xenófoba.

Esta corriente nativista procedía de aquellos cuyas familias llevaban varias generaciones en el país y de oleadas anteriores de inmigrantes.

Además de prohibir rotundamente la inmigración asiática, la Ley de Inmigración Johnson-Reed de 1924 estableció por primera vez cuotas nacionales, dirigidas principalmente contra los recién llegados del sur y el este de Europa.

Como esa ley no tuvo en cuenta a los inmigrantes procedentes de América Latina, una ley de inmigración que marcó un antes y un después en 1965 restringió la entrada de personas procedentes del hemisferio occidental, pero hizo excepciones para la reunificación familiar y las personas con un alto nivel educativo en el contexto de la carrera científica durante la Guerra Fría.

El mayor error de esa ley fue poner un límite general a la inmigración sin tener en cuenta el descenso de la natalidad en Estados Unidos, entonces en sus primeras fases. (Sería un mal presagio para el mercado laboral años más tarde).

La política actual, centrada en cerrar las puertas a los recién llegados y expulsar a millones de inmigrantes que ya se encuentran aquí, denota una total ignorancia de las consecuencias de tales políticas. Desde 2007, justo antes de la crisis financiera, el número de trabajadores estadounidenses nacidos en el país se ha incrementado en unos 7,2 millones, mientras que el número de trabajadores estadounidenses nacidos en el extranjero ha aumentado en unos 8,8 millones.

Varias industrias (tareas de limpieza, jardinería, agricultura, construcción, hotelería y servicio de alimentos, manufactura e incluso entretenimiento) emplean a inmigrantes en cantidades tan significativas que hasta el presidente Trump admitió recientemente que las industrias podrían verse paralizadas si se expulsa a los trabajadores.

Uno de los principales pretextos para deportar a los inmigrantes es que son delincuentes peligrosos. Según una carta enviada el año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos al representante Tony Gonzales, republicano de Texas, unos 435.000 inmigrantes con condenas penales se encontraban entonces en Estados Unidos y no estaban siendo detenidos por el ICE, un porcentaje minúsculo de los 20 millones de personas que la administración alega que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. También es un porcentaje minúsculo de la cifra de 15 millones que otros manejan.

Además, la lista de inmigrantes “delincuentes” abarca 40 años e incluye no sólo condenas por delitos graves, sino también infracciones de tránsito y delitos menores. Estamos hablando, por ende, de un porcentaje ínfimo de delincuentes realmente peligrosos (y “no detenidos por el ICE” para su deportación significa, en la mayoría de los casos, que los delincuentes más peligrosos probablemente ya estaban en prisión). Los inmigrantes indocumentados condenados por homicidio fueron aproximadamente 13.000 y, de nuevo, prácticamente todos ellos ya se encontraban encarcelados.

La campaña irracional de la administración contra los extranjeros ya ha conseguido que se desplome el número de detenciones en la frontera. Según la definición del gobierno, ya no están entrando violadores ni asesinos.

Entonces, ¿qué se gana exactamente con el trato abusivo de los que ya están en Estados Unidos, que en su inmensa mayoría son personas trabajadoras y respetuosas de la ley que ayudan a la economía estadounidense en un momento en que la mano de obra nativa está en declive? (¿Y qué decir del daño que se está causando al no permitir que los empresarios estadounidenses cubran las carencias de mano de obra con trabajadores técnicos y médicos necesarios provenientes del extranjero?)

Hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense es una cosa. Insultar y maltratar a los visitantes, a los residentes permanentes legales y al jardinero “indocumentado” que cuida el césped de tu vecino es otra muy distinta.

Traducido por Gabriel Gasave