Políticos, funcionarios gubernamentales y «expertos» académicos de costa a costa llevan años insistiendo en que la falta de vivienda es una «crisis nacional», como afirman el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Se trata de un diagnóstico erróneo, que desvía la responsabilidad de las ciudades que son las que deberían solucionar sus propios problemas.
Todos los casos de personas sin hogar son trágicos y complicados. No obstante, según los nuevos datos, el fenómeno de los sin techo sólo ha alcanzado las dimensiones de una crisis en un número limitado de zonas de todo el país, especialmente en California.
El informe “Evaluación anual de las personas sin hogar”, publicado recientemente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD, por su sigla en inglés) y enviado al Congreso en diciembre, revela que unas 582.500 personas se encuentran sin hogar en los Estados Unidos una noche cualquiera. Esto equivale aproximadamente al 0,17% de la población estadounidense.
Por regla general, el número de personas que entran y salen de la calle a lo largo de un año es de dos a cuatro veces superior al recuento «puntual». Incluso aplicando el multiplicador mayor de cuatro, el número de personas sin hogar durante un año sigue siendo inferior al 1% de la población. Estas cifras no indican una crisis nacional.
En 2022, el HUD dividió el país en 387 «continuos de atención» con fines informativos y de financiación, es decir, zonas dentro de las cuales los grupos coordinan los servicios para personas sin hogar. El 13% de los servicios de atención continuada contaban con menos de 200 personas sin hogar, el 43% con menos de 500, dos tercios con menos de 1.000 y el 84% con menos de 2.000. Estas cifras describen un problema manejable en la mayor parte del país y un problema más serio -incluso una crisis- en un número limitado de lugares específicos.
A nivel nacional, California es el estado con más personas sin hogar (171.521). Y, como era de esperar, siete de las 11 ciudades y suburbios con mayor número de personas sin hogar también se encuentran en California: Los Ángeles, San José, Oakland, Sacramento, San Diego, San Francisco y Anaheim. Las otras cuatro áreas metropolitanas son Nueva York, Seattle, Phoenix y Denver.
Todas estas ciudades, a excepción de Phoenix y, hasta hace poco, Anaheim (cuyo consejo municipal de siete miembros, tras las elecciones del año pasado, se encuentra integrado actualmente por cuatro demócratas, dos republicanos y un independiente), son confiablemente «progresistas» en estados confiablemente «azules», lo que significa que tienden a compartir puntos de vista y a adoptar políticas similares sobre los sin techo, que han dado lugar a concentraciones urbanas de miseria humana con nombres como La Jungla (San José y Seattle), La Zona (Phoenix), Skid Row (Los Ángeles) y el Tenderloin (San Francisco).
La clase política progresista considera que una oferta insuficiente de viviendas es la causa principal de los sin techo. En realidad, ese fenómeno es causado de manera abrumadora por el abuso de sustancias y las enfermedades mentales, que suelen ser el resultado de traumas personales no tratados.
El diagnóstico erróneo del problema ha hecho que las ciudades y los estados progresistas inviertan miles de millones de dólares (billones en inglés) de los contribuyentes en viviendas, en un intento por proporcionar alojamientos «asequibles» o «permanentes» a todas las personas sin hogar. Se trata de una tontería costosa, porque la gente entra y sale continuamente de su situación de calle, entra y sale de los programas gubernamentales, y entra y sale de las supuestas viviendas «permanentes», cuando las causas profundas quedan sin resolver. Algunos -demasiados- también morirán.
Muchas de estas ciudades han agravado sus problemas de las personas sin techo repartiendo imprudentemente ayudas en efectivo, subvencionando así eficazmente los comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, tras un mes de residencia en San Francisco, un recién llegado tiene derecho a recibir prestaciones de hasta 968 dólares al mes, que a menudo son utilizadas para alimentar el consumo de drogas y alcohol. Las ayudas en efectivo y la perspectiva de una vivienda permanente atraen a la gente a estas ciudades como imanes. Un tolerancia mal entendida de este estilo de vida agrava los problemas.
Los funcionarios públicos han sacrificado sin miramientos a ciertos barrios ante los problemas que acompañan a los sin techo. Parques, aceras, callejones y otros espacios públicos de esos vecindarios se han convertido en peligrosos «refugios de primer recurso», igualmente inseguros tanto para los residentes que cuentan con un techo como para los que carecen de uno. Es comprensible que la calidad de vida en esos barrios caiga en picada.
En contra de lo que afirman muchos políticos y defensores de los sin techo, la falta de vivienda no es una crisis nacional, sino una crisis limitada a un número relativamente reducido de ciudades, sobre todo en California, donde los progresistas se niegan a aceptar lo que sus ojos les dicen: que sus políticas han fracasado.
Pero esto puede ser enmendado.
Los funcionarios deben reconocer que los problemas de comportamiento son la principal causa de la existencia de personas sin hogar, y que las ayudas en efectivo subvencionan comportamientos autodestructivos. Los funcionarios también deben reconocer que los espacios públicos tienen fines públicos y que el hecho de proporcionar lugares para tiendas de campaña improvisadas no es uno de ellos. La aplicación de la ley debe ser coherente en toda la comunidad.
Tanto los residentes con vivienda como los que están en situación de calle deben por igual estar protegidos de la delincuencia. Y las personas no violentas sin hogar deben ser sacadas de las calles y llevadas a lugares seguros atendidos por profesionales capacitados que puedan proporcionarles, o dirigirlos a, el tratamiento individualizado, los servicios y la formación laboral que precisan.
Estos sencillos principios revertirían el fenómeno de los sin techo allí donde ahora crece. Todo lo demás es espectáculo político.
Traducido por Gabriel Gasave
El fantasma de la crisis nacional de los sin techo
Políticos, funcionarios gubernamentales y «expertos» académicos de costa a costa llevan años insistiendo en que la falta de vivienda es una «crisis nacional», como afirman el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Se trata de un diagnóstico erróneo, que desvía la responsabilidad de las ciudades que son las que deberían solucionar sus propios problemas.
Todos los casos de personas sin hogar son trágicos y complicados. No obstante, según los nuevos datos, el fenómeno de los sin techo sólo ha alcanzado las dimensiones de una crisis en un número limitado de zonas de todo el país, especialmente en California.
El informe “Evaluación anual de las personas sin hogar”, publicado recientemente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD, por su sigla en inglés) y enviado al Congreso en diciembre, revela que unas 582.500 personas se encuentran sin hogar en los Estados Unidos una noche cualquiera. Esto equivale aproximadamente al 0,17% de la población estadounidense.
Por regla general, el número de personas que entran y salen de la calle a lo largo de un año es de dos a cuatro veces superior al recuento «puntual». Incluso aplicando el multiplicador mayor de cuatro, el número de personas sin hogar durante un año sigue siendo inferior al 1% de la población. Estas cifras no indican una crisis nacional.
En 2022, el HUD dividió el país en 387 «continuos de atención» con fines informativos y de financiación, es decir, zonas dentro de las cuales los grupos coordinan los servicios para personas sin hogar. El 13% de los servicios de atención continuada contaban con menos de 200 personas sin hogar, el 43% con menos de 500, dos tercios con menos de 1.000 y el 84% con menos de 2.000. Estas cifras describen un problema manejable en la mayor parte del país y un problema más serio -incluso una crisis- en un número limitado de lugares específicos.
A nivel nacional, California es el estado con más personas sin hogar (171.521). Y, como era de esperar, siete de las 11 ciudades y suburbios con mayor número de personas sin hogar también se encuentran en California: Los Ángeles, San José, Oakland, Sacramento, San Diego, San Francisco y Anaheim. Las otras cuatro áreas metropolitanas son Nueva York, Seattle, Phoenix y Denver.
Todas estas ciudades, a excepción de Phoenix y, hasta hace poco, Anaheim (cuyo consejo municipal de siete miembros, tras las elecciones del año pasado, se encuentra integrado actualmente por cuatro demócratas, dos republicanos y un independiente), son confiablemente «progresistas» en estados confiablemente «azules», lo que significa que tienden a compartir puntos de vista y a adoptar políticas similares sobre los sin techo, que han dado lugar a concentraciones urbanas de miseria humana con nombres como La Jungla (San José y Seattle), La Zona (Phoenix), Skid Row (Los Ángeles) y el Tenderloin (San Francisco).
La clase política progresista considera que una oferta insuficiente de viviendas es la causa principal de los sin techo. En realidad, ese fenómeno es causado de manera abrumadora por el abuso de sustancias y las enfermedades mentales, que suelen ser el resultado de traumas personales no tratados.
El diagnóstico erróneo del problema ha hecho que las ciudades y los estados progresistas inviertan miles de millones de dólares (billones en inglés) de los contribuyentes en viviendas, en un intento por proporcionar alojamientos «asequibles» o «permanentes» a todas las personas sin hogar. Se trata de una tontería costosa, porque la gente entra y sale continuamente de su situación de calle, entra y sale de los programas gubernamentales, y entra y sale de las supuestas viviendas «permanentes», cuando las causas profundas quedan sin resolver. Algunos -demasiados- también morirán.
Muchas de estas ciudades han agravado sus problemas de las personas sin techo repartiendo imprudentemente ayudas en efectivo, subvencionando así eficazmente los comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, tras un mes de residencia en San Francisco, un recién llegado tiene derecho a recibir prestaciones de hasta 968 dólares al mes, que a menudo son utilizadas para alimentar el consumo de drogas y alcohol. Las ayudas en efectivo y la perspectiva de una vivienda permanente atraen a la gente a estas ciudades como imanes. Un tolerancia mal entendida de este estilo de vida agrava los problemas.
Los funcionarios públicos han sacrificado sin miramientos a ciertos barrios ante los problemas que acompañan a los sin techo. Parques, aceras, callejones y otros espacios públicos de esos vecindarios se han convertido en peligrosos «refugios de primer recurso», igualmente inseguros tanto para los residentes que cuentan con un techo como para los que carecen de uno. Es comprensible que la calidad de vida en esos barrios caiga en picada.
En contra de lo que afirman muchos políticos y defensores de los sin techo, la falta de vivienda no es una crisis nacional, sino una crisis limitada a un número relativamente reducido de ciudades, sobre todo en California, donde los progresistas se niegan a aceptar lo que sus ojos les dicen: que sus políticas han fracasado.
Pero esto puede ser enmendado.
Los funcionarios deben reconocer que los problemas de comportamiento son la principal causa de la existencia de personas sin hogar, y que las ayudas en efectivo subvencionan comportamientos autodestructivos. Los funcionarios también deben reconocer que los espacios públicos tienen fines públicos y que el hecho de proporcionar lugares para tiendas de campaña improvisadas no es uno de ellos. La aplicación de la ley debe ser coherente en toda la comunidad.
Tanto los residentes con vivienda como los que están en situación de calle deben por igual estar protegidos de la delincuencia. Y las personas no violentas sin hogar deben ser sacadas de las calles y llevadas a lugares seguros atendidos por profesionales capacitados que puedan proporcionarles, o dirigirlos a, el tratamiento individualizado, los servicios y la formación laboral que precisan.
Estos sencillos principios revertirían el fenómeno de los sin techo allí donde ahora crece. Todo lo demás es espectáculo político.
Traducido por Gabriel Gasave
EconomíaVivienda y personas sin hogar
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