El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en uno de sus últimos actos oficiales antes de dejar el cargo, tuvo recientemente unas enérgicas palabras para con el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro: No toque a Colombia.
Hablando en Miami en un foro internacional sobre la democracia en las Américas, Moreno debería haber incluido también al Perú, porque los dos países se han convertido en los principales objetivos de los autócratas socialistas de la región.
En mi Perú natal, el actual favorito para la presidencia en la segunda vuelta electoral del 6 de junio es Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, un partido marxista-leninista. Maestro de escuela y activista sindical, Castillo dirigió una facción escindida del sindicato de docentes que opera como fachada de la notoria organización revolucionaria Sendero Luminoso. El jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es un corrupto exgobernador y aliado de Venezuela y Cuba, que promovió la candidatura de Castillo porque él mismo no podía postularse debido a su condena penal.
Si Castillo gana el próximo mes, se espera que él y Cerrón sigan el plan de juego que permitió al expresidente Hugo Chávez convertir a Venezuela en una dictadura: sustituir al Congreso elegido por una denominada Asamblea Constituyente, reescribir la Constitución para concentrar virtualmente todo el poder político en la presidencia, socavar la independencia del poder judicial y establecer una economía socialista.
Perú, por desgracia, está listo para una radical toma del poder.
Las reformas económicas que ayudaron a reducir la pobreza (a un todavía miserable 21%) se han estancado, la corrupción gubernamental es rampante y la respuesta del país a la pandemia ha sido catastrófica, todo lo cual ha llevado a millones de peruanos desafectos a poner su fe en el caballo de Troya del socialismo autoritario de Castillo.
La candidata rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, es la hija del encarcelado ex hombre fuerte, Alberto Fujimori, y tiene una reputación ética menos que estelar. Muchos de sus críticos y adversarios, incluido un servidor, la apoyan por su férreo compromiso de preservar el Estado de Derecho y ampliar las oportunidades económicas mediante una economía de mercado. Ella es todo lo que se interpone en el camino de la captura de nuestro país por parte de Venezuela y Cuba.
En Colombia, mientras tanto, el presidente Iván Duque está enfrentando una casi insurrección, urdida por Diosdado Cabello, uno de los principales secuaces del presidente venezolano Maduro, que ha pronosticado públicamente la guerra "en suelo colombiano".
Ante los graves problemas económicos, agravados por la pandemia, Duque propuso una serie de reformas fiscales normalmente asociadas a la izquierda, como aumentar los impuestos a los ricos y elevar los gravámenes a los combustibles contaminantes. Pero también extendió el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a determinados servicios públicos y redujo el umbral de ingresos a partir del cual se comienza a tributar.
Lo que comenzó a finales de abril como protestas pacíficas contra las propuestas de subidas de impuestos a la clase media se convirtió rápidamente en destrucción y derramamiento de sangre, que no da señales de ceder, aunque Duque haya retirado las problemáticas propuestas fiscales.
Los sospechosos habituales están detrás del caos: una facción disidente de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-la organización terrorista Ejército del Pueblo, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo armado, narcotraficantes y apoderados de Maduro, que se infiltraron en Colombia con unos 2 millones de venezolanos que han emigrado allí en los últimos años.
El objetivo era provocar una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, algo fácil de conseguir en un país con un historial de violencia. Tras una serie de brutales abusos policiales -sobre todo en Cali, donde hubo varios muertos-, Duque fue acusado de convertirse en otro Augusto Pinochet, el ex dictador militar de Chile, a pesar de que había retirado la propuesta de aumento de impuestos a la clase media días después de que comenzaran las protestas y había ordenado a las autoridades civiles que investigaran las denuncias de mala conducta policial.
Venezuela, Cuba y sus aliados en Nicaragua, Argentina y Bolivia ven la inestabilidad en el Perú y la agitación en Colombia como oportunidades para extender el alcance del socialismo radical en el hemisferio occidental.
Con la pobreza y la corrupción endémicas, la reforma política rara e ineficaz y la pandemia de COVID-19 empeorando las cosas, hay abundante descontento popular que los totalitarios pueden explotar. Esperemos que fracasen.
Traducido por Gabriel Gasave
El original en inglés puede verse aquí.
Venezuela apunta a Colombia y Perú
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en uno de sus últimos actos oficiales antes de dejar el cargo, tuvo recientemente unas enérgicas palabras para con el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro: No toque a Colombia.
Hablando en Miami en un foro internacional sobre la democracia en las Américas, Moreno debería haber incluido también al Perú, porque los dos países se han convertido en los principales objetivos de los autócratas socialistas de la región.
En mi Perú natal, el actual favorito para la presidencia en la segunda vuelta electoral del 6 de junio es Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, un partido marxista-leninista. Maestro de escuela y activista sindical, Castillo dirigió una facción escindida del sindicato de docentes que opera como fachada de la notoria organización revolucionaria Sendero Luminoso. El jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es un corrupto exgobernador y aliado de Venezuela y Cuba, que promovió la candidatura de Castillo porque él mismo no podía postularse debido a su condena penal.
Si Castillo gana el próximo mes, se espera que él y Cerrón sigan el plan de juego que permitió al expresidente Hugo Chávez convertir a Venezuela en una dictadura: sustituir al Congreso elegido por una denominada Asamblea Constituyente, reescribir la Constitución para concentrar virtualmente todo el poder político en la presidencia, socavar la independencia del poder judicial y establecer una economía socialista.
Perú, por desgracia, está listo para una radical toma del poder.
Las reformas económicas que ayudaron a reducir la pobreza (a un todavía miserable 21%) se han estancado, la corrupción gubernamental es rampante y la respuesta del país a la pandemia ha sido catastrófica, todo lo cual ha llevado a millones de peruanos desafectos a poner su fe en el caballo de Troya del socialismo autoritario de Castillo.
La candidata rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, es la hija del encarcelado ex hombre fuerte, Alberto Fujimori, y tiene una reputación ética menos que estelar. Muchos de sus críticos y adversarios, incluido un servidor, la apoyan por su férreo compromiso de preservar el Estado de Derecho y ampliar las oportunidades económicas mediante una economía de mercado. Ella es todo lo que se interpone en el camino de la captura de nuestro país por parte de Venezuela y Cuba.
En Colombia, mientras tanto, el presidente Iván Duque está enfrentando una casi insurrección, urdida por Diosdado Cabello, uno de los principales secuaces del presidente venezolano Maduro, que ha pronosticado públicamente la guerra "en suelo colombiano".
Ante los graves problemas económicos, agravados por la pandemia, Duque propuso una serie de reformas fiscales normalmente asociadas a la izquierda, como aumentar los impuestos a los ricos y elevar los gravámenes a los combustibles contaminantes. Pero también extendió el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a determinados servicios públicos y redujo el umbral de ingresos a partir del cual se comienza a tributar.
Lo que comenzó a finales de abril como protestas pacíficas contra las propuestas de subidas de impuestos a la clase media se convirtió rápidamente en destrucción y derramamiento de sangre, que no da señales de ceder, aunque Duque haya retirado las problemáticas propuestas fiscales.
Los sospechosos habituales están detrás del caos: una facción disidente de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-la organización terrorista Ejército del Pueblo, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo armado, narcotraficantes y apoderados de Maduro, que se infiltraron en Colombia con unos 2 millones de venezolanos que han emigrado allí en los últimos años.
El objetivo era provocar una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, algo fácil de conseguir en un país con un historial de violencia. Tras una serie de brutales abusos policiales -sobre todo en Cali, donde hubo varios muertos-, Duque fue acusado de convertirse en otro Augusto Pinochet, el ex dictador militar de Chile, a pesar de que había retirado la propuesta de aumento de impuestos a la clase media días después de que comenzaran las protestas y había ordenado a las autoridades civiles que investigaran las denuncias de mala conducta policial.
Venezuela, Cuba y sus aliados en Nicaragua, Argentina y Bolivia ven la inestabilidad en el Perú y la agitación en Colombia como oportunidades para extender el alcance del socialismo radical en el hemisferio occidental.
Con la pobreza y la corrupción endémicas, la reforma política rara e ineficaz y la pandemia de COVID-19 empeorando las cosas, hay abundante descontento popular que los totalitarios pueden explotar. Esperemos que fracasen.
Traducido por Gabriel Gasave
El original en inglés puede verse aquí.
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