Documentos hallados en los archivos de los servicios de inteligencia de Muammar Gadafi en Libia, que indicaban que el ahora depuesto dictador cooperó estrechamente con la entrega por parte de los EE.UU. de sospechosos de ser terroristas a sus cámaras de tortura, debería generar interrogantes sobre cuánto ha mejorado el presidente Barack Obama las libertades civiles respecto de los viejos y malos días de George W. Bush. Respuesta: no mucho.
La primera promesa de Obama en el cargo fue la de cerrar la infame y contaminada por la tortura prisión militar estadounidense en Guantánamo en un año, lo cual falló en hacer de manera abismal. Es cierto que el Congreso republicano ha bloqueado el traslado de presos desde las instalaciones en alta mar a los tribunales civiles en el territorio continental, pero Obama, a pesar de su prominente promesa, ha fallado en hacer del asunto una alta prioridad. La razón principal por la que no lo ha hecho es que los políticos de todos los colores leen los sondeos de opinión que indican que el pueblo estadounidense preferiría estar seguro antes que ser libre. Los políticos no deberían sorprenderse por este resultado, ya que son ellos los que han asustado a los estadounidenses hasta hacerlos preferir la “seguridad” a expensas de las libertades civiles.
Por lo cual, los “higienizados”, pero aún irregulares, tribunales militares seguirán constituyéndose en Guantánamo para los sospechados de terrorismo. Y ellos son prisioneros afortunados; otros serán mantenidos tras las rejas sin juicio u otros derechos indefinidamente en la perpetua “guerra contra el terror” (independientemente de si Obama la llama así o no)—una violación de la doctrina constitucionalmente garantizada del habeas corpus.
Además, si bien Obama terminó de manera dramática con la tortura de los prisioneros detenidos por los EE.UU., dejó un resquicio legal para la entrega de estos prisioneros a países extranjeros bajo circunstancias especiales. Dado que Obama ha sido renuente a investigar las horrendas torturas y abusos cometidos durante la administración Bush, un escéptico podría preguntarse si teme que se efectúen futuras investigaciones similares a su administración por la tortura en el extranjero bajo la laguna legal de la entrega de prisioneros.
Aunque los asesinatos cometidos por la CIA siguen prohibidos por una orden ejecutiva, ésta ha permitido que los militares estadounidenses se engullan la falta de influencia de la agencia de inteligencia. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las fuerzas armadas puede llevar a cabo asesinatos selectivos de incluso ciudadanos de los EE.UU. en base a la mera sospecha de que podrían estar involucrados en actos de terrorismo. Esto es una facultad aún más amplia que la otorgada al gobierno para espiar a los ciudadanos estadounidenses, la cual ha sido bastante expandida por el Congreso después del 11 de septiembre de 2001. En términos más generales, los inconstitucionales escudriñamientos sin autorización realizados por el gobierno se han ampliado.
Y recientemente un residente de los EE.UU. fue acusado empleando la ahora mucho más ampliamente utilizada y abusada figura del “suministro de material de apoyo a un grupo terrorista”. Su supuesto crimen: realizar un vídeo publicitando a la agrupación paquistaní Lashkar- -e-Taiba y exhibir fotos de una detenido en la prisión Abu Ghraib en Irak y de un prisionero desnudo de los EE.UU. en una posición defensiva ante los soldados estadounidenses. A pesar de que Lashkar-e-Taiba integra la lista estadounidense de organizaciones terroristas, al igual que muchos de los grupos en la nómina, no centra sus ataques en los Estados Unidos.
Por último, las agencias estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley han hecho mal uso de la disposición sobre la detención de “testigos materiales” al convertirla en un régimen de detención preventiva, que el Congreso ha rechazado. La ley fue sancionada para evitar la fuga de testigos clave antes de un juicio, pero en la guerra contra el terrorismo se ha transformado en una forma de detener a presuntos terroristas de quienes las autoridades tienen pruebas insuficientes para acusarlo de un crimen.
Pero, ¿todas estas medidas no nos han hecho más seguros frente al terrorismo? Después de todo, muchos señalan que no hemos tenido otro ataque terrorista catastrófico desde el 11 de septiembre. Sin embargo, el terrorismo era muy raro en América del Norte antes del 11/09. América del Norte, de todos los continentes del mundo, debido a su estabilidad política, regularmente tuvo la menor cantidad de ataques. Así que decir que hemos vuelto a la normalidad después de un anormalmente afortunado (para los terroristas, no para las víctimas) y astuto ataque no dice nada acerca de la efectividad del mencionado robo gubernamental de la libertad.
De hecho, incluso después del 11/09, la probabilidad calculada de que un estadounidense sea asesinado por un terrorista internacional es muy remota—una en 80.000 (aunque esto pueda ser alto). Por lo tanto, tal vez los ciudadanos deberían estar más asustados de la certeza de las medidas innecesariamente draconianas de su gobierno para “evitar” cualquier tipo de ataques. Y si los estadounidenses desean mejorar esas probabilidades, en lugar de tener miedo hasta permitirle a los políticos quitarles sus libertades, deberían presionarlos para que eliminen la fuente de la furia anti-estadounidense de los terroristas: la constante intromisión e intervenciones militares en tierras islámicas. Algunas intervenciones de los EE.UU. pueden incluso ser populares en un país musulmán en particular, como Libia, pero las encuestas indican que la política exterior estadounidense es aún menos popular en los países islámicos de lo que era al final de la administración Bush—sigue proporcionando una rica incubadora para el terrorismo anti-estadounidense. Por lo tanto, la guerra contra el terrorismo de Obama, expandida desde incluso los agresivos esfuerzos de Bush, puede a la larga ser tan contraproducente para la República como la usurpación de Bush de las libertades civiles.
Traducido por Gabriel Gasave
Comparando a Obama y Bush en lo atinente a las libertades civiles y la guerra
Documentos hallados en los archivos de los servicios de inteligencia de Muammar Gadafi en Libia, que indicaban que el ahora depuesto dictador cooperó estrechamente con la entrega por parte de los EE.UU. de sospechosos de ser terroristas a sus cámaras de tortura, debería generar interrogantes sobre cuánto ha mejorado el presidente Barack Obama las libertades civiles respecto de los viejos y malos días de George W. Bush. Respuesta: no mucho.
La primera promesa de Obama en el cargo fue la de cerrar la infame y contaminada por la tortura prisión militar estadounidense en Guantánamo en un año, lo cual falló en hacer de manera abismal. Es cierto que el Congreso republicano ha bloqueado el traslado de presos desde las instalaciones en alta mar a los tribunales civiles en el territorio continental, pero Obama, a pesar de su prominente promesa, ha fallado en hacer del asunto una alta prioridad. La razón principal por la que no lo ha hecho es que los políticos de todos los colores leen los sondeos de opinión que indican que el pueblo estadounidense preferiría estar seguro antes que ser libre. Los políticos no deberían sorprenderse por este resultado, ya que son ellos los que han asustado a los estadounidenses hasta hacerlos preferir la “seguridad” a expensas de las libertades civiles.
Por lo cual, los “higienizados”, pero aún irregulares, tribunales militares seguirán constituyéndose en Guantánamo para los sospechados de terrorismo. Y ellos son prisioneros afortunados; otros serán mantenidos tras las rejas sin juicio u otros derechos indefinidamente en la perpetua “guerra contra el terror” (independientemente de si Obama la llama así o no)—una violación de la doctrina constitucionalmente garantizada del habeas corpus.
Además, si bien Obama terminó de manera dramática con la tortura de los prisioneros detenidos por los EE.UU., dejó un resquicio legal para la entrega de estos prisioneros a países extranjeros bajo circunstancias especiales. Dado que Obama ha sido renuente a investigar las horrendas torturas y abusos cometidos durante la administración Bush, un escéptico podría preguntarse si teme que se efectúen futuras investigaciones similares a su administración por la tortura en el extranjero bajo la laguna legal de la entrega de prisioneros.
Aunque los asesinatos cometidos por la CIA siguen prohibidos por una orden ejecutiva, ésta ha permitido que los militares estadounidenses se engullan la falta de influencia de la agencia de inteligencia. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las fuerzas armadas puede llevar a cabo asesinatos selectivos de incluso ciudadanos de los EE.UU. en base a la mera sospecha de que podrían estar involucrados en actos de terrorismo. Esto es una facultad aún más amplia que la otorgada al gobierno para espiar a los ciudadanos estadounidenses, la cual ha sido bastante expandida por el Congreso después del 11 de septiembre de 2001. En términos más generales, los inconstitucionales escudriñamientos sin autorización realizados por el gobierno se han ampliado.
Y recientemente un residente de los EE.UU. fue acusado empleando la ahora mucho más ampliamente utilizada y abusada figura del “suministro de material de apoyo a un grupo terrorista”. Su supuesto crimen: realizar un vídeo publicitando a la agrupación paquistaní Lashkar- -e-Taiba y exhibir fotos de una detenido en la prisión Abu Ghraib en Irak y de un prisionero desnudo de los EE.UU. en una posición defensiva ante los soldados estadounidenses. A pesar de que Lashkar-e-Taiba integra la lista estadounidense de organizaciones terroristas, al igual que muchos de los grupos en la nómina, no centra sus ataques en los Estados Unidos.
Por último, las agencias estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley han hecho mal uso de la disposición sobre la detención de “testigos materiales” al convertirla en un régimen de detención preventiva, que el Congreso ha rechazado. La ley fue sancionada para evitar la fuga de testigos clave antes de un juicio, pero en la guerra contra el terrorismo se ha transformado en una forma de detener a presuntos terroristas de quienes las autoridades tienen pruebas insuficientes para acusarlo de un crimen.
Pero, ¿todas estas medidas no nos han hecho más seguros frente al terrorismo? Después de todo, muchos señalan que no hemos tenido otro ataque terrorista catastrófico desde el 11 de septiembre. Sin embargo, el terrorismo era muy raro en América del Norte antes del 11/09. América del Norte, de todos los continentes del mundo, debido a su estabilidad política, regularmente tuvo la menor cantidad de ataques. Así que decir que hemos vuelto a la normalidad después de un anormalmente afortunado (para los terroristas, no para las víctimas) y astuto ataque no dice nada acerca de la efectividad del mencionado robo gubernamental de la libertad.
De hecho, incluso después del 11/09, la probabilidad calculada de que un estadounidense sea asesinado por un terrorista internacional es muy remota—una en 80.000 (aunque esto pueda ser alto). Por lo tanto, tal vez los ciudadanos deberían estar más asustados de la certeza de las medidas innecesariamente draconianas de su gobierno para “evitar” cualquier tipo de ataques. Y si los estadounidenses desean mejorar esas probabilidades, en lugar de tener miedo hasta permitirle a los políticos quitarles sus libertades, deberían presionarlos para que eliminen la fuente de la furia anti-estadounidense de los terroristas: la constante intromisión e intervenciones militares en tierras islámicas. Algunas intervenciones de los EE.UU. pueden incluso ser populares en un país musulmán en particular, como Libia, pero las encuestas indican que la política exterior estadounidense es aún menos popular en los países islámicos de lo que era al final de la administración Bush—sigue proporcionando una rica incubadora para el terrorismo anti-estadounidense. Por lo tanto, la guerra contra el terrorismo de Obama, expandida desde incluso los agresivos esfuerzos de Bush, puede a la larga ser tan contraproducente para la República como la usurpación de Bush de las libertades civiles.
Traducido por Gabriel Gasave
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