Los juicios civiles para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre no son suficiente

La decisión de la administración Obama de juzgar a Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado autor intelectual de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y a otros cuatro presuntos conspiradores en un tribunal civil es un loable retorno al Estado de Derecho después de las comisiones militares irregulares de la administración Bush, que sesionaban fuera del país en Guantánamo para evitar conceder a los acusados todos los derechos y garantías legales de conformidad con el derecho nacional o internacional. Pero no es suficiente.

Los comentaristas conservadores criticaron duramente la medida por considerar que les daba un respiro a los atroces terroristas o, en palabras del senador John Cornyn (republicano de Texas), que trataba a los atacantes del 11/09 como “delincuentes comunes”. Incluso los izquierdistas de la cadena televisiva MSNBC no parecen entender cuál es la mayor significación de la movida de Obama, sosteniendo que ella restaurará el prestigio de los EE.UU. alrededor del mundo.

Los comentarios del senador Cornyn indican que los conservadores, en su premura por llevar adelante su propia cruzada contra una religión no cristiana, preferirían aceptar la idea distorsionada que de ellos tienen los terroristas como los santos guerreros que los tratan como lo que son: cobardes asesinos comunes. Los de izquierdas preferirían que hubiese otros países como los Estados Unidos que se ocupasen de la restauración de las garantías constitucionales.

La Quinta Enmienda a la Constitución establece que “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público;. . .”. La Sexta Enmienda garantiza al acusado, en toda causa criminal, un juicio público en el estado o distrito en el que se cometió el delito, lo que incluye la obtención de un listado de las acusaciones específicas, ser careado con los testigos que depongan en su contra y que se obligue a comparecer a los testigos que lo favorezcan, y tener el derecho de contar con la ayuda de un abogado defensor.

La excepción de la Quinta Enmienda incluye un sistema alternativo de justicia solamente para el personal militar de los EE.UU. durante la guerra, no para los «combatientes enemigos ilegales». Así, a pesar de precedentes anteriores en la historia de los EE.UU., incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los tribunales militares para los enemigos son inconstitucionales, sobre todo cuando violan muchos de los requisitos de la Sexta Enmienda.

De esta manera, el principal beneficio de la medida de Obama es la restauración parcial de un sistema de justicia constitucional tras años de abuso de la administración Bush. Sin embargo, al menos a otros cinco prisioneros de Guantánamo, y probablemente a muchos más, se les negará un juicio civil. Estos cinco se encuentran detenidos por un ataque contra el USS Cole, un buque de guerra estadounidense, en 2000. Aparentemente, el hecho de atentar contra un objetivo militar implica un juicio en un tribunal militar. Aunque Obama ha mejorado las salvaguardias en esos tribunales, la realidad de que algunos terroristas obtienen una mejor justicia que otros—evidentemente cuanto mayor sea el número de personas que usted mata, más justicia recibe—huele a una suerte de foro-shopping de enjuiciamiento a fin de de obtener condenas.

Los funcionarios de la administración admiten incluso admitir que la gran mayoría de los prisioneros de Guantánamo permanecerá detenida indefinidamente sin ningún tipo de juicio. Aún más horrible, personas reconocidas inocentes estarán detenidas hasta que un país extranjero los acepte, porque las administraciones estadounidenses han sido políticamente temerosas de admitir que perjudicaron terriblemente a estas personas y a dejarlos en libertad en los Estados Unidos.

Socavando incluso a los juicios civiles se encuentra la inverosimilitud de que alguno de los acusados por los sucesos del 11/09/01 sean liberados incluso si resultasen absueltos. El Fiscal General de los EE.UU. Eric Holder se negó a afirmar si esto era posible. En cualquier juicio normal, es un hecho. Detener a un prisionero de alto perfil incluso después de ser exonerado podría subvertir aún más la imparcialidad percibida del sistema de justicia de los EE.UU.. Las autocracias celebran juicios como si fuesen espectáculos, una república no.

Pero si estos acusados son tratados como cualquier otro similarmente acusado de asesino, el hecho de llevarlos ante la justicia en un tribunal civil está a un paso del abismo.

Traducido por Gabriel Gasave