Más de 39.000 personas murieron y 1,8 millones resultaron lesionadas en accidentes de tránsito el año pasado. El costo económico de estos choques fue aproximadamente de $140 mil millones. Un número sustancial de choques involucró a conductores—y vehículos—que no deberían haber estado en el camino.
Muchas soluciones para esta matanza han sido ofrecidas a través de los años. Una solución obvia ha sido evitada. Asignar la responsabilidad por las inspecciones de la seguridad vehicular y el otorgamiento de las licencias de conducir a una institución que sea la que más se beneficie con el mantenimiento de los malos conductores y los automóviles que no sean seguros fuera de las carreteras: la industria del seguro. Si realmente creemos que solamente los conductores capaces y responsables y los automóviles seguros deberían transitar por los caminos, entonces es tiempo de probar un nuevo enfoque.
Los empleados de la división de vehículos motores del estado (cualquier estado), buenas personas todos ellos, otorgarán virtualmente a cualquiera con dos formularios de identificación una licencia de conducir hasta tanto no se encuentren seriamente imposibilitados en su visión y sean capaces de aprobar un examen de opciones múltiples y una prueba de manejo de mínimas habilidades. Su responsabilidad termina allí; carecen de interés respecto de lo que acontece después de que esos conductores empiezan a manejar. Las aseguradoras de automotores, por el contrario, solamente se preocupan por lo que sucede cuando esos conductores se ponen detrás del volante.
Sí las aseguradoras de autos tuviesen la tarea de otorgar las licencias de manejo y registrar los vehículos—un rol, incidentalmente, que las aseguradoras poseen en la industria marítima—se verían obligadas a adoptar lo que denomino el modelo “Disneylandia”. En Disneylandia, los clientes están cubiertos por un seguro de responsabilidad de la empresa. En consecuencia, a fin de reducir el riesgo la administración restringe quién puede utilizar qué instalaciones y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, a efectos de subirse a la montaña rusa California Screamin’, usted debe al menos tener 1,20 metros de altura y no estar embarazada, no tener una presión arterial elevada ni sufrir problemas del corazón, la espalada o el cuello.
Dado que la empresa es considerada estrictamente responsable por cualquier lesión sufrida por quienes ingresan al parque, la administración realiza todos los esfuerzos tendientes a hacer cumplir las normas de seguridad del parque.
El otorgamiento de licencias y la registración privada funcionaría de la misma manera. En virtud de que estarían asegurando a los conductores y automóviles a los que les conceden licencias, las compañías de seguros serían vigorosas en sus exámenes y exigencias de seguridad de los vehículos, permitiendo que solamente los individuos calificados se aventuren a circular por los caminos. Serían más proclives a descubrir a los no calificados para conducir, aquellos cuyas habilidades de manejo se hayan tornado comprometidas con la edad o el abuso habitual de sustancias y aquellos que hayan sido multados en más de una ocasión por manejar de manera imprudente o agresiva. Tales individuos de alto riesgo son en la actualidad demasiado descuidados en la mayoría de los estados.
Las aseguradoras serían también más proclives a desarrollar métodos para permitir a dichos conductores volver a manejar cuando cumplan criterios específicos. Por ejemplo, las aseguradoras podrían volver a conceder una licencia y asegurar a quienes condujeron en estado de embriaguez y ahora están curados, solamente sí utilizan vehículos equipados con dispositivos que desactiven el arranque cuando es detectado alcohol en la cabina de conducción.
El modelo “Disneylandia” reduciría también el número de quienes conducen por los caminos sin seguro o sub-asegurados, al reducir la ambigüedad respecto de quién será responsable por los daños.
Hoy día, un 14% estimado de todos los automovilistas operan vehículos sin seguro. Un número aún mayor de vehículos está groseramente sub-asegurado. La mayor parte de los 44 estados que exigen un seguro de responsabilidad automotor (Alabama, Mississippi, New Hampshire, Tennessee, Virginia y Wisconsin no lo requieren) permiten coberturas mínimas absurdamente bajas—en Arizona, donde vivo, el mínimo es $15.000/$30.000/$10.000. Esto significa que una aseguradora cubrirá las lesiones corporales solamente hasta $15.000 por una sola víctima, $30.000 por múltiples victimas y $10.000 por daño a la propiedad del vehículo. Considerando que el 85% de los choques involucra a múltiples vehículos, y que una sola fatalidad cuesta un estimado de $1 millón o más, esto resulta deplorablemente inadecuado.
Bajo el actual sistema, las compañías privadas de seguros tienen pocos incentivos para impedir que la gente adquiera niveles inadecuados de seguro, dado que los daños causados por conductores sub-asegurados se encuentran topeados, y los daños ocasionados por los conductores sin seguro son afrontados ya sea por el conductor no asegurado o por la víctima. Bajo un sistema privado de otorgamiento de licencias y registros y un sistema de seguro, las aseguradoras se cerciorarán de que todos los vehículos posean una cobertura adecuada.
Los accidentes en las autopistas siguen siendo la principal causa de muerte para el grupo etario que va de los cuatro a los 34 años, ubicándose por encima de cualquier otra cosa, desde el cáncer y el HIV al envenenamiento, el ahogo y el suicidio. Podemos y debemos hacerlo mejor.
Ahora mismo dependemos de la “dedicación al deber” de los empleados y contratistas del gobierno como la motivación principal para el otorgamiento de licencias solamente a los conductores calificados, el registro de solamente los vehículos seguros y que funcionan correctamente y la aplicación de las leyes sobre el seguro automotor obligatorio. Ellos sin duda están dedicados a su trabajo—pero el resultado es un sistema en el cual el incentivo primario es cumplir con el procedimiento y las reglas, no la reducción del riesgo innecesario.
El “afán de lucro” del mercado introduciría un conjunto de incentivos distinto y mejor. ¿Por qué no probarlo?
Traducido por Gabriel Gasave
En el camino
Más de 39.000 personas murieron y 1,8 millones resultaron lesionadas en accidentes de tránsito el año pasado. El costo económico de estos choques fue aproximadamente de $140 mil millones. Un número sustancial de choques involucró a conductores—y vehículos—que no deberían haber estado en el camino.
Muchas soluciones para esta matanza han sido ofrecidas a través de los años. Una solución obvia ha sido evitada. Asignar la responsabilidad por las inspecciones de la seguridad vehicular y el otorgamiento de las licencias de conducir a una institución que sea la que más se beneficie con el mantenimiento de los malos conductores y los automóviles que no sean seguros fuera de las carreteras: la industria del seguro. Si realmente creemos que solamente los conductores capaces y responsables y los automóviles seguros deberían transitar por los caminos, entonces es tiempo de probar un nuevo enfoque.
Los empleados de la división de vehículos motores del estado (cualquier estado), buenas personas todos ellos, otorgarán virtualmente a cualquiera con dos formularios de identificación una licencia de conducir hasta tanto no se encuentren seriamente imposibilitados en su visión y sean capaces de aprobar un examen de opciones múltiples y una prueba de manejo de mínimas habilidades. Su responsabilidad termina allí; carecen de interés respecto de lo que acontece después de que esos conductores empiezan a manejar. Las aseguradoras de automotores, por el contrario, solamente se preocupan por lo que sucede cuando esos conductores se ponen detrás del volante.
Sí las aseguradoras de autos tuviesen la tarea de otorgar las licencias de manejo y registrar los vehículos—un rol, incidentalmente, que las aseguradoras poseen en la industria marítima—se verían obligadas a adoptar lo que denomino el modelo “Disneylandia”. En Disneylandia, los clientes están cubiertos por un seguro de responsabilidad de la empresa. En consecuencia, a fin de reducir el riesgo la administración restringe quién puede utilizar qué instalaciones y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, a efectos de subirse a la montaña rusa California Screamin’, usted debe al menos tener 1,20 metros de altura y no estar embarazada, no tener una presión arterial elevada ni sufrir problemas del corazón, la espalada o el cuello.
Dado que la empresa es considerada estrictamente responsable por cualquier lesión sufrida por quienes ingresan al parque, la administración realiza todos los esfuerzos tendientes a hacer cumplir las normas de seguridad del parque.
El otorgamiento de licencias y la registración privada funcionaría de la misma manera. En virtud de que estarían asegurando a los conductores y automóviles a los que les conceden licencias, las compañías de seguros serían vigorosas en sus exámenes y exigencias de seguridad de los vehículos, permitiendo que solamente los individuos calificados se aventuren a circular por los caminos. Serían más proclives a descubrir a los no calificados para conducir, aquellos cuyas habilidades de manejo se hayan tornado comprometidas con la edad o el abuso habitual de sustancias y aquellos que hayan sido multados en más de una ocasión por manejar de manera imprudente o agresiva. Tales individuos de alto riesgo son en la actualidad demasiado descuidados en la mayoría de los estados.
Las aseguradoras serían también más proclives a desarrollar métodos para permitir a dichos conductores volver a manejar cuando cumplan criterios específicos. Por ejemplo, las aseguradoras podrían volver a conceder una licencia y asegurar a quienes condujeron en estado de embriaguez y ahora están curados, solamente sí utilizan vehículos equipados con dispositivos que desactiven el arranque cuando es detectado alcohol en la cabina de conducción.
El modelo “Disneylandia” reduciría también el número de quienes conducen por los caminos sin seguro o sub-asegurados, al reducir la ambigüedad respecto de quién será responsable por los daños.
Hoy día, un 14% estimado de todos los automovilistas operan vehículos sin seguro. Un número aún mayor de vehículos está groseramente sub-asegurado. La mayor parte de los 44 estados que exigen un seguro de responsabilidad automotor (Alabama, Mississippi, New Hampshire, Tennessee, Virginia y Wisconsin no lo requieren) permiten coberturas mínimas absurdamente bajas—en Arizona, donde vivo, el mínimo es $15.000/$30.000/$10.000. Esto significa que una aseguradora cubrirá las lesiones corporales solamente hasta $15.000 por una sola víctima, $30.000 por múltiples victimas y $10.000 por daño a la propiedad del vehículo. Considerando que el 85% de los choques involucra a múltiples vehículos, y que una sola fatalidad cuesta un estimado de $1 millón o más, esto resulta deplorablemente inadecuado.
Bajo el actual sistema, las compañías privadas de seguros tienen pocos incentivos para impedir que la gente adquiera niveles inadecuados de seguro, dado que los daños causados por conductores sub-asegurados se encuentran topeados, y los daños ocasionados por los conductores sin seguro son afrontados ya sea por el conductor no asegurado o por la víctima. Bajo un sistema privado de otorgamiento de licencias y registros y un sistema de seguro, las aseguradoras se cerciorarán de que todos los vehículos posean una cobertura adecuada.
Los accidentes en las autopistas siguen siendo la principal causa de muerte para el grupo etario que va de los cuatro a los 34 años, ubicándose por encima de cualquier otra cosa, desde el cáncer y el HIV al envenenamiento, el ahogo y el suicidio. Podemos y debemos hacerlo mejor.
Ahora mismo dependemos de la “dedicación al deber” de los empleados y contratistas del gobierno como la motivación principal para el otorgamiento de licencias solamente a los conductores calificados, el registro de solamente los vehículos seguros y que funcionan correctamente y la aplicación de las leyes sobre el seguro automotor obligatorio. Ellos sin duda están dedicados a su trabajo—pero el resultado es un sistema en el cual el incentivo primario es cumplir con el procedimiento y las reglas, no la reducción del riesgo innecesario.
El “afán de lucro” del mercado introduciría un conjunto de incentivos distinto y mejor. ¿Por qué no probarlo?
Traducido por Gabriel Gasave
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