Washington, DC—A menudo me preguntan, desde distintos países, por qué un gobierno tan autoritario y corrupto como el de Hugo Chávez sigue ganando elecciones. En mis cinco viajes a Venezuela desde que Chávez llegó al poder hace ocho años, he llegado a la conclusión de que muchos venezolanos padecen un síndrome de Estocolmo, ese estado de dependencia psicológica que desarrolla la víctima con respecto a su secuestrador.
Como todos los dictadores “revolucionarios”, Chávez ha edificado su legitimidad a partir del descrédito del pasado. Los cuarenta años de democracia (1958-1998) que lo precedieron fueron más libres y menos corruptos que su régimen, pero las muchas deficiencias de aquella etapa fueron suficientes para persuadir a un vasto segmento de la población de que el gobierno democrático era una hoja de parra que disimulaba la apropiación de la riqueza petrolera por parte de los partidos políticos, la burocracia y la élite empresarial. Este sentimiento comenzó a tomar forma, lentamente, en los años 70 y alcanzó su apogeo fines de la década del 90. Para entonces, la percepción general era que en las dos décadas previas los venezolanos privilegiados habían robado a los pobres una riqueza petrolera calculada en 250 mil millones de dólares.
Una mirada objetiva a los últimos ocho años nos dice que el saqueo ha sido mucho peor bajo el gobierno de Chávez. Los ingresos petroleros durante ese período probablemente suman $180 mil millones (las cifras exactas son inasequibles: la empresa petrolera estatal no publica balances financieros desde 2003). La pobreza no ha caído deforma significativa, y una nueva élite, más cursi que la anterior, ocupa su lugar. Como dice Gustavo Coronel, ex representante de Transparencia Internacional en Caracas, en un detallado informe sobre la podredumbre del régimen actual publicado por el Cato Institute, “la corrupción ha dominado el gobierno de Hugo Chávez como nunca antes en la historia de Venezuela”.
Pero la relación entre buena parte del pueblo venezolano y Hugo Chávez no tiene nada que ver con el análisis objetivo. La percepción de que Chávez es un redentor que vino a rescatar a los venezolanos de su pasado permitió al caudillo deshacerse de casi todos los contrapesos democráticos mediante referendos, elecciones e imposiciones que colocaron a las instituciones –desde el Congreso hasta la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral— bajo su control personal. Luego se apoderó de la riqueza petrolera y otras fuentes de ingresos, y duplicó la deuda nacional. Por ejemplo, varios miles de millones de dólares han sido transferidos desde la compañía petrolera y el banco central a un fondo de “desarrollo” denominado FONDEN y a un banco de “desarrollo” llamado BANDES que responden únicamente al “señor Presidente”.
En suma, Chávez ha secuestrado a la nación. Millones de venezolanos han pasado a depender para su sustento de los programas asistenciales conocidos como “misiones”. Esos programas, que ya existían aunque con menor presupuesto, han colocado a los beneficiarios, políticamente hablando, a merced de las autoridades. Muchos ciudadanos están convencidos de que su propio futuro depende de las dádivas antes que de la creación de riqueza. Cualquiera que se oponga al gobierno es visto por ellos como una agente de la vieja élite decidido a arrojarlos a los lobos.
Súmese a esto la sistemática prostitución del padrón electoral. El registro incluye 17 millones de votantes, una cifra surrealista en un país de 26 millones de personas en el que más de la mitad de la población es menor de edad. La campaña para inscribir a los extranjeros comenzó hace dos años, cuando Chávez, que enfrentaba un referendo revocatorio, ofreció la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes colombianos. Desde 2004, el padrón electoral ha crecido diez veces más rápido que en los años previos. Quienes firmaron el petitorio hace dos años quedaron expuestos en sitios de Internet en los cuales el gobierno reveló sus nombres. Muchos de ellos sufrieron luego represalias en sus lugares de trabajo y tuvieron dificultades para renovar sus documentos de identidad.
Todo esto explica, en buena parte, el que Chávez siga ganando elecciones. Pero hay algo más: la cultura “caudillista”, es decir la identificación irracional con un autócrata que funge de padre putativo ante muchos de sus compatriotas: ellos interpretan el mundo exterior a través de sus ojos. La politización de la sociedad venezolana mediante la sofocante intromisión del Estado ha reducido el sentido del espacio en la psicología de muchos ciudadanos, del mismo modo que el secuestrador reduce el espacio de su víctima. Nada existe fuera de esa relación para la víctima mientras el secuestrador tenga el dominio de su espacio vital. Hasta que factores internos o externos comiencen a debilitar esa dependencia, Chávez seguirá disfrutando del respaldo suficiente para mantener a raya a sus numerosos pero impotentes adversarios.
(c) 2006, The Washington Post
Venezuela o el síndrome de Estocolmo
Washington, DC—A menudo me preguntan, desde distintos países, por qué un gobierno tan autoritario y corrupto como el de Hugo Chávez sigue ganando elecciones. En mis cinco viajes a Venezuela desde que Chávez llegó al poder hace ocho años, he llegado a la conclusión de que muchos venezolanos padecen un síndrome de Estocolmo, ese estado de dependencia psicológica que desarrolla la víctima con respecto a su secuestrador.
Como todos los dictadores “revolucionarios”, Chávez ha edificado su legitimidad a partir del descrédito del pasado. Los cuarenta años de democracia (1958-1998) que lo precedieron fueron más libres y menos corruptos que su régimen, pero las muchas deficiencias de aquella etapa fueron suficientes para persuadir a un vasto segmento de la población de que el gobierno democrático era una hoja de parra que disimulaba la apropiación de la riqueza petrolera por parte de los partidos políticos, la burocracia y la élite empresarial. Este sentimiento comenzó a tomar forma, lentamente, en los años 70 y alcanzó su apogeo fines de la década del 90. Para entonces, la percepción general era que en las dos décadas previas los venezolanos privilegiados habían robado a los pobres una riqueza petrolera calculada en 250 mil millones de dólares.
Una mirada objetiva a los últimos ocho años nos dice que el saqueo ha sido mucho peor bajo el gobierno de Chávez. Los ingresos petroleros durante ese período probablemente suman $180 mil millones (las cifras exactas son inasequibles: la empresa petrolera estatal no publica balances financieros desde 2003). La pobreza no ha caído deforma significativa, y una nueva élite, más cursi que la anterior, ocupa su lugar. Como dice Gustavo Coronel, ex representante de Transparencia Internacional en Caracas, en un detallado informe sobre la podredumbre del régimen actual publicado por el Cato Institute, “la corrupción ha dominado el gobierno de Hugo Chávez como nunca antes en la historia de Venezuela”.
Pero la relación entre buena parte del pueblo venezolano y Hugo Chávez no tiene nada que ver con el análisis objetivo. La percepción de que Chávez es un redentor que vino a rescatar a los venezolanos de su pasado permitió al caudillo deshacerse de casi todos los contrapesos democráticos mediante referendos, elecciones e imposiciones que colocaron a las instituciones –desde el Congreso hasta la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral— bajo su control personal. Luego se apoderó de la riqueza petrolera y otras fuentes de ingresos, y duplicó la deuda nacional. Por ejemplo, varios miles de millones de dólares han sido transferidos desde la compañía petrolera y el banco central a un fondo de “desarrollo” denominado FONDEN y a un banco de “desarrollo” llamado BANDES que responden únicamente al “señor Presidente”.
En suma, Chávez ha secuestrado a la nación. Millones de venezolanos han pasado a depender para su sustento de los programas asistenciales conocidos como “misiones”. Esos programas, que ya existían aunque con menor presupuesto, han colocado a los beneficiarios, políticamente hablando, a merced de las autoridades. Muchos ciudadanos están convencidos de que su propio futuro depende de las dádivas antes que de la creación de riqueza. Cualquiera que se oponga al gobierno es visto por ellos como una agente de la vieja élite decidido a arrojarlos a los lobos.
Súmese a esto la sistemática prostitución del padrón electoral. El registro incluye 17 millones de votantes, una cifra surrealista en un país de 26 millones de personas en el que más de la mitad de la población es menor de edad. La campaña para inscribir a los extranjeros comenzó hace dos años, cuando Chávez, que enfrentaba un referendo revocatorio, ofreció la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes colombianos. Desde 2004, el padrón electoral ha crecido diez veces más rápido que en los años previos. Quienes firmaron el petitorio hace dos años quedaron expuestos en sitios de Internet en los cuales el gobierno reveló sus nombres. Muchos de ellos sufrieron luego represalias en sus lugares de trabajo y tuvieron dificultades para renovar sus documentos de identidad.
Todo esto explica, en buena parte, el que Chávez siga ganando elecciones. Pero hay algo más: la cultura “caudillista”, es decir la identificación irracional con un autócrata que funge de padre putativo ante muchos de sus compatriotas: ellos interpretan el mundo exterior a través de sus ojos. La politización de la sociedad venezolana mediante la sofocante intromisión del Estado ha reducido el sentido del espacio en la psicología de muchos ciudadanos, del mismo modo que el secuestrador reduce el espacio de su víctima. Nada existe fuera de esa relación para la víctima mientras el secuestrador tenga el dominio de su espacio vital. Hasta que factores internos o externos comiencen a debilitar esa dependencia, Chávez seguirá disfrutando del respaldo suficiente para mantener a raya a sus numerosos pero impotentes adversarios.
(c) 2006, The Washington Post
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