El legado federalista de William Rehnquist

Tras más de tres décadas en la Corte Suprema, el Juez William Rehnquist perdió su batalla contra el cáncer de tiroides y falleció durante el fin de semana del Día del Trabajo. Su muerte acontece después del retiro de la Jueza Sandra Day O’Connor y del nombramiento de John Roberts para reemplazarla. Actuando rápidamente, la Casa Blanca anunció que estaba ahora nominando a Roberts como Juez de la Corte. Mientras el Presidente Bush se prepara para proponer un segundo candidato, además de Roberts, para servir en el Alto Tribunal, es apropiado que los estadounidenses reflexionen sobre el legado del Juez Rehnquist.

Algunos años atrás, Rehnquist declaró que le gustaría ser recordado como un buen administrador. Según se dice, tuvo un gran orgullo del refinado funcionamiento de la Corte durante sus dos décadas como presidente de la misma. Pese a sus deseos, William Rehnquist no será recordado por la administración de su Corte, sino en cambio por su defensa de las facultades reservadas de los gobiernos estaduales y locales. Sin duda, la Corte de Rehnquist estará por siempre asociada con el federalismo.

La Décima Enmienda a la Constitución dispone que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados o a el pueblo.” La premisa detrás de la enmienda es la de que el verdadero autogobierno es llevado a cabo de la mejor manera a escala estadual y local. En estos niveles de gobierno, el pueblo puede directamente participar en el gobierno, monitorear a aquellos a quienes se les encomendó el poder, y hacer que sus voces sean escuchadas. Al menos desde el New Deal, la Décima Enmienda había sido suprimida de la Constitución mediante diversos pronunciamientos judiciales. Lamentando estos años de negligencia, Rehnquist dejó en claro desde un comienzo que pretendía revivir a la Décima Enmienda como un restricción sobre el poder parlamentario.

En 1976, apenas cuatro años después de que el Presidente Nixon lo designara para la Corte, Rehnquist redactó el primer pronunciamiento moderno del Alto Tribunal para limitar la legislación del Congreso bajo la Cláusula del Comercio. Antes de esta opinión recaída en la causa National League of Cities vs. Usery (1976), el Congreso asumía que podía legislar sobre cualquier cuestión si sostenía que el objeto de la legislación conmovía o inquietaba al comercio entre los estados. Por lo tanto, bajo el disfraz de una reglamentación comercial, el Congreso invadió una miríada de áreas de tradicional interés estadual.

Con el caso Usery, Rehnquist indicó que esta era de carte blanche de la Cláusula del Comercio estaba llegando a un fin. Enfrentándose a una extensión parlamentaria del salario mínimo y de las exigencias de horas máximas de trabajo a los empleados de los gobiernos estaduales y locales dispuestas por la Ley Sobre Normas de Trabajo Justas, Rehnquist razonó que el estatuto “interferiría inadmisiblemente [con] las funciones gubernamentales integrales” y que la misma “alteraría significativamente o desplazaría a las capacidadades de los estados para estructurar las relaciones entre los empleadores y los empleados.” En principio, la opinión en la causa National League of Cities reconoció la soberanía de los estados y procuró interponerse para restaurar algún equilibrio en las relaciones federales-estaduales. Sería el primer tiro disparado en lo que los académicos constitucionalistas han denominado la revolución del federalismo.

A pesar de que la Corte podía eventualmente revertir el fallo recaído en el caso Usery, esto no detuvo los esfuerzos de Rehnquist por respetar y proteger a las facultades legislativas conservadas por los estados bajo la Constitución. En 1995, la Corte de Rehnquist se expidió en la causa United States vs. Lopez. Este caso se refería a la constitucionalidad de una ley federal que prohibía la posesión de armas de fuego cerca de los establecimientos escolares. La posesión de un arma de fuego en zonas escolares, sostuvo el gobierno, podía afectar el funcionamiento de la economía estadounidense al dificultar la educación en las aulas y de esa manera dar como resultado una fuerza laboral improductiva. La Corte de Rehnquist rechazó el argumento del gobierno, temiendo que tal razonamiento le permitiría al Congreso “reglamentar cualquier actividad que encontrase relacionada con la productividad económica de los ciudadanos individuales.” La Constitución le delegó al Congreso solamente unas pocas y definidas facultades, anunció la Corte, y estos límites constitucionales fueron transgredidos al sancionar un estatuto criminal y al sostener que el mismo era una reglamentación comercial.

Durante la década de 1990, la Corte de Rehnquist también derribó estatutos que imponían ordenes federales carentes de financiamiento sobre los estados. A menos que el Congreso proveyera el financiamiento y los estados aceptasen libremente el dinero, la Corte sostuvo que el Congreso no podía obligar a los funcionarios estaduales a implementar programas federales. En gran medida para la desazón de Washington, la Corte sostuvo que los funcionarios estaduales no eran meras agencias del gobierno federal.

Incrementalmente, la Corte de Rehnquist se puso a limitar el poder federal; retornando al verdadero autogobierno que se encuentra en el nivel estadual y local. Con la desaparición de Rehnquist, el Presidente Bush ha nominado a Roberts como miembro del Tribunal, un jurista que encaja agradablemente en el molde de Rehnquist. El Presidente tiene ahora una segunda oportunidad para designar a un Juez que pueda continuar o terminar con la revolución del federalismo de la Corte de Rehnquist.

Los estadounidense solamente pueden esperar que el Presidente Bush utilice esta oportunidad para nominar a un candidato que continúe con los esfuerzos de Rehnquist: uno que respete las facultades de los gobiernos estaduales y locales y que tome seriamente a la promesa de la Décima Enmienda de un gobierno federal limitado.

Traducido por Gabriel Gasave