Dos recientes pronunciamientos antimonopólicos destacan la importancia de las audiencias de confirmación para los máximos candidatos a ocupar puestos antimonopólicos de la administración Bush, Charles James y Tim Muris. (De ser confirmado, James será Fiscal General Asistente a cargo de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia. Muris, un profesor de derecho en la George Mason University, reemplazaría a Robert Pitofsky como Director de la Comisión Federal de Comercio o FTC como se la conoce en inglés.)
El primer caso involucraba a una supuesta política depredatoria de precios aplicada por American Airlines (una unidad de la AMR Corp.) en perjuicio de tres aerolíneas rivales más pequeñas en Dallas. Los cazadores de monopolios de la administración Clinton habían sostenido, en efecto, que American había rebajado los precios por debajo del costo a efectos de monopolizar el mercado, para luego elevarlos una vez que varios de sus rivales capitularon.
En un llamativo rechazo, sin embargo, el Juez de Distrito de los EE.UU. J. Thomas Marten falló recientemente que American se encontraba facultada a participar de las mismas practicas competitivas emprendidas por sus competidoras más pequeñas, es decir, bajar los precios de manera agresiva para hacerle frente a la competencia en un intento por mantener o por ganar participación en el mercado. Siempre que American cobrase precios que no se encontraran por debajo de los costos relevantes, el tribunal sostuvo que la competencia consiguiente y los resultados del mercado eran perfectamente legítimos.
Esta corajuda decisión apoya fuertemente la idea de que la competencia agresiva de precios por parte de las empresas, sin tener en cuenta su tamaño o su participación en el mercado, redunda en beneficio del consumidor en el largo plazo, una idea aborrecida por los fiscales antimonopolios de Clinton pero apoyada por James y Muris. Y la misma es una decisión enteramente correcta, que esencialmente repite la Carta Abierta Contra el Proteccionismo Antimonopólico del The Independent Institute la que fuera suscrita por 239 economistas y por mi hace dos años atrás.
Cualquier fallo o reglamentación que impida que alguna firma iguale los precios más bajos de alguna otra firma es anti-competitiva y contraria a los consumidores. Pero, desafortunadamente las leyes antimonopólicas han sido a menudo usadas en el pasado como un forma de cubrir a los intereses especiales que desearían restringir el proceso competitivo en nombre de protegerlo y de preservarlo.
Las empresas, grandes o pequeñas, con ventajas en materia de costos deben ser capaces de apalancar a esas ventajas de precios más bajos a fin de atraer clientes adicionales. Alternativamente, los rivales menos eficientes, grandes o pequeños, deben sufrir pérdidas de modo tal que los clientes y los recursos puedan ser asignados eficientemente. ¡Si los remanentes de Clinton en el Departamento de Justicia se hubiesen salido con la suya, a American Airlines, solamente en virtud de su grado de participación en el mercado, le hubiese sido prohibido competir y ofrecer condiciones más favorables a sus propios clientes y a los nuevos que pudiese tener!
Tal absurdidad hubiese disminuido bruscamente el proceso competitivo en la industria del transporte aéreo y, por extensión, también en cientos de otros mercados discutibles. Dada mi lectura de sus antecedentes, no hay forma en la que los candidatos antimonopólicos de Bush eligieran aprobar esta política o promovieran una apelación de la excelente decisión del Juez Marten.
Otra reciente decisión antimonopólica no es tan buena para los consumidores. El fallo reciente mantiene una orden preliminar de la FTC contra la propuesta unión de las empresas H.J. Heinz y Beech-Nut, una unidad de Milnot Holding Co. de la ciudad de St. Louis. La decisión efectivamente impidió la fusión de las firmas que ocupan el segundo y el tercer puesto entre los fabricantes de alimentos infantiles en la nación.
En su opinión, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia sostuvo que no existía precedente legal alguno para poder aprobar una unión para un «duopolio» sin una verdadera revisión de los hechos por parte de la FTC. El establishment antimonopólico temía que el hecho de permitir la unión de estas empresas, sin consideración alguna por las ganancias en la eficiencia o en el bienestar para los consumidores, debilitaría a los estándares de revisión de las uniones y la abriría las compuertas a fusiones similares en otras industrias.
Las compañías habían argüido (con algún análisis proporcionado por el candidato de Bush a la FTC Tim Muris) que la fusión era necesaria para competir más eficazmente con Gerber, una unidad de Novartis AG, que domina a los alimentos infantiles procesados con una participación del 65 por ciento del mercado. Tal vez, tal vez no.
Lo que resulta desgraciado respecto del fallo es que ahora nunca sabremos si hubiésemos sido favorecidos o no por esa fusión. La información a efectos de decidir sobre ese interrogante solamente podría haber provenido de la fusión y del propio proceso competitivo. Pero, en cambio, la intervención del gobierno y del tribunal hizo caso omiso de ese proceso de mercado y sustituyó con su propio “plan” industrial a los planes privados de los accionistas y de los compradores de alimentos para niños.
La historia antimonopólica se encuentra regada con tales substituciones pretenciosas. Casi ninguna ha funcionado tal como lo pretendían los reguladores gubernamentales. Los mercados abiertos, aunque imperfectos, casi siempre operan mejor que los tribunales o las comisiones reguladoras.
Los nuevos candidatos antimonopolios de Bush son apropiadamente escépticos de la planificación gubernamental—especialmente del propuesto desmembramiento de Microsoft que actualmente se encuentra siendo apelado—y haciendo a un lado a cuestiones tales como una llamativa fijación de precios, es probable que sean mucho más partidarios del laissez-faire en la aplicación de las leyes antimonopólicas en general. Si no podemos abolir a las absurdas y arcaicas leyes antimonopólicas, lo mejor que podemos hacer es dejarle su administración a aquellos que comprenden su triste historia y sus propias limitaciones reguladoras.
Traducido por Gabriel Gasave
Los candidatos de Bush para los cargos en dependencias antimonopólicas: ¿Escépticos o verdaderos creyentes?
Dos recientes pronunciamientos antimonopólicos destacan la importancia de las audiencias de confirmación para los máximos candidatos a ocupar puestos antimonopólicos de la administración Bush, Charles James y Tim Muris. (De ser confirmado, James será Fiscal General Asistente a cargo de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia. Muris, un profesor de derecho en la George Mason University, reemplazaría a Robert Pitofsky como Director de la Comisión Federal de Comercio o FTC como se la conoce en inglés.)
El primer caso involucraba a una supuesta política depredatoria de precios aplicada por American Airlines (una unidad de la AMR Corp.) en perjuicio de tres aerolíneas rivales más pequeñas en Dallas. Los cazadores de monopolios de la administración Clinton habían sostenido, en efecto, que American había rebajado los precios por debajo del costo a efectos de monopolizar el mercado, para luego elevarlos una vez que varios de sus rivales capitularon.
En un llamativo rechazo, sin embargo, el Juez de Distrito de los EE.UU. J. Thomas Marten falló recientemente que American se encontraba facultada a participar de las mismas practicas competitivas emprendidas por sus competidoras más pequeñas, es decir, bajar los precios de manera agresiva para hacerle frente a la competencia en un intento por mantener o por ganar participación en el mercado. Siempre que American cobrase precios que no se encontraran por debajo de los costos relevantes, el tribunal sostuvo que la competencia consiguiente y los resultados del mercado eran perfectamente legítimos.
Esta corajuda decisión apoya fuertemente la idea de que la competencia agresiva de precios por parte de las empresas, sin tener en cuenta su tamaño o su participación en el mercado, redunda en beneficio del consumidor en el largo plazo, una idea aborrecida por los fiscales antimonopolios de Clinton pero apoyada por James y Muris. Y la misma es una decisión enteramente correcta, que esencialmente repite la Carta Abierta Contra el Proteccionismo Antimonopólico del The Independent Institute la que fuera suscrita por 239 economistas y por mi hace dos años atrás.
Cualquier fallo o reglamentación que impida que alguna firma iguale los precios más bajos de alguna otra firma es anti-competitiva y contraria a los consumidores. Pero, desafortunadamente las leyes antimonopólicas han sido a menudo usadas en el pasado como un forma de cubrir a los intereses especiales que desearían restringir el proceso competitivo en nombre de protegerlo y de preservarlo.
Las empresas, grandes o pequeñas, con ventajas en materia de costos deben ser capaces de apalancar a esas ventajas de precios más bajos a fin de atraer clientes adicionales. Alternativamente, los rivales menos eficientes, grandes o pequeños, deben sufrir pérdidas de modo tal que los clientes y los recursos puedan ser asignados eficientemente. ¡Si los remanentes de Clinton en el Departamento de Justicia se hubiesen salido con la suya, a American Airlines, solamente en virtud de su grado de participación en el mercado, le hubiese sido prohibido competir y ofrecer condiciones más favorables a sus propios clientes y a los nuevos que pudiese tener!
Tal absurdidad hubiese disminuido bruscamente el proceso competitivo en la industria del transporte aéreo y, por extensión, también en cientos de otros mercados discutibles. Dada mi lectura de sus antecedentes, no hay forma en la que los candidatos antimonopólicos de Bush eligieran aprobar esta política o promovieran una apelación de la excelente decisión del Juez Marten.
Otra reciente decisión antimonopólica no es tan buena para los consumidores. El fallo reciente mantiene una orden preliminar de la FTC contra la propuesta unión de las empresas H.J. Heinz y Beech-Nut, una unidad de Milnot Holding Co. de la ciudad de St. Louis. La decisión efectivamente impidió la fusión de las firmas que ocupan el segundo y el tercer puesto entre los fabricantes de alimentos infantiles en la nación.
En su opinión, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia sostuvo que no existía precedente legal alguno para poder aprobar una unión para un «duopolio» sin una verdadera revisión de los hechos por parte de la FTC. El establishment antimonopólico temía que el hecho de permitir la unión de estas empresas, sin consideración alguna por las ganancias en la eficiencia o en el bienestar para los consumidores, debilitaría a los estándares de revisión de las uniones y la abriría las compuertas a fusiones similares en otras industrias.
Las compañías habían argüido (con algún análisis proporcionado por el candidato de Bush a la FTC Tim Muris) que la fusión era necesaria para competir más eficazmente con Gerber, una unidad de Novartis AG, que domina a los alimentos infantiles procesados con una participación del 65 por ciento del mercado. Tal vez, tal vez no.
Lo que resulta desgraciado respecto del fallo es que ahora nunca sabremos si hubiésemos sido favorecidos o no por esa fusión. La información a efectos de decidir sobre ese interrogante solamente podría haber provenido de la fusión y del propio proceso competitivo. Pero, en cambio, la intervención del gobierno y del tribunal hizo caso omiso de ese proceso de mercado y sustituyó con su propio “plan” industrial a los planes privados de los accionistas y de los compradores de alimentos para niños.
La historia antimonopólica se encuentra regada con tales substituciones pretenciosas. Casi ninguna ha funcionado tal como lo pretendían los reguladores gubernamentales. Los mercados abiertos, aunque imperfectos, casi siempre operan mejor que los tribunales o las comisiones reguladoras.
Los nuevos candidatos antimonopolios de Bush son apropiadamente escépticos de la planificación gubernamental—especialmente del propuesto desmembramiento de Microsoft que actualmente se encuentra siendo apelado—y haciendo a un lado a cuestiones tales como una llamativa fijación de precios, es probable que sean mucho más partidarios del laissez-faire en la aplicación de las leyes antimonopólicas en general. Si no podemos abolir a las absurdas y arcaicas leyes antimonopólicas, lo mejor que podemos hacer es dejarle su administración a aquellos que comprenden su triste historia y sus propias limitaciones reguladoras.
Traducido por Gabriel Gasave
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