En respuesta a los informes del gobierno respecto de que el consumo de drogas, especialmente el de la marihuana, está incrementándose entre los adolescentes estadounidenses, el candidato republicano Bob Doyle sostiene que si él es elegido, va “a hacer nuevamente de la guerra contra las drogas la prioridad No. 1.” Incorporándose a la escena, Dick Armey, el Jefe de la Mayoría de la Cámara, normalmente un campeón acérrimo de la reducción del papel del gobierno en las vidas de los individuos, se queja de que la administración Clinton está agitando la bandera blanca en la “guerra” contra las drogas, y el Vocero Newt Gingrich, cuya visión Tocquevilliana de los Estados Unidos evita movilizaciones masivas del gobierno nacional, exige sin embargo una determinación federal para ejecutar a los traficantes de droga.
(Los demócratas dicen que no hay necesidad de elegir a un republicano, que ellos están también preocupados, incluso si su papel como ejemplos morales los defrauda, y ahora que ellos poseen a un general verdadero y vivo como “zar” de la drogas—¡existe un término demócrata para usted!—podemos esperar resultados pronto, quizás en 10 años o más.)
Para cualquiera que cree en la agenda expuesta en la reciente convención republicana—impuestos más bajos, un gobierno más pequeño y menos intrusivo que deje a la gente tranquila, respete la propiedad privada, reduzca el crimen, especialmente en los centros urbanos de los Estados Unidos, y restaure el respeto por los valores tradicionales estadounidenses de la familia y del estado de derecho—ésta son malas noticias. Muy malas noticias.
Si una “guerra” gubernamental—una actividad que no puede ser conducida contra sustancias químicas sino que debe ser conducida contra gente de verdad—fuese proclive a reducir el uso de drogas, ya lo hubiese hecho. El gobierno ha estado intentando prohibir los opiáceos y otras drogas desde 1914 y la marihuana desde 1937, el énfasis de la guerra varía.
Pese a que la retórica de la administración Clinton ha sido a menudo ambivalente, el gasto federal en la aplicación de la ley anti drogas ha continuado elevándose y es más alto que durante la administración Bush. En los últimos años, la aplicación estadual y local de las leyes anti drogas se ha incrementado notablemente, y apenas esta semana un informe observó que cifras récord de personas se encuentran en prisión por delitos vinculados a la droga.
Mientras tanto, delincuentes violentos están siendo liberados tempranamente para dejarles lugar a los delincuentes de la droga bajo leyes de “mínimos obligatorios.” La propiedad continúa siéndoles confiscada a los individuos acusados de delitos relacionados con la droga—aunque no necesariamente condenados y a veces ni siquiera formalmente acusados—en una parodia del debido proceso.
Irónica y tristemente, más énfasis en la aplicación de ley anti drogas es casi seguro que conducirá a un aumento en otras clases de crímenes. Esto no debería sorprender: las agencias de aplicación de la ley poseen recursos limitados, y los recursos asignados a la guerra contra las drogas no pueden ser utilizados para otros propósitos. Un estudio reciente demuestra la triste relación.
Bruce Benson y David Rasmussen, economistas en la Florida State University, escribieron Illicit Drugs and Crime, recién lanzado por The Independent Institute en Oakland. Además de observar el dramático incremento en las actividades de aplicación de la ley anti drogas durante las pasadas dos décadas, compararon a dos estados que establecieron prioridades distintas en los años 80.
Entre 1984 y 1989, la Florida asignó una creciente cantidad de sus recursos de la seguridad para su aplicación a la guerra contra las drogas; los arrestos por drogas en relación con el total de los arrestos se elevaron un 67 por ciento durante esos cinco años. Durante ese mismo período, la tasa de crímenes contra la propiedad se elevó un 16.3 por ciento. Después de 1989, la Florida redujo las actividades de aplicación de las leyes anti-drogas y las tasas de crímenes contra la propiedad descendieron.
En ese mismo período, el estado de Kansas, hogar del Senador Dole, se opuso a la tendencia nacional, reduciendo su cociente total de arrestos por drogas en un 21.4 por ciento, colocando a su cociente bien por debajo del promedio nacional. Para 1989, Kansas asignó más recursos a la aplicación de ley anti drogas, y su tasa total de criminalidad para 1992 era 6.8 por ciento más alta que en 1989.
Kansas y la Florida son estados diferentes con problemas diferentes, por supuesto. Pero este y otros estudios demuestran que el patrón—que más concentración de la policía en el cumplimiento de las leyes anti drogas conduce en promedio a más crimen—se mantiene para cada estado. Y mientras que los niveles del consumo actual de drogas son un factor en las decisiones para concentrarse más pesadamente en la aplicación de las leyes anti drogas, el factor más grande parecen ser las leyes estaduales de confiscación de activos. Si las agencias policiales locales (antes que del financiamiento general) obtienen el dinero de la confiscación de las propiedades relacionadas con la droga, la policía tiende a hacer cumplir más la legislación anti drogas—con resultados trágicos.
Los dos investigadores concluyen que: “Ponerse duros contra las drogas inevitablemente se traduce en ser más blandos con el crimen no relacionado a las mismas.”
Si eso es lo que usted desea, y usted realmente supone que los oficiales de policía federalmente regimentados pueden cumplir una doble tarea los como médicos del alma necesarios para alejar a los individuos de las adicciones, usted es bienvenido de alentar a la prometida nueva guerra contra las drogas. Perdónenos, no obstante, si nos preguntamos por qué los señores Dole, Armey, y Gingrich comienzan a sonar como los guerreros anti-pobreza de hace algunos años. Cuando fracasan, entonces redoblan sus esfuerzos. Tal extraño comportamiento secuencial define virtualmente al fanatismo, el cual viene mal a los individuos que buscan al gobierno en un escala más pequeña y más humana.
Traducido por Gabriel Gasave
Una aturdida Guerra contra las Drogas
En respuesta a los informes del gobierno respecto de que el consumo de drogas, especialmente el de la marihuana, está incrementándose entre los adolescentes estadounidenses, el candidato republicano Bob Doyle sostiene que si él es elegido, va “a hacer nuevamente de la guerra contra las drogas la prioridad No. 1.” Incorporándose a la escena, Dick Armey, el Jefe de la Mayoría de la Cámara, normalmente un campeón acérrimo de la reducción del papel del gobierno en las vidas de los individuos, se queja de que la administración Clinton está agitando la bandera blanca en la “guerra” contra las drogas, y el Vocero Newt Gingrich, cuya visión Tocquevilliana de los Estados Unidos evita movilizaciones masivas del gobierno nacional, exige sin embargo una determinación federal para ejecutar a los traficantes de droga.
(Los demócratas dicen que no hay necesidad de elegir a un republicano, que ellos están también preocupados, incluso si su papel como ejemplos morales los defrauda, y ahora que ellos poseen a un general verdadero y vivo como “zar” de la drogas—¡existe un término demócrata para usted!—podemos esperar resultados pronto, quizás en 10 años o más.)
Para cualquiera que cree en la agenda expuesta en la reciente convención republicana—impuestos más bajos, un gobierno más pequeño y menos intrusivo que deje a la gente tranquila, respete la propiedad privada, reduzca el crimen, especialmente en los centros urbanos de los Estados Unidos, y restaure el respeto por los valores tradicionales estadounidenses de la familia y del estado de derecho—ésta son malas noticias. Muy malas noticias.
Si una “guerra” gubernamental—una actividad que no puede ser conducida contra sustancias químicas sino que debe ser conducida contra gente de verdad—fuese proclive a reducir el uso de drogas, ya lo hubiese hecho. El gobierno ha estado intentando prohibir los opiáceos y otras drogas desde 1914 y la marihuana desde 1937, el énfasis de la guerra varía.
Pese a que la retórica de la administración Clinton ha sido a menudo ambivalente, el gasto federal en la aplicación de la ley anti drogas ha continuado elevándose y es más alto que durante la administración Bush. En los últimos años, la aplicación estadual y local de las leyes anti drogas se ha incrementado notablemente, y apenas esta semana un informe observó que cifras récord de personas se encuentran en prisión por delitos vinculados a la droga.
Mientras tanto, delincuentes violentos están siendo liberados tempranamente para dejarles lugar a los delincuentes de la droga bajo leyes de “mínimos obligatorios.” La propiedad continúa siéndoles confiscada a los individuos acusados de delitos relacionados con la droga—aunque no necesariamente condenados y a veces ni siquiera formalmente acusados—en una parodia del debido proceso.
Irónica y tristemente, más énfasis en la aplicación de ley anti drogas es casi seguro que conducirá a un aumento en otras clases de crímenes. Esto no debería sorprender: las agencias de aplicación de la ley poseen recursos limitados, y los recursos asignados a la guerra contra las drogas no pueden ser utilizados para otros propósitos. Un estudio reciente demuestra la triste relación.
Bruce Benson y David Rasmussen, economistas en la Florida State University, escribieron Illicit Drugs and Crime, recién lanzado por The Independent Institute en Oakland. Además de observar el dramático incremento en las actividades de aplicación de la ley anti drogas durante las pasadas dos décadas, compararon a dos estados que establecieron prioridades distintas en los años 80.
Entre 1984 y 1989, la Florida asignó una creciente cantidad de sus recursos de la seguridad para su aplicación a la guerra contra las drogas; los arrestos por drogas en relación con el total de los arrestos se elevaron un 67 por ciento durante esos cinco años. Durante ese mismo período, la tasa de crímenes contra la propiedad se elevó un 16.3 por ciento. Después de 1989, la Florida redujo las actividades de aplicación de las leyes anti-drogas y las tasas de crímenes contra la propiedad descendieron.
En ese mismo período, el estado de Kansas, hogar del Senador Dole, se opuso a la tendencia nacional, reduciendo su cociente total de arrestos por drogas en un 21.4 por ciento, colocando a su cociente bien por debajo del promedio nacional. Para 1989, Kansas asignó más recursos a la aplicación de ley anti drogas, y su tasa total de criminalidad para 1992 era 6.8 por ciento más alta que en 1989.
Kansas y la Florida son estados diferentes con problemas diferentes, por supuesto. Pero este y otros estudios demuestran que el patrón—que más concentración de la policía en el cumplimiento de las leyes anti drogas conduce en promedio a más crimen—se mantiene para cada estado. Y mientras que los niveles del consumo actual de drogas son un factor en las decisiones para concentrarse más pesadamente en la aplicación de las leyes anti drogas, el factor más grande parecen ser las leyes estaduales de confiscación de activos. Si las agencias policiales locales (antes que del financiamiento general) obtienen el dinero de la confiscación de las propiedades relacionadas con la droga, la policía tiende a hacer cumplir más la legislación anti drogas—con resultados trágicos.
Los dos investigadores concluyen que: “Ponerse duros contra las drogas inevitablemente se traduce en ser más blandos con el crimen no relacionado a las mismas.”
Si eso es lo que usted desea, y usted realmente supone que los oficiales de policía federalmente regimentados pueden cumplir una doble tarea los como médicos del alma necesarios para alejar a los individuos de las adicciones, usted es bienvenido de alentar a la prometida nueva guerra contra las drogas. Perdónenos, no obstante, si nos preguntamos por qué los señores Dole, Armey, y Gingrich comienzan a sonar como los guerreros anti-pobreza de hace algunos años. Cuando fracasan, entonces redoblan sus esfuerzos. Tal extraño comportamiento secuencial define virtualmente al fanatismo, el cual viene mal a los individuos que buscan al gobierno en un escala más pequeña y más humana.
Traducido por Gabriel Gasave
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