Aproximadamente 38 millones de estadounidenses, casi uno de cada siete, están oficialmente clasificados como pobres por el gobierno de los Estados Unidos. Pero esta cifra excede en unos 19 millones a quienes en verdad son pobres, según algunos economistas.
Esta exageración del índice de pobreza—la cual tiene lugar en gran medida debido al error de considerar como ingresos al programa Medicaid, las estampillas de alimentos, los almuerzos escolares, y otras erogaciones del bienestar social federal que no se realizan en efectivo—puede potencialmente dispara el gasto de miles de millones de dólares adicionales de los contribuyentes al año en programas para combatir la pobreza.
El índice de pobreza oficial—la cifra más reciente es del 15,2 por ciento para el año 1993—es revelado cada año por la Oficina del Censo y se ha convertido en una de las estadísticas económicas más importantes de los Estados Unidos. Es un número que atrae mucha atención en parte debido que el mismo resulta un factor vital en la determinación de cómo son distribuidos en el país miles de millones de dólares del bienestar pero, más importante aún, porque es interpretado grandemente como un barómetro de la justicia en nuestra sociedad.
Del lado del gasto, la magnitud de la pobreza es a menudo citada para justificar incrementos en los desembolsos del bienestar. Así, si el nivel de pobreza es exagerado, se obtiene un argumento más fuerte a favor de un gasto mayor. Es difícil cuantificar este impacto, debido a que la relación entre el gasto y la pobreza es reciproca.
De manera creciente, los economistas reconocen que niveles más elevados de gastos en concepto de bienestar generan desincentivos en el mercado laboral los que pueden conducir a incrementos en el índice oficial de pobreza, especialmente si los desembolsos adicionales se realizan bajo forma de beneficios que no sean dinero en efectivo. Conforme estos expertos, estamos ante una especie de círculo vicioso. Más pobreza oficial genera más gasto, el cual, a su vez, genera más pobreza oficial.
Desafortunadamente, muchos economistas coinciden en que la estadística de la pobreza se ha convertido a través de los años en una medida crecientemente defectuosa. En los comienzos del índice de pobreza en los años 60, la definición de quién era pobre y quién no lo era se realizó mediante la estimación de con cuánto dinero se adquiriría el alimento que proporcionase una dieta minimamente adecuada.
Para tomar en cuenta los otros gastos de un individuo, el costo de dicha dieta eran luego multiplicado por tres para llegar al nivel de ingresos de pobreza final.
De esta forma, inicialmente, la determinación de qué constituía pobreza era una cuestión de los gastos, no solamente del ingreso en dinero. Sin embargo, era conveniente emplear al ingreso en dinero, el cual es más fácil de medir, como una posibilidad de realizar los gastos.
A medida que transcurría el tiempo, el nivel inicial de ingresos en dinero del umbral de pobreza era actualizado cada año para tomar en cuenta el efecto de la inflación sobre los precios. Las estimaciones de hoy día del umbral de pobreza son meramente versiones en dólares constantes de los números de los años 60. Este proceso de actualización es una de las causas del deterioro en la calidad de las estadísticas del índice de pobreza.
Esto podría ocurrir debido a que el actual Índice de Precios al Consumidor exagera el aumento en los precios desde la década de 1960 en cerca de un 10 por ciento, una cifra que es a la vez significativa como ampliamente aceptada, incluso por la propia Oficina del Censo. Esto significa que tanto los actuales umbrales de pobreza como los índices de pobreza que los acompañan están exagerados. El verdadero vínculo entre el ingreso y los gastos ha sido alterado.
Además del prejuicio en el índice oficial de precios, la medición del ingreso ha sido distorsionada por la exclusión de aquellas formas de ingreso que no constituyen dinero en efectivo.
Actualmente, menos de un cuarto de todas las prestaciones gubernamentales para los necesitados son en efectivo. En su gran mayoría, los programas que proporcionan beneficios que no son en efectivo no existían cuando la definición original de pobreza fue pergeñada.
Es posible asignarle valores numéricos a estas tendencias, aún cuando algunas de ellas sean más especulativas que otras. Los números más firmes provienen de la Oficina del Censo, a la cual el Congreso le ha ordenado calcular estimaciones alternativas de la pobreza que contemplen el efecto de las formas de ingreso que no sean dinero en efectivo sobre el estatus de la pobreza.
La Oficina del Censo también emplea un índice de precios alternativo que está libre de aquellas distorsiones anteriormente mencionadas. La realización de estos dos ajustes redujo el índice de pobreza en unos 5,2 puntos porcentuales promedio al año durante el periodo 1989—1992.
La Oficina del Censo realizó estos cálculos basándose en entrevistas realizadas por sus empleados a ciudadanos individuales, a quienes se les solicitó que estimaran cuánto ingreso en efectivo y no en efectivo recibían de parte del gobierno. Aquí resulta que otro error importante se ha deslizado en el cálculo del índice de pobreza. La suma informada en las entrevistas, cuando se las compara con los registros gubernamentales, es considerada como significativamente subestimada.
En términos de la ayuda otorgada en dinero, las encuestas muestran solamente cerca del 70 por ciento de lo que registran los datos del gobierno. Y el sub-información de los beneficios que no son en efectivo es incluso más severa. La valuación de la Oficina del Censo de estos es de menos del 40 por ciento de lo que los datos gubernamentales afirman que es el total de los gastos en esta categoría.
Si todos los beneficios fuesen computados como ingresos a su valor total, el índice de pobreza oficial podría estar exagerado en otros 4,5 puntos porcentuales. Esa, sin embargo, es una estimación máxima. Una aproximación muy conservadora sería la de tomar en consideración a un tercio de esa suma—1,5 puntos porcentuales—y sumarlo a los 5,2 puntos porcentuales ya identificados. El error combinado, 6,7 puntos porcentuales, no es ni siquiera la mitad del índice promedio de pobreza anual del 13,75 por ciento para el periodo 1989—1992.
En verdad, una buena regla para manejarse a efectos de lograr una lectura veraz de la situación de la pobreza podría ser la de considerar la mitad de lo que indique el índice oficial.
Otros han sostenido el argumento de que el índice de pobreza oficial se encuentra exagerado, aunque no en la medida en que lo hemos señalado en este artículo. Basados en el trabajo realizado en conjunto con el Profesor Dale Jorgensen de la Harvard University, Daniel Slesnick, profesor en la University of Texas en Austin, calculó recientemente estimaciones del índice de pobreza que utilizan la definición de pobreza que está en el espíritu del enfoque original. Ponen su énfasis en los patrones de gastos de los consumidores como la medida del bienestar y reportan una tasa de pobreza para 1989 del 8,4 por ciento, apenas inferior en dos tercios a la tasa oficial.
En razón de que esta estimación excede el mínimo estimado por la Oficina del Censo para 1989 que es del 7,7 por ciento, los índices de pobreza de Slesnick parecerían representar una estimación más conservadora del grado en el cual la información oficial sobre la pobreza yerra en una dirección ascendente.
Algunas palabras finales: Las estadísticas oficiales sobre la pobreza en los Estados Unidos, concuerdan la mayoría de los economistas, son muy sospechosas y deberían ser enfocadas e interpretadas con gran cuidado, especialmente cuando son empleadas para la formulación de políticas públicas. Hay veces en las cuales es mejor no saber nada antes que saber algo de una manera muy imperfecta. Esta puede ser una de esas ocasiones.
Traducido por Gabriel Gasave
La estimación del índice de pobreza
Aproximadamente 38 millones de estadounidenses, casi uno de cada siete, están oficialmente clasificados como pobres por el gobierno de los Estados Unidos. Pero esta cifra excede en unos 19 millones a quienes en verdad son pobres, según algunos economistas.
Esta exageración del índice de pobreza—la cual tiene lugar en gran medida debido al error de considerar como ingresos al programa Medicaid, las estampillas de alimentos, los almuerzos escolares, y otras erogaciones del bienestar social federal que no se realizan en efectivo—puede potencialmente dispara el gasto de miles de millones de dólares adicionales de los contribuyentes al año en programas para combatir la pobreza.
El índice de pobreza oficial—la cifra más reciente es del 15,2 por ciento para el año 1993—es revelado cada año por la Oficina del Censo y se ha convertido en una de las estadísticas económicas más importantes de los Estados Unidos. Es un número que atrae mucha atención en parte debido que el mismo resulta un factor vital en la determinación de cómo son distribuidos en el país miles de millones de dólares del bienestar pero, más importante aún, porque es interpretado grandemente como un barómetro de la justicia en nuestra sociedad.
Del lado del gasto, la magnitud de la pobreza es a menudo citada para justificar incrementos en los desembolsos del bienestar. Así, si el nivel de pobreza es exagerado, se obtiene un argumento más fuerte a favor de un gasto mayor. Es difícil cuantificar este impacto, debido a que la relación entre el gasto y la pobreza es reciproca.
De manera creciente, los economistas reconocen que niveles más elevados de gastos en concepto de bienestar generan desincentivos en el mercado laboral los que pueden conducir a incrementos en el índice oficial de pobreza, especialmente si los desembolsos adicionales se realizan bajo forma de beneficios que no sean dinero en efectivo. Conforme estos expertos, estamos ante una especie de círculo vicioso. Más pobreza oficial genera más gasto, el cual, a su vez, genera más pobreza oficial.
Desafortunadamente, muchos economistas coinciden en que la estadística de la pobreza se ha convertido a través de los años en una medida crecientemente defectuosa. En los comienzos del índice de pobreza en los años 60, la definición de quién era pobre y quién no lo era se realizó mediante la estimación de con cuánto dinero se adquiriría el alimento que proporcionase una dieta minimamente adecuada.
Para tomar en cuenta los otros gastos de un individuo, el costo de dicha dieta eran luego multiplicado por tres para llegar al nivel de ingresos de pobreza final.
De esta forma, inicialmente, la determinación de qué constituía pobreza era una cuestión de los gastos, no solamente del ingreso en dinero. Sin embargo, era conveniente emplear al ingreso en dinero, el cual es más fácil de medir, como una posibilidad de realizar los gastos.
A medida que transcurría el tiempo, el nivel inicial de ingresos en dinero del umbral de pobreza era actualizado cada año para tomar en cuenta el efecto de la inflación sobre los precios. Las estimaciones de hoy día del umbral de pobreza son meramente versiones en dólares constantes de los números de los años 60. Este proceso de actualización es una de las causas del deterioro en la calidad de las estadísticas del índice de pobreza.
Esto podría ocurrir debido a que el actual Índice de Precios al Consumidor exagera el aumento en los precios desde la década de 1960 en cerca de un 10 por ciento, una cifra que es a la vez significativa como ampliamente aceptada, incluso por la propia Oficina del Censo. Esto significa que tanto los actuales umbrales de pobreza como los índices de pobreza que los acompañan están exagerados. El verdadero vínculo entre el ingreso y los gastos ha sido alterado.
Además del prejuicio en el índice oficial de precios, la medición del ingreso ha sido distorsionada por la exclusión de aquellas formas de ingreso que no constituyen dinero en efectivo.
Actualmente, menos de un cuarto de todas las prestaciones gubernamentales para los necesitados son en efectivo. En su gran mayoría, los programas que proporcionan beneficios que no son en efectivo no existían cuando la definición original de pobreza fue pergeñada.
Es posible asignarle valores numéricos a estas tendencias, aún cuando algunas de ellas sean más especulativas que otras. Los números más firmes provienen de la Oficina del Censo, a la cual el Congreso le ha ordenado calcular estimaciones alternativas de la pobreza que contemplen el efecto de las formas de ingreso que no sean dinero en efectivo sobre el estatus de la pobreza.
La Oficina del Censo también emplea un índice de precios alternativo que está libre de aquellas distorsiones anteriormente mencionadas. La realización de estos dos ajustes redujo el índice de pobreza en unos 5,2 puntos porcentuales promedio al año durante el periodo 1989—1992.
La Oficina del Censo realizó estos cálculos basándose en entrevistas realizadas por sus empleados a ciudadanos individuales, a quienes se les solicitó que estimaran cuánto ingreso en efectivo y no en efectivo recibían de parte del gobierno. Aquí resulta que otro error importante se ha deslizado en el cálculo del índice de pobreza. La suma informada en las entrevistas, cuando se las compara con los registros gubernamentales, es considerada como significativamente subestimada.
En términos de la ayuda otorgada en dinero, las encuestas muestran solamente cerca del 70 por ciento de lo que registran los datos del gobierno. Y el sub-información de los beneficios que no son en efectivo es incluso más severa. La valuación de la Oficina del Censo de estos es de menos del 40 por ciento de lo que los datos gubernamentales afirman que es el total de los gastos en esta categoría.
Si todos los beneficios fuesen computados como ingresos a su valor total, el índice de pobreza oficial podría estar exagerado en otros 4,5 puntos porcentuales. Esa, sin embargo, es una estimación máxima. Una aproximación muy conservadora sería la de tomar en consideración a un tercio de esa suma—1,5 puntos porcentuales—y sumarlo a los 5,2 puntos porcentuales ya identificados. El error combinado, 6,7 puntos porcentuales, no es ni siquiera la mitad del índice promedio de pobreza anual del 13,75 por ciento para el periodo 1989—1992.
En verdad, una buena regla para manejarse a efectos de lograr una lectura veraz de la situación de la pobreza podría ser la de considerar la mitad de lo que indique el índice oficial.
Otros han sostenido el argumento de que el índice de pobreza oficial se encuentra exagerado, aunque no en la medida en que lo hemos señalado en este artículo. Basados en el trabajo realizado en conjunto con el Profesor Dale Jorgensen de la Harvard University, Daniel Slesnick, profesor en la University of Texas en Austin, calculó recientemente estimaciones del índice de pobreza que utilizan la definición de pobreza que está en el espíritu del enfoque original. Ponen su énfasis en los patrones de gastos de los consumidores como la medida del bienestar y reportan una tasa de pobreza para 1989 del 8,4 por ciento, apenas inferior en dos tercios a la tasa oficial.
En razón de que esta estimación excede el mínimo estimado por la Oficina del Censo para 1989 que es del 7,7 por ciento, los índices de pobreza de Slesnick parecerían representar una estimación más conservadora del grado en el cual la información oficial sobre la pobreza yerra en una dirección ascendente.
Algunas palabras finales: Las estadísticas oficiales sobre la pobreza en los Estados Unidos, concuerdan la mayoría de los economistas, son muy sospechosas y deberían ser enfocadas e interpretadas con gran cuidado, especialmente cuando son empleadas para la formulación de políticas públicas. Hay veces en las cuales es mejor no saber nada antes que saber algo de una manera muy imperfecta. Esta puede ser una de esas ocasiones.
Traducido por Gabriel Gasave
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