Bonos argentinos: Paquete chileno
Por Alexander Guerrero
El Universal
EL NEGOCIO de los bonos argentinos es lucrativo desde una perspectiva de elevado riesgo, cuando quienes tomen esos riesgos lo hagan en ejercicio de sus derechos de propiedad, instituciones financieras privadas institucionales e individuos que buscan ganancias de capital a conciencia de mayor riesgo. Esa es la cartilla operativa de todo mercado especulativo donde el riesgo, como en el caso Argentina como consecuencia del default de 100 mil millones de dólares en el 2000; por ello esos bonos son considerados bonos basura.
Esa realidad financiera no es simétrica ante instituciones públicas que administran activos que pertenecen al público, es decir fondos Fonden, Bandes, BCV, que manejan activos cuya inversión no se define como ejercicio de un derecho de propiedad claramente definido.
Esa diferencia que universalmente define la administración de fondos públicos es base de rígidas providencias financieras menor riego respecto del riesgo que corren de inversionistas privados, que en el caso de fondos institucionales o individuales la definición de los derechos de propiedad es indivisible que transfiere su ejercicio en la fuerza de un con trato.
Esa referencia prudencial se implementa desde la crisis asiática del 97, cuando multilaterales y gobiernos regularon la participación de instituciones públicas en el mercado financiero, así se reescribieron leyes de bancos centrales incluyendo las del BCV, a invertir sólo en inversión grado de inversión de rendimiento menor pero menor riesgo, donde el fin de lucro es menor porque los derechos de propiedad no se definen como privados. Sobre esta perspectiva nada justifica que el gobierno de Venezuela imponga mayores riesgos en la inversión de fondos públicos dado que las pérdidas de capital que pudieran tener efecto por invertir en mercados especulativos como en bonos argentinos ocasionarían daños patrimoniales dando paso a que sus administradores, ministros, presidentes enfrenten el peso de ley por corrupción dado el daño patrimonial que causarían las pérdidas de capital en el mercado de fondos públicos por parte de funcionarios. Por supuesto, refiero gobiernos «accountables» por poderes públicos, no siendo ello nuestro caso y quizás por ello la actividad especulativa en los mercados financieros por parte del gobierno responda al entorno de incontrolabilidad de la que actualmente disfruta.
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