EE.UU.: Comunidades buscan curas locales para la inmigración ilegal

Por Julia Malone
Diario Las Americas

WASHINGTON — La semana pasada, el Congreso detuvo la reforma migratoria cuando entró en su receso de agosto. Sin embargo, el debate se desarrolla en consejos municipales y gobiernos de condados por todo el país, donde funcionarios locales y habitantes pierden la paciencia ante el fracaso del gobierno federal para resolver la cuestión.

Desde California a Nueva Jersey, las comunidades están considerando o adoptando sus propias medidas, incluidas sanciones a empleadores que contratan a trabajadores no autorizados y multas a arrendadores que les rentan vivienda. El movimiento se ha enraizado incluso en el centro del país, donde los recién llegados, la mayoría proveniente de México, apenas se están empezando a asentar.

En el condado Butler del sur de Ohio, el alguacil Richard Jones hizo un conteo de los internos en su cárcel en octubre del año pasado y concluyó que están ilegalmente en el país algo así como 40 de los 800 que hay.

Después de que los llamados al Departamento de Inmigración y Aduanas federal no lograron convencerlo de hacerse cargo de los prisioneros, Jones decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lanzó una campaña pública que ha generado controversia y lo ha convertido en una figura nacional del debate migratorio. Seleccionando lugares estratégicos en todo su condado, Jones colocó anuncios espectaculares en los que aparece una fotografía suya en actitud severa, con los brazos doblados sobre el pecho y el mensaje: “¡Contrata un ilegal y violarás la ley!”.

Esa forma de abordar el asunto es más efectiva que cualquier cosa que los políticos de Washington, D.C. hayan ideado, argumentó Jones la semana pasada en una conversación telefónica.

“El país analiza levantar estos muros gigantescos y poner al ejército en la frontera”, dijo. “No necesitamos nada de eso. Todo lo que se necesita es castigar a los empleadores que contratan ilegales. Encerrarlos”.

Jones todavía no ha encarcelado a ningún empleador, pero dijo que podría llevar a cabo detenciones por violaciones a las leyes estatales fiscales y del empleo. La amenaza es suficiente para cambiar las prácticas de contratación de los propietarios locales de negocios, sostuvo el alguacil. “No quieren aparecer esposados en las primeras planas ni en la televisión”.

En la ciudad carbonera de Hazleton en el noreste de Pensilvania, con una población de 31,000 habitantes, el consejo municipal fue aún más lejos el mes pasado al aprobar la toma de medidas enérgicas totales contra la inmigración ilegal. La nueva ordenanza estipula que los arrendatarios se registren en el ayuntamiento y establece sanciones de 1,000 dólares diarios para quienes renten a personas que no tengan licencia de conducir. A los empleadores a los que se atrape “ayudando e induciendo” habitantes ilegales al contratarlos, rentarles propiedad o proporcionarles bienes y servicios, perderán su permiso para operar durante cinco años la primera ocasión y por 10 años la segunda.

Otros condados han seguido el ejemplo de Hazleton. No mucho después, Riverside, Nueva Jersey aprobó una medida similar, y muchas ciudades y comunidades han empezado a considerar seguir el mismo camino.

En Palm Bay, Florida, el consejo municipal votó el jueves por la noche a favor de requerir que las empresas de la ciudad entreguen declaraciones juradas en las que se certifique que no contratarán intencionadamente trabajadores no autorizados. Habrá una audiencia pública y votación final el 17 de agosto.

Tales propuestas están generando divisiones tajantes en comunidades, así como una resistencia fuerte por parte de las organizaciones defensoras de la inmigración. De hecho, en julio, el modelo de nuevas medidas de control de la inmigración, cuyo borrador se hizo en San Bernardino, California, no logró convertirse en boleta de referendo para el otoño. Aun así, los grupos por los derechos de los inmigrantes están batallando para ponerse al día con las iniciativas locales.

Su organización y una coalición de grupos de defensoría se reunieron para ayudar a derrotar las medidas en Avon Park, el cinturón cítrico de Florida, y en Kennewick, Washington. En los lugares donde se han aprobado las ordenanzas, los oponentes planean ir a los tribunales. Trasvina dijo que las medidas son una acción preventiva “inconstitucional” de la autoridad del gobierno federal sobre la inmigración y también “una mala política local” que podría conducir a la discriminación contra cualquiera que parezca o suene extranjero.

César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educativa, dijo que su grupo está elaborando una demanda contra Hazleton, que será presentada a principios de la semana entrante.

No obstante, su teléfono suena casi todos los días con llamadas para darle información sobre iniciativas locales. Algunas de las más recientes están en la ciudad turística de Cape Cod en Sandwich, Massachusetts y en el condado Suffolk en Long Island, Nueva York.

“No me sorprende”, dijo Perales. “Estoy totalmente seguro de que a menos que tengamos éxito en derrotar algunas de estas ordenanzas, se van a propagar como un incendio fuera de control”.

El presidente Bush, quien en los últimos meses ha prestado renovada atención a los temas migratorios y
fronterizos, visitó el jueves el Valle del Río Grande en Texas para enfatizar la llegada de poco más de seis mil guardias nacionales a los que despachó como fuerza de apoyo para la Patrulla Fronteriza en el sudoeste.

Sin embargo, muchos funcionarios locales están lejos de estar satisfechos.

El gobierno federal “le ha fallado a los estadounidenses”, dijo el alguacil Sigifredo González, hijo, del condado Zapata en testimonio escrito enviado a la audiencia sobre seguridad fronteriza de la Cámara de Representantes del 7 de julio.

González dijo que “debido a la frustración”, él y otros alguaciles formaron una coalición de condados
fronterizos desde Texas hasta California. Dijo que con pandillas cada vez más violentas que entran a su condado, el gobierno federal no ha hecho lo suficiente y ha dejado que el estado pague por la vigilancia extra.

“En Texas usted no nos dejó otra opción; tuvimos que hacernos cargo de la pelea para salvar nuestros condados”, dijo el alguacil.