Nicaragua hacia una encrucijada política

Por José Velazquez
El Nuevo Herald

La combinación de una sagaz y perseverante estrategia política de Daniel Ortega ”gobernando desde abajo” a lo largo de 16 años, con las ingenuas, miopes y en ciertos casos torpes decisiones políticas de algunos de sus adversarios permitiéndole obtener la presidencia con tan sólo el 25% de la población elegible para votar, han colocado a Nicaragua en una encrucijada que podría conducirla nuevamente hacia otra dictadura, esta vez secuela de un proceso democrático, o hacia un periodo de franco crecimiento económico y desarrollo social.

Al asumir la Presidencia, Daniel Ortega no solamente recibirá el país en una situación económica propicia para acelerar el despegue iniciado por la presente administración, sino que lo hará con un excepcional control político sobre todos los poderes del estado y sobre instituciones de vital importancia tales como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Ante este peligroso y alarmante control político, amplificado por su capacidad de maniobra sobre los sindicatos y agrupaciones estudiantiles, Ortega tiene ante sí las condiciones propicias para convertir su presidencia en una de logros sociales y económicos significativos que bajo ningún motivo o justificación, deben ser alcanzados a costa de interrumpir la accidentada evolución democrática de Nicaragua.

Desde una perspectiva política partidaria, la fórmula más efectiva y quizás la única capaz de impedir que semejante poder político pueda ser mal administrado pasa por la unificación de las fuerzas liberales en la Asamblea Nacional. Sólo desde ese cuerpo legislativo el liberalismo unido es capaz de lograr suficiente influencia para realizar las urgentes y radicales transformaciones en el aparato estatal que la población reclama. El actual divisionismo sigue siendo la herramienta más efectiva que el presidente electo tiene a su disposición para ejercitar su músculo político y para eventualmente utilizarlo en la consecución de objetivos gubernamentales que podrían ser lesivos a nuestra incipiente democracia.

En la lista de prioridades del liberalismo legislativo se deberían destacar la realización de las reformas constitucionales que eliminen de una vez por todas la reelección presidencial, verdadero origen de las dictaduras y caudillismo que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia republicana. De igual importancia será la eliminación de la disposición constitucional que permite a una descalificada minoría (35 por ciento) elegir presidentes, contradiciendo el más fundamental de los principios democráticos –la voluntad de las mayorías–. Cualquier modificación o manipulación de este principio no es nada más que un violatorio acomodo político despreciativo de la voluntad mayoritaria.

Desde el punto de vista de los nicaragüenses residentes en el exterior, dos tópicos no pueden ni deben ser relegados: a) la cedulación y el voto en el exterior y b) la recuperación del derecho a ocupar posiciones de importancia en el gobierno.

Pese a que todos los esfuerzos realizados por la propia comunidad y por el Poder Ejecutivo a lo largo de estos últimos cinco años se encontraron con una indiferencia claramente orientada a impedir la participación de los nicaragüenses en el exterior, es innegable que éste es un derecho al que no se puede renunciar. La flagrante violación de la ley de identificación ciudadana y de la ley electoral por parte de un Consejo Supremo Electoral supeditado a intereses partidarios debe ser eliminada sin importar qué mecanismo legal se utilice. Es inexcusable que a un sector de la población nicara-

güense que se estima en el 20 por ciento y que contribuye con remesas de $800 millones anuales se le impida el ejercicio de un derecho tan fundamental como es poseer una cédula de identidad nacional y ejercer su derecho al voto.

De la misma forma, la imposibilidad de participar en cargos claves del gobierno acordada entre los ex presidentes Alemán y Ortega en la reforma constitucional del 2000, atenta no sólo contra derechos ciudadanos fundamentales sino contra la misma bienandanza del país. Una nación que como consecuencia de la guerra fratricida de los ochenta vio esfumarse su sector más productivo, no puede darse el lujo de impedir su reinserción en el manejo de la cosa pública, sobre todo después de que este sector ha adquirido un enorme capital profesional y económico a lo largo de casi 30 años de experiencia en sociedades más desarrolladas.

La victoria de Daniel Ortega fue lograda cumpliendo con las reglas de juego establecidas, claramente inadecuadas, pero legítimas; por lo tanto debe ser reconocida, aceptada y respetada por todos los nicaragüenses, independientemente de preferencias y dudas personales sobre su carácter y capacidad. Sin embargo, ello no debe significar una actitud complaciente o de indiferencia hacia su gestión gubernamental. Se hace indispensable una permanente vigilancia y decisiva disposición de impedir, cuando necesario y dentro de los procedimientos legales establecidos, cualquier intención de alterar el orden democrático conquistado con enormes sacrificios. Después de todo, una oposición unificada, firme y constructiva será la mejor asistencia para que el propio presidente electo pueda enmendar su legado histórico.

El autor es Cónsul general de Nicaragua en Miami.