EE.UU.: Senado contra indocumentados

Yolanda Arenales
La Opinión

Señalan que medida para los empleadores ‘perjudicará a pequeños negocios e industrias’

Con 94 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó una propuesta del senador republicano de Alabama Jeff Sessions, que impediría a los negocios que contraten trabajadores indocumentados —incluso sin saberlo— obtener contratos federales por entre 7 y 10 años.

Fue esta la primera acción del nuevo Congreso con mayoría demócrata en el tema migratorio.

Al aprobar nuevas penalidades para las empresas que contraten trabajadores indocumentados, dio una clara indicación de su posición ante la situación migratoria. Sin embargo, algunos analistas dudan de que esta iniciativa votada el jueves sea emulada por la Cámara de Representantes.

“Es más que nada una declaración de intenciones que no va a llegar a ninguna parte” considera Jack Kyser, economista jefe de la Corporación para el Desarrollo Económico de Los Ángeles (LAEDC), quien estima que las posibilidades de que la medida se apruebe por la Cámara Baja son casi nulas.

Por otra parte, Kyser señala que el enfoque del Senado es “preocupante”, porque muestra una tendencia a responsabilizar a los empresarios por una situación que el gobierno mismo propicia.

“Hemos creado una trampa con el señuelo de una mejor vida y oportunidades de trabajo, atrayendo a muchos inmigrantes, a los que luego se quiere castigar”, dijo Kyser. Según el experto, hace falta un programa de trabajadores invitados y medidas similares que ofrezcan una solución legal a empleados y empresarios.

El senador Sessions justificó su posición, al subrayar el peligro potencial para la seguridad nacional de que residentes indocumentados tengan acceso a instalaciones del gobierno a través de contratistas que realizan trabajos para el mismo. En los pasados días se arrestó a 40 trabajadores indocumentados que trabajaban para contratistas del Ejército, como parte de una serie de operativos de corte similar en todo el país.

Pero el punto de vista empresarial es que la propuesta “mata mosquitos a cañonazos” y perjudica el desarrollo económico, al tiempo que no refuerza la seguridad na-cional.

Muchas de las industrias que se verían especialmente afectadas, si la propuesta senatorial se convirtiera en ley, son vitales para California. Destacan entre ellas la hotelera y turística, la agrícola, manufactura y la construcción, en las que abundan los trabajadores inmigrantes.

Las sanciones son parte de la propuesta del Senado sobre el incremento del salario mínimo federal y no figuran en la versión de la Cámara de Representantes de dicha propuesta.

Jeffrey Shoaf, director ejecutivo de asuntos públicos de Contratistas Generales Asociados de América (AGC) se mostró indignado con la posición del Senado.

“Mientras que políticamente no se ha hecho nada en cuanto a reforma migratoria, se vierte sobre los empleadores una responsabilidad que el Departamento de Seguridad Interna no asume” dice Shoaf.

Al momento de cierre de esta edición, la Cámara de Comercio de Los Ángeles no tenía todavía una posición, pero la Cámara de Comercio de Estados Unidos ya declaró que este tipo de medidas perjudican sobre todo a los pequeños negocios, que son los que menos medios tienen para hacer comprobaciones de estado migratorio.

Angie Wei, directora legislativa de la Federación del Trabajo de California (CLF) comenta que estas acciones perjudican tanto a empleadores como empleados.

“Los trabajadores indocumentados ya están aquí, y están contribuyendo a la economía. Lo que hay que hacer es favorecer su legalización, en lugar de forzar a los empleadores a que los persigan y discriminen” dijo Wei