Aires de secesión en Gran Bretaña
Por Graciela Iglesias
La Nación
LONDRES.- Aires de “emancipación” están circulando con fuerza por el primaveral clima del Reino Unido.
El último viernes, las autoridades del archipiélago de Guernsey evaluaron, en una reunión secreta, la posibilidad de cortar los lazos de más de 800 años que los unen a la corona británica.
La discusión, se aseguró, fue “hipotética”. Pero el mero hecho de que el tema haya sido tan siquiera contemplado, especialmente cuando faltan diez días para las elecciones regionales y municipales que pueden llevar al poder en Escocia al Partido Nacionalista Escocés y, con ello, empezar el camino hacia la independencia total de ese reino, no puede ser otra cosa que un gesto significativo.
Ubicado al sur del Canal de la Mancha, el Bailiazgo de Guernsey (del francés Baillage de Guernsey) incluye tanto a la mencionada isla como a las de Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, Lihou y unos cuantos islotes.
Su posición constitucional es tan singular que el impacto de una eventual emancipación sobre otros territorios de ultramar resulta dudoso. La isla de Guernsey, así como el resto de las islas anglonormandas, es uno de los últimos remanentes del ducado medieval de Normandía. No forman parte jurídicamente del Reino Unido, sino exclusivamente de la corona británica y específicamente de Isabel II en su calidad de “duquesa de Normandía”.
Eso significa que el Parlamento británico no tiene injerencia alguna sobre su territorio. Tampoco figura entre los 14 territorios considerados “dependencias” británicas, como las islas Malvinas y el peñón de Gibraltar.
Al igual que la vecina isla de Jersey, la economía de Guernsey depende en gran medida de su condición de paraíso fiscal.
Los murmullos de secesión serían producto del descontento generado por una amnistía declarada por las autoridades impositivas británicas (Inland Revenue) para aquellos que tienen fondos depositados en centros off-shore, como Guernsey, con vistas a desalentar la fuga de capitales y combatir mejor el delito del “lavado de dinero”.
La medida fue adoptada sin consultar al gobierno de las islas anglonormandas y en reacción a una directiva europea en cuya confección los isleños -que no forman parte de la Unión Europea- no pudieron hacer escuchar su voz.
Durante su sesión a puertas cerradas, los miembros de la Legislatura isleña discutieron cuatro escenarios: el mantenimiento del statu quo, la federación con Jersey, la independencia del Reino Unido y una asociación más estrecha con la Unión Europea.
“Estamos ansiosos por defender nuestra autonomía, y por eso nos preocupa la forma en la cual medidas adoptadas en Londres y en Bruselas nos pueden afectar adversamente -explicó el ministro de Salud del archipiélago, Peter Roffey-. Pero no estamos haciendo ninguna propuesta concreta para un cambio constitucional.”
El jefe de gobierno, Geoffrey Rowland, que participó del encuentro, aseguró que la deliberación debe considerarse “un seminario para estimular el pensamiento libre y no el inicio de un proceso de emancipación”.
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