España: La Justicia como arma arrojadiza

Editorial – ABC

La utilización de la Justicia como arma arrojadiza entre partidos políticos pasa factura cuando las resoluciones judiciales no se corresponden con las expectativas creadas. Sin embargo, lo más grave de esta manipulación de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos para acudir a los Tribunales es que nadie parece estar obligado a responder, ante ninguna instancia, de los juicios paralelos, de las acusaciones calumniosas ni de los daños al honor de las personas.

Recientes y buenos ejemplos de estas carencias del sistema son la absolución del “caso del lino” y el archivo del presunto fraude electoral en Melilla. Ambos son paradigmas de utilización política de la justicia y del sentido oportunista con el que se pretende aplicar la ley penal.

El juicio por el supuesto fraude del “caso del lino” fue impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, cuando su superior era Carlos Jiménez Villarejo, últimamente interesado en sentar a José María Aznar en el banquillo por la intervención militar aliada en Irak.

El “caso del lino” fue la coartada para una feroz campaña socialista contra la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y para un ataque constante al Partido Popular en las elecciones locales de 2003, sobre todo, por parte del entonces candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Bono. La absolución de todos los acusados resuelve este episodio en su aspecto legal, pero deja pendientes otras cuestiones de muy difícil reparación, como los perjuicios morales y el engaño a los electores.

No muy distinto ha sido el caso del inexistente fraude electoral en Melilla, presentado como un “intento de pucherazo” por parte del PP y resuelto con un auto de archivo de la juez de Instrucción, respecto del gerente de ese partido en la ciudad autónoma. El encargo de impresión de formularios para solicitar la documentación necesaria para votar por correo llevó a Zapatero a pedir que “no se usaran métodos fraudulentos” en las elecciones de 2007. Nada importaba que la falsificación era imposible pues tales impresos no sólo carecen de números de serie, código de barras o sellos oficiales, sino que sólo son auténticos en cuanto son rellenados y presentados por cada elector ante la oficina de correos, siendo este trámite el único en el que cabría un falseamiento, pero no del documento, sino de la identidad del votante.

Al final, parece que el problema es, únicamente, una discusión acerca de quién puede elaborar y distribuir los mencionados impresos. Y si el formulario que se presenta en correos no se corresponde con el modelo administrativo, simplemente se rechaza, como ya ha sucedido. Pero esto no es un delito de falsedad documental.

El abuso de la persecución penal en el ámbito político durante esta legislatura empieza a ser una notoria infracción de los principios del sistema democrático y del Estado de Derecho. La forma sesgada con la que, por ejemplo, la Fiscalía General está tratando las denuncias por corrupción urbanística, según esté implicado el PP o el PSOE, está en abierta contradicción con el respeto que esa institución debe al principio de legalidad. Algunas de las detenciones de alcaldes y concejales, ordenadas por la Fiscalía y no siempre seguidas de medidas cautelares judiciales -lo que no quiere decir que las imputaciones no tengan fundamento-, constituyen una desproporción inconstitucional en el ejercicio de esa facultad del fiscal, que contrasta con la falta de interés -rayana en la obstrucción- que está mostrando en la depuración de responsabilidades en el “caso Ciempozuelos”, que afecta de lleno al PSOE.

La democracia española no debe convertirse en un paraíso de impunidad para quienes, por acción u omisión, vulneran sus funciones legales o aprovechan insidiosamente los procesos judiciales en beneficio propio o de intereses espurios. La responsabilidad es inherente al ejercicio de los derechos individuales y de la facultades públicas. Negarlo, como se está haciendo, va a convertir a España en una república bananera donde salga gratis violar las leyes y jugar sucio.