Surge otro planteo sobre desechos tóxicos

Por Emilio J. Cárdenas
La Prensa, Buenos Aires

Desde estas mismas columnas nos referimos hace sólo un par de semanas al llamado “síndrome de Esquel”, esto es, a la reiteración de reacciones sociales organizadas en contra de algunos proyectos mineros en particular, a los que se acusa (más o menos livianamente) de poder causar daños irreparables a la salud, algunas veces sin escuchar razones, con una actitud que quizás podría sintetizarse en “por si acaso”, simplemente: “no”, “bajo ningún concepto”, son las consignas. Sin detenerse siquiera a pensar en consecuencias o alternativas disponibles. Otras, en cambio, no. Esas reacciones no son patrimonio exclusivo de nuestro medio y están ocurriendo también en otras latitudes.

El caso Newmont Mining

La multinacional minera Newmont Mining, con base en Denver, Colorado, acaba de sortear un difícil escollo, de ese mismo tipo, en Manado, Indonesia. La resolución judicial recaída en su caso es, creemos, emblemática. Su subsidiaria local, Newmont Minhasa Raya (NMR) y, como suele suceder, también sus ejecutivos, habían sido objeto de una grave denuncia, en la que se sostenía que la empresa minera había “contaminado” fuertemente las aguas de la bahía de Buyat, en la isla de Sulawesi, cerca de Manado, Indonesia, al depositar en su fondo los desechos, presuntamente tóxicos, de la operación minera de extracción de oro y plata. La denuncia se hizo muy pocos días antes de que la operación minera se cerrase, por agotamiento del yacimiento respectivo. Un conjunto de ruidosas ONG locales, como suele suceder, fogonearon intensamente el caso y lo mantuvieron en las cámaras de televisión y en las primeras páginas de los medios, todo a lo largo de los lentos 21 meses que tomó el curso del procedimiento de primera instancia.

Esto tuvo, a su vez, a la comunidad local en ascuas acerca del posible resultado de la dura acción judicial iniciada contra NMR. El fiscal había pedido una multa de 55.000 dólares contra Richard B.Ness (el presidente de la subsidiaria local), a quien se pretendió además imponer una pena de tres años de cárcel. Y otra multa, de 110.000 dólares, a ser impuesta, en este caso, a la empresa.

Como suele suceder, durante el transcurso del proceso, primero se encarceló “preventivamente” a Ness -por espacio de un mes- junto con otros cuatro ejecutivos locales y se les prohibió, a todos ellos, salir de Indonesia. Nadie pensó, por supuesto, en las consecuencias de lo que se hizo respecto de esas presuntamente “malignas” personas y sus familias para el supuesto de que la denuncia no fuera cierta. Quizás porque nadie siquiera “dudaba”, desde que la “condena social” estaba ya impuesta “ex-ante” y porque se creía que la judicial era sólo una “cuestión de tiempo”. Como suele suceder, a la mejor manera de modernos “sans-culottes”, pese a que cada caso es distinto.

Una sentencia independiente

La sentencia, de 260 páginas, sin perjuicio de la presión de los medios y de las expectativas que se habían creado, no hizo lugar a la demanda. El presidente del tribunal actuante, Ridwan Damanik, llegó a la conclusión de que no había prueba alguna que demostrase acabadamente que el haber arrojado los desechos mineros al agua, mediante un ducto de casi un kilómetro de largo, las hubiera “contaminado”, en modo alguno. Al conocerse la sentencia, un millar de todavía exaltados manifestantes, con los ojos desorbitados, empeñados aún en su propia “guerra santa”, protestaron frente al edificio del juzgado, en disconformidad con la sentencia recaída en las actuaciones. Ellos no tenían “duda alguna” de que había “contaminación” de las aguas y que, por esa razón, su salud y las de sus familiares estaba efectivamente en peligro.

Sin rigor científico alguno. Sin querer escuchar razones. Como en los tiempos de la “Inquisición”, para ellos el tribunal sólo debía sellar lo que “ya sabían”. Y no fue así. Aquello de la independencia y la imparcialidad de los jueces los tenía sin cuidado. La verdad, también. Es que algunas “cruzadas” no admiten disidencias ni fracasos. Sus participantes son los “dueños” de la razón. Los demás mienten. Eso es fanatismo primitivo, pero no lo advierten porque están ciegos y sordos, y lo que es grave es que esto les ha sucedido voluntariamente. El caso, cabe puntualizar, se había iniciado por la denuncia de una médica, formulada en julio del 2004, que sostuvo, más o menos desaprensivamente, que había toxinas en las aguas de la bahía que habían, en su criterio, sido generadas por los depósitos de minerales hechos por NMR. La acusación era que esas toxinas producían enfermedades de piel, y hasta algunos mareos.

Hasta se sostuvo inicialmente (alegremente) que un niño había fallecido presumiblemente debido al impacto de esas toxinas. Una acusación seria, sin fundamento real. La mina, agotada, cesó sus actividades poco después, en agosto del 2004. Luego de ello, una liviana “investigación” policial “descubrió”, aparentemente, que había niveles demasiado altos de algunos minerales en esas mismas aguas (especialmente de arsénico, elemento usado comúnmente en las operaciones mineras) que “ponían en peligro la salud de la población local”. Esto originó la inmediata puesta en marcha de los procedimientos judiciales, que ahora han culminado -con un resultado inesperado- su primera etapa.

“Bajando paño”, rápidamente

Durante el proceso judicial, nada menos que once diferentes estudios técnicos, realizados tanto por expertos extranjeros como por locales, se acumularon uno sobre otro, llegando -todos- a la misma conclusión: las aguas de la bahía de Buyat simplemente no estaban “contaminadas”.

Por todo ello, lo cierto es que no hay, pese a las duras acusaciones, que terminaron siendo infundadas, ni “contaminación” ni peligro alguno para la salud de la población local. Y ésta es la conclusión a la que, de cara a las pruebas diligenciadas y con el coraje cívico del caso, llegó, naturalmente, el magistrado actuante. Ante esto, la médica que había primero “denunciado” la peligrosidad de lo sucedido se retractó específicamente, mediante una carta dirigida a la policía, en la que reconocía no haber actuado con la necesaria diligencia.

Cuando esto, sucedió un juicio civil por daños que se había iniciado en paralelo, en el que la población local reclamaba una indemnización de 543 millones de dólares (que la hacía soñar, seguramente), y el gobierno local unos 135 millones de dólares adicionales, se desistió de inmediato, presumiblemente por temor a las consecuencias. Pese a lo sucedido, NMR decidió aportar 30 millones de dólares para un sistema que monitoree seria y sistemáticamente en el futuro las aguas de la bahía de Buyat, lo que de alguna manera tranquilizó a algunos; ciertamente no a aquellos que tienen su propia “composición de lugar” y ya no están siquiera capacitados, ni tienen disposición alguna para escuchar a nadie, y tampoco al tribunal actuante. Así son las cosas. Allí y aquí, seguramente. Y, cuidado, no es imposible que también en torno a la combativa Gualeguaychú pueda -quizás- haber mucho de esto mismo. A la luz de otros casos, no sería del todo sorpresivo. Más allá de los ojos desorbitados, las palabras duras, las actitudes amenazantes, o de los gritos ensordecedores. La razón no se impone sino por el diálogo diligente. En Indonesia y en todas partes.

El autor es ex embajador de la Argentina ante la ONU.