Gestión privada de los servicios públicos: El fin de los mitos

Por Daniel Córdova
El Comercio

Cuando a inicios de los noventa se iniciaron en el Perú las concesiones de los servicios públicos para que sean gestionados por empresas privadas –en particular telefonía y electricidad, y en menor medida la infraestructura de transporte– se inició un camino de doble vía: por una parte, el acceso y la calidad a dichos servicios mejoró notablemente; por otra parte, se generó una serie de mitos contrarios a dichas privatizaciones.

El mito más importante respecto de la gestión privada de los servicios públicos se sustenta en la tradicional hostilidad latinoamericana frente a la empresa privada. Si los teléfonos están en manos privadas, se decía, las tarifas van a subir y, de esta suerte, las empresas se van a beneficiar a costa de la población.

Hoy, más de diez años después del inicio de dicho proceso, podemos constatar que poco o nada queda para sustentar dichos mitos hostiles a la gestión privada de los servicios públicos.

En efecto, por una parte, la calidad y cobertura de los servicios públicos gestionados por los privados son las que más han avanzado. La penetración de telefonía fija y celular sumadas han pasado de 3% en 1994 a casi 40% en la actualidad. Las pérdidas de energía pasaron de cerca de 25% de la generación a 8%, mientras que la interrupción promedio del fluido eléctrico pasó de 72 horas al mes a menos de 0,5 horas al mes.

En la infraestructura de transporte, notoria ha sido la mejora en la gestión del aeropuerto Jorge Chávez, mientras que el puerto de Matarani, en manos de un grupo privado, ha logrado competir exitosamente con el de Arica. Otra ha sido la historia del puerto del Callao en manos de la estatal Enapu, que no solo mantuvo los más bajos niveles de eficiencia imaginables, sino que además llegó a negarse a rebajar sus tarifas cuando el organismo regulador (Ositrán) se lo ordenó.

Algo similar ha sucedido con los servicios de agua y desagüe. ¡Esto al punto de que hay lugares de Lima en donde hay electricidad, teléfono y hasta Internet, pero no hay agua, ni desagüe! En este caso también hemos registrado rebeliones de Sedapal en contra de Sunass, algo imposible de imaginar de una empresa privada de telefonía o de energía eléctrica, frente al Osiptel o el Osinerg, sus organismos reguladores.

Por otra parte, hemos podido constatar que las tarifas de telefonía y de electricidad no solo no han subido, sino que han bajado a lo largo de los últimos años. Así por ejemplo, después del ajuste inicial, los precios de la telefonía bajaron en promedio en 17% desde 1995, mientras que las tarifas de electricidad disminuyeron en 12%. Y en el mismo período la inflación fue de 56%, mientras que las tarifas de agua potable subieron en 27%.

Frente a este panorama contundente, los argumentos hostiles a la gestión privada de los servicios públicos se han basado en comparaciones internacionales de tarifas, sosteniéndose con frecuencia que las tarifas en el Perú son las más caras de América Latina. Algo que hemos tenido la oportunidad de estudiar y desmentir.

En efecto, por una parte, para comparar tarifas de un país a otro hay que tener en cuenta las diferencias de realidades. Ello en particular si nos referimos en los costos de dichos servicios, sobre los cuales los políticos suelen no pensar. Un país en donde predomina la generación hidráulica de energía, como Brasil, tendrá necesariamente costos de electricidad distintos que uno en donde prima la generación térmica, como Chile. Un país en donde el presidente decide congelar las tarifas por decreto, después de una megadevaluación, como es el caso de Argentina, tendrá por cierto menores tarifas (aunque no un mejor futuro) que un país de precios estables y tarifas reguladas técnicamente, como es grosso modo el caso peruano.

Por otro lado, si uno realiza comparaciones minimizando las diferencias de entorno que podamos cuantificar, llegamos a la conclusión de que las tarifas de los servicios públicos en el Perú se sitúan a lo más en el promedio de la región latinoamericana.

El déficit de servicios públicos en el Perú sigue siendo inmenso. La única manera de reducirlo es alentando la inversión privada en estos sectores, lo cual pasa por un equilibrio razonable entre la regulación de tarifas y el fomento de dicha inversión. No es aconsejable entonces que los organismos reguladores carguen sus baterías demasiado en la reducción de tarifas. Deben pensar más en quienes no tienen acceso a los servicios que en reducirnos los costos a quienes ya tenemos la suerte de disponer de ellos.

El autor es Decano de Economía de la UPC y Director del Instituto Invertir de Perú.