Redefinición económica del Estado

Por José Luis Cordeiro
El Universal

La Gran Depresión de la década de 1930 inició un acelerado proceso de redefinición económica de los Estados latinoamericanos. Los gobiernos de entonces, a través de las nacionalizaciones, pasaron a controlar directamente importantes sectores productivos y dirigieron gran parte de la actividad económica. Los Estados se convirtieron así en el principal empresario, empleador, inversionista, productor, consumidor, distribuidor, comprador, controlador y regulador. Tal nivel de intervencionismo estatal funcionó aparentemente durante algunas décadas pero, al igual que el comunismo, terminó colapsando abruptamente llevándose consigo muchos ciudadanos a la pobreza.

La Mega Depresión de la década de 1980 inició otro proceso de redefinición económica de los Estados. Los gobiernos comenzaron a darse cuenta que la administración pública por sí sola es más que suficiente. Después de enormes pérdidas, varios gobiernos decidieron regresar a su rol original. Los pocos recursos con que cuentan los Estados deben ser utilizados en educación, salud, seguridad e infraestructura básica, no en bancos, casinos, hoteles, ingenios azucareros, siderúrgicas, empresas telefónicas y petroleras.

De hecho, hasta en los servicios básicos como educación, salud y seguridad es necesario inyectar competencia a través de la participación del sector privado. El aumento en el número de escuelas y hospitales privados, al igual que el creciente número de guardias locales, son ejemplos de la iniciativa privada forzando la mejora de los servicios públicos. La competencia es la mejor forma de incrementar la calidad de los servicios y aumentar las opciones para la población. La prestación de servicios públicos tiene como objetivo satisfacer a los ciudadanos, si el sector privado lo hace mejor que el público, entonces el sector privado debe encargarse de tales funciones.

Hoy los gobiernos deben concentrarse sólo en actividades básicas que el sector privado no esté en disposición de ofrecer satisfactoriamente para la mayoría de la población. Esas áreas son relativamente pocas y por eso algunos intelectuales proponen hasta la completa privatización del gobierno. De hecho, actividades aparentemente tan básicas como el suministro de agua y la garantía de pensiones han terminado en desastre bajo la administración pública.

Los pobres no tienen servicio de agua o pagan mucho más que los ricos, y las pensiones laborales no han sido invertidas sino consumidas en el gasto público corriente. En pocas palabras, muchos gobiernos, además de muy malos administradores, han dilapidado los bienes públicos.

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