Irrestricta libertad de expresión

Por Sergio Muñoz Bata
El Comercio, Lima

Del perturbador poder de los comentaristas de extrema derecha en las estaciones de radio local y nacional de Estados Unidos no hay duda. Pero proponer, como lo han hecho algunos congresistas mayormente demócratas, que el Gobierno proclame una ley para imponer imparcialidad en el discurso público podría tener consecuencias todavía más aberrantes.

Para nadie es un secreto que hace apenas un mes, aun cuando todas las encuestas coincidieron al señalar que la mayoría del pueblo estadounidense deseaba que el Congreso aprobara el proyecto de ley de inmigración, fue el celo antiinmigrante de comentaristas como Rush Limbaugh, Sean Hannity y Michael Savage, lo que motivó la movilización de miles de activistas que intimidaron a un puñado de congresistas pusilánimes descarrilando así la esperanza de reformar un sistema migratorio que hace décadas dejó de funcionar.

Y esta no ha sido la primera vez que este elenco, que en su versión ampliada incluye a Oliver North y a G. Gordon Liddy, así como a Bill O’Reilly, el vocero favorito del ultra conservador Rupert Murdoch, se sale con la suya.

Y seguramente lo volverán a hacer, sobre todo ahora que se vanaglorian de “tener más poder que el Senado de la República”, en el momento en el que del electorado surjan señales inequívocas del inminente cambio en la Casa Blanca y en el Senado para el 2008.

Su ominosa presencia en la opinión pública, sin embargo, no justifica el intento por revivir la vieja doctrina de la imparcialidad obligatoria en los medios electrónicos. Según lo ha expresado el representante Maurice D. Hinchey, aún cuando la mayoría de los medios ofrece información objetiva y balanceada cuando expone temas controvertidos, la obligatoriedad de la información imparcial debe ser restablecida en las estaciones de radio hablada.

Para Hinchey, “es muy importante que el pueblo estadounidense pueda tomar sus decisiones basado en su habilidad para obtener toda la información que necesita y no dependiendo solamente de lo que alguien tenga a bien proporcionarle”.

La doctrina, que surgió en 1949, obligaba a los medios electrónicos a dedicar tiempo para discutir asuntos de interés público y a salir al aire exponiendo puntos de vista contrastados sobre los temas más controvertidos.

En 1969, la Suprema Corte de Justicia falló sosteniendo su constitucionalidad, pero un poco después concluyó que la doctrina “insoslayablemente sofocaba el vigor y limita la variedad del debate público”. En 1987 desapareció del reglamento de la FCC y cuando el Congreso intentó revivirla como ley ese mismo año, Ronald Reagan la vetó.

A pesar de la repugnancia que me provocan comentaristas como Limbaugh, no me convence el argumento de que, en la era de la ‘blogósfera’, el monopolio informativo de la derecha en la radio hablada le impida al ciudadano común y corriente obtener la información que necesita, objetiva, de izquierda o de derecha, para normar su criterio.

Por otro lado, basta con observar la asfixia gubernamental a los medios de comunicación en Cuba o su asedio en Venezuela, para convencerse de que tratándose de la libertad de expresión y de prensa la mejor ley es la que no existe, y para apreciar la sabiduría de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. cuando ordena que “El Congreso no promulgará ninguna ley…”.

El autor es periodista.