Triunfo de los indocumentados

Por Sergio Muñoz Bata
El Nuevo Herald

Fuera de Pennsylvania, es poco probable que haya quien reconozca el nombre de Hazleton, un pueblo de unos 30,000 habitantes a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos tiene cierta fama por una xenofóbica ordenanza que amenazaba con multar a caseros que rentaran viviendas a trabajadores indocumentados y a los patrones que los contrataban.

Su insignificancia, sin embargo, podría cambiar si un importante fallo del juez federal James M. Munley llegara a sentar precedente y si ese fuera el caso, aguantando la náusea, quizá tendríamos que agradecer la perversidad del alcalde Louis J. Barletta por su colaboración involuntaria a la causa de los inmigrantes.

Lo que Munley dictaminó es que los gobiernos estatales y locales no pueden usurpar las funciones del gobierno federal en asuntos migratorios. También falló que la ordenanza viola la Enmienda 14 de la Constitución, según la cual ningún estado podrá negar a persona alguna la protección equitativa de las leyes. Es decir, que un acto de ilegalidad (haber entrado sin documentos al país) no invalida los derechos de los indocumentados.

En el año 2000, la población del viejo pueblo rodeado por minas de carbón rondaba los 23,000 habitantes, hasta que necesitaron la mano de obra barata de unos 10,000 latinos para trabajar en empacadoras, transportación y otras industrias de manufacturas. Y con ellos llegaron empresarios latinos que abrieron nuevos negocios.

En junio de 2006, el alcalde Louis Barletta acusó a los nuevos residentes por la creciente ola de crímenes y utilizó el caso de dos indocumentados de República Dominicana acusados de homicidio para apresurar la aprobación de la ordenanza, aunque después la fiscalía tuvo que levantar los cargos por no contar con testigos confiables. Ambos permanecen en la cárcel esperando la orden de deportación.

Si Barletta no acepta la propuesta del liderazgo republicano para postularse a la Cámara de Representantes, es probable que apele el fallo de Munley ante la Suprema Corte de Justicia. Y quedan pendientes 2,300 ordenanzas municipales y proyectos de ley estatales que afectarían a los indocumentados si el fallo de Munley no sienta precedente.

Por lo pronto, hay que aplaudir al poder judicial por tener la lucidez para aplicarles la ley a los verdaderos infractores; por resaltar la pusilanimidad del Congreso, que recién mostró su incapacidad para reformas la inoperante ley de inmigración actual. Al juez Munley hay que agradecerle por devolver su dignidad a los trabajadores indocumentados y por recordarle a la nación entera que la Constitución protege los derechos de las personas independientemente de su situación migratoria en el país.

Lo más alentador, sin embargo, es un reporte del Servicio Nacional de Inmigración según el cual hasta junio de este año hay 811,810 solicitudes de ciudadanía en trámite, es decir, 67% más que las registradas el mismo mes hace un año. Y si bien es cierto que la apresurada ciudadanización se debe al alza en las cuotas, es evidente que tendrá importantes consecuencias políticas pues el tema que unifica a mexicanos con mexicoamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y demás latinoamericanos es la inmigración.

Y si de algo pueden estar seguros los políticos antiinmigrantes es que para noviembre del 2008 en ciertos estados clave de la Unión Americana pagarán las consecuencias de su infundado resentimiento contra los trabajadores que vienen a este país a realizar el trabajo que nadie más quiere o puede hacer.