Argentina: Campo minado para el nuevo presidente

Por Carlos Pagni
La Nación

Espiral inflacionaria. Crisis energética. Restricción fiscal. Estos problemas encabezan el inventario que Néstor Kirchner dejará a la próxima administración. La herencia maldita, podría decir su sucesor. Pero como lo más probable es que el 28 de octubre se imponga la senadora Cristina Fernández, será difícil escuchar ese diagnóstico. Razones político-sentimentales.

Diga lo que diga, el próximo presidente caminará sobre un campo minado. La economía no será la que acompañó a Kirchner. La incógnita más importante, casi la única, es si los remedios se aplicarán antes o después de que las bombas estallen.

La novedad más reciente es la extenuación del Tesoro. La Argentina fue el peor performer de los países emergentes durante el pico de la crisis financiera internacional. Los mercados la castigaron con mayor severidad porque comenzaron a dudar de su solidez fiscal. No se equivocaron. Mantener el superávit nominal en 21.500 millones de pesos será una hazaña. Y eso que se destinan fondos jubilatorios a solventar el gasto corriente.

Este aumentó hasta el despilfarro, lo que explica incrementos presupuestarios como el que se decretó el viernes pasado. Habrá otro similar antes de fin de año. Cuando el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, mostró a Kirchner las dificultades de caja, se dispuso que el próximo presupuesto contenga un recorte de 50% en los subsidios a distintos sectores: del transporte a la ganadería, pasando por las empresas de energía, en especial las generadoras.

La intención es mostrar un superávit fiscal del 3% del PBI que, bien medido, hoy ya no existe. En el pizarrón es fácil. Pero el recorte no sucederá sin conflicto político.

La financiación del Estado se encontró con nuevas dificultades en la crisis. Hasta fin de año faltan 1500 millones de dólares. A la Argentina la acaban de castigar con una tasa de 12% en dólares. Hace seis meses Kirchner consideraba una humillación pagar una de 9% y ordenaba suspender la emisión de deuda.

El mundo de Cristina será otro mundo. Para 2008 habrá que conseguir 6000. Le será difícil hacer frente a los pagos de 2009 sin dar alguna señal de consistencia fiscal. También algún guiño hacia los acreedores: por ejemplo, cerrar la negociación con el Club de París.

El nuevo diseño para el área económica que estudia el Gobierno acaso acentúe estos problemas. Prevén crear un Ministerio de la Producción, en el que quedaría Miguel Peirano, y una mega-Secretaría de Hacienda y Finanzas dependiente de la Presidencia.

Está garantizado el conflicto. No la moderación. La complicación fiscal agrava otro drama: el energético. La escasez de gas y electricidad ya afectó el nivel de actividad industrial, aun en los sospechosos índices oficiales.

No sólo hubo que cortar el suministro a las industrias. También a los consumidores más pobres, impedidos de hacer un cacerolazo en los límites del conurbano bonaerense. Para que Cristina no inaugure su gestión con un apagón, Julio De Vido decidió encarar lo que no hizo en los últimos 4 años. Y eso que su ministerio se llama “de Planificación”.

Todo se hará más tarde y será más caro: como hacen los arquitectos, si se acepta el cliché. El ministro asumió compromisos por 15.000 millones de dólares para los próximos tres años. Ampliarán los gasoductos, construirán uno nuevo desde Bolivia, crearán dos represas hidroeléctricas en el Sur, comprarán las dos centrales de Siemens y otras cinco, más pequeñas, en una licitación de apuro.

En cuanto a De Vido, su continuidad en el ministerio derivó en una cuestión abstracta. Quien lo suceda administrará negocios organizados por él. Se llame Daniel Cameron, José López o Cristian Folgar, tres de los funcionarios que danzan en la rueda de la fortuna del próximo gabinete.

Lo más importante de este plan quinquenal de despedida es que será financiado por el Tesoro. Como si no hubiera limitación fiscal. Salvo que un giro otorgue un rol más relevante a la iniciativa privada en un eventual gobierno de Cristina.

Pero para eso deberá romper con otro tabú de su marido: el retraso en el precio de los servicios públicos, sobre todo de la producción y transporte de gas y de la generación eléctrica. Para alcanzar los efectos deseados, los expertos sostienen que debería producirse un tarifazo de 150 o 200%. Como el ABL de Jorge Telerman.

El sinceramiento aliviaría el frente fiscal, pero obligaría a mirar la tercera tensión económica que dominará al nuevo gobierno: el descontrol de los precios.

Las tropelías en el Indec ocultan algo más grave, y es que el Gobierno carece de una estrategia para evitar la inflación. Al contrario, la alienta.

Los esfuerzos por sostener el tipo de cambio en los 3,20 pesos que el Presidente le indica a Martín Redrado y la política de tasa de interés real negativa para cebar el consumo encontraron un límite.

Si los precios suben un 20% anual y el valor del dinero lo hace al 10%, es lógico que el público se quiera deshacer de los pesos comprando bienes. No se sale de la trampa sin resignar algo de un crecimiento que ya se sostiene a costa de una inflación desbocada. Cuanto más tarde se adopte, más desagradable será el remedio. Por eso ya hay kirchneristas que se preparan para “el segundo gabinete de Cristina”.

Mientras tanto, el sindicalismo, con Hugo Moyano a la cabeza, pretende reabrir las paritarias en marzo próximo con un piso del 20%. Fin para la caja ilimitada, restricciones para la energía barata y los subsidios generosos, dificultades para la protección cambiaria y la política monetaria expansiva.

Estos cambios interpelan a Cristina Kirchner más que a cualquier otro candidato. Todavía no hay registro de que ella los advierta: menos si se ingresa en el flamante www.cristina.com.ar , su book fotográfico.

Sin embargo, el nuevo orden económico modificará la agenda política. La futura presidenta tal vez no consiga mantener las alianzas que tejió su marido: de los industriales proteccionistas y subsidiados al sindicalismo voraz.

Las exigencias fiscales despertarán a los silenciosos gobernadores y, con ellos, al peronismo y al Congreso. Se abre, entonces, la pregunta principal: si, al cabo de sus cuatro años de mandato, Kirchner deja a su amada sucesora un instrumento más eficiente para tomar decisiones costosas. En definitiva, si la política cuenta con algo más de autoridad y respeto que en los tres ejercicios anteriores, cuando los presidentes dejaban el poder antes de tiempo debido a la dimensión de los desafíos.