Argentina: Pago al Club de París: el decreto sacude la estantería del Central

Por Acadio Oña
Clarín

El Gobierno actúa caso por caso. Para un problema, imagina una solución. Pero justamente lo que le falta es algo integral. En este momento, es el problema de los mercados, y como se le señala que tiene que arreglar la deuda con el Club de París decide resolverlo y sacarlo de la agenda”. Así define Jorge Todesca, el ex viceministro de Economía de Eduardo Duhalde, los movimientos espasmódicos del Gobierno, como ajenos a una política articulada.

En este diagnóstico podría entrar la manera, cuando menos descuidada, con que se encaró el default con el Club de París. Se pretende que es un “organismo financiero internacional”. Que bajo esa interpretación es posible aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia y la ley que Néstor Kirchner sacó para la operación con el FMI, y pagar nuevamente con reservas del Banco Central. Sólo que ahora con un decreto simple.

La decisión fue ponderada como un intento por remontar la desconfianza externa y recuperar fuentes de crédito; así haya sido, también, un golpe de efecto político. Pero la instrumentación renguea en un punto clave: el Club de París no es un organismo financiero internacional. Y para el caso no vale el método empleado con el Fondo Monetario.

Para empezar, la organización gobernada por las potencias del G7 se autodefine como “un grupo informal de acreedores públicos”. Y no se considera a sí mismo un acreedor multilateral, como expresamente dice es el FMI.

Y de seguido, porque el propio Ministerio de Economía de la Argentina hace una diferenciación idéntica, en la balanza de pagos. En una cuenta pone la deuda con los “organismos internacionales” y en otra, separada, a los “acreedores oficiales: Club de París, otros bilaterales”, dice. Simplemente, porque no son acreedores equiparables, ni tampoco lo es la naturaleza de las deudas: en este caso, las argentinas.

Está claro que los legisladores oficialistas no van a promover que el pago sea autorizado por una ley específica. Al contrario: convencidos por el relato oficial, en discusiones de pasillo de estos días recitan que “el Club de París es un organismo internacional”.

En cambio, una duda tan grande como los 6.706 millones de dólares en juego sacude hoy al directorio del Banco Central. ¿Cumplir con la ley de Néstor Kirchner o cumplir con el decreto de Cristina Kirchner? Si hacen lo primero, no pueden convalidar el pago al Club de París, porque aquella ley no lo valida. Y si aceptan el decreto, harán algo riesgoso y de muy dudosa legalidad. Ruegan, entonces, por otro instrumento más consistente del Gobierno.

En medio de ese callejón, aparecen otras cosas más claras:

Que los organismos financieros internacionales –el FMI, el Banco Mundial– cuentan con un estatus jurídico especial, de origen, privilegiado y sostenido en tratados multilaterales. Un estatus diferente y sin duda superior al del Club de París.

El FMI presta a los Bancos Centrales. Está aceptado que por esas deudas no hay quitas, ni refinanciaciones; a lo sumo, nuevos préstamos que pueden ser usados para repagos y siempre condicionados.

Que con el Club de París los acreedores son los países que lo integran, tal cual dice el propio decreto de la Presidenta. Los deudores son otros Estados y los créditos, distintos a los del FMI. Y que aquí sí es factible negociar quitas y reestructuraciones.

Todo al fin suficiente como para que no queden dudas sobre que el FMI y el Club de París no pueden ser considerados lo mismo. O bastante más: serios temores de que usar reservas para saldar deudas con países luzca como que no hay frontera entre el Estado y el Banco Central. Que eso pueda ser argumentado por los bonistas que pleitean contra la Argentina. Y que así algún juez de Nueva York declare embargables las reservas del BCRA.

¿Y qué sería un instrumento más consistente del Gobierno, uno que saque a los temerosos de ese pantano? ¿Un Decreto de Necesidad y Urgencia, seguido de una ley, tal cual se hizo con la deuda con el FMI? Cualquiera de ambas vías tendría un desenlace costoso e inevitable: habría debate en el Congreso por el uso de las reservas.

Ya apelar a un DNU vulneraría la promesa de la Presidenta de no echar mano a este recurso durante su gestión. Cabría alguna otra variante, si no es esa misma, que se estaría estudiando en el Gobierno, con la idea de aportarle mayor sustentabilidad a la operación.

Pero así no se hiciera nada más, igual hay un proceso farragoso por delante. Será necesario conciliar deudas de muy diverso origen con cada uno de los países acreedores del Club de París, y son unos cuantos. Discutir punitorios, intereses y otras cuestiones discutibles.

También está pendiente el modo en que el Tesoro Nacional le devolverá al Banco Central los US$ 6.706 millones. Y cómo ese bono pegará en las cuentas del BCRA. Todo, por una deuda cuyo monto final se desconoce. Y al parecer se ignoraba al momento de sacar el decreto.

En fin, un montón de cabos sueltos que no se cierran con un decreto y de un plumazo. Por mucha voluntad de pago que el Gobierno tenga y poca disposición para reclamar una quita.