Venezuela: Vienen más estatizaciones
Por Damián Prat C.
Guayana, con sus virtudes y defectos, sus logros y carencias, es un proyecto industrial planificado, integrado, que aunque incompleto, enlaza cadenas productivas como las del hierro-pellas-briquetas-acero y el de bauxita-alúmina-aluminio, unidas todas por la hidroelectricidad.
“La alternativa no petrolera de Venezuela”, fue como la definió un slogan publicitario de muchos años atrás y que incluso la Corporación Venezolana de Guayana de inicios del gobierno del presidente Hugo Chávez rescató como idea positiva.
Aún se ven viejas vallas de Francisco Rangel Gómez –entonces presidente de la CVG y hoy gobernador de Bolívar– alabando ese norte y usando ese lema, aunque Chávez, al contrario, siempre intentó cambiar la historia al afirmar: “en 40 años aquí no se hizo nada. Fueron 40 años perdidos”.
Todo ese emporio industrial estuvo desde siempre bajo la guía integradora y conductora de la CVG como ente promotor para darle coherencia. Fue un plan de tan largo aliento, un verdadero proyecto nacional de desarrollo pese a sus defectos.
La mejor prueba es que 50 años más tarde el 70% de la electricidad que consume Venezuela proviene de este proyecto, mientras casi toda la cabilla y productos de acero con los que se ha construido casi todo en el país tienen el mismo origen. Además, la industria siderúrgica y del aluminio es la segunda fuente de divisas del país después del petróleo.
Ese grupo de empresas básicas, casi todas en manos del Estado, han confrontado muchos de los problemas de improductividad o falta de rentabilidad propias de toda economía estatista, pero nunca como en éstos últimos cinco años fueron sometidas a un proceso de deterioro tal que –en diferentes grados– están quebradas y en la ruina.
Sidor, en mano privadas, era la excepción pues hasta la tradicionalmente eficiente Edelca tiene sus cifras en rojo y Ferrominera ha perdido capacidad de producción. Del aluminio ya se sabe el estado lamentable en que se encuentra, justo en el período de cuatro años en que vendía el metal a los mejores precios de su historia.
En diez años, el gobierno más “buchón” de nuestra historia no ha sembrado ni un solo nuevo proyecto industrial. Tampoco invirtió en ampliar o modernizar lo existente. En varios casos, hasta el mantenimiento se desplomó como es muy notorio en Bauxilum. Todo lo que hay, estaba allí antes de Chávez. Nada es su obra, pero su gobierno tiene una decisiva cuota de responsabilidad en la quiebra actual.
El “Plan Socialista Guayana 2019” no da respuestas a la crisis, ni asume responsabilidades, pero el documento –que ya dejó de ser secreto para disgusto del alto gobierno que ahora quiere modificar algunos de sus aspectos mas polémicos e impopulares– se propone cambiar nombres y organigramas de un modo tal que pueda borrarse todo lo existente y, sin construir nada, hacer algo totalmente diferente.
100días sin soluciones
Pasado mañana se cumplirán 100 días desde que Chávez, en su discurso de Ciudad Piar, se comprometiera “a presentar en diez días el plan del aluminio”. Ni plan de rescate, ni programa de inversiones. Nada. Una “huída hacia delante” planteando una “transformación socialista en el modelo productivo”.
Además de un discurso sobre el “control obrero”, el plan señala que se creará “un solo consorcio” para el aluminio bajo el nombre de Complejo Socialista Integrado del Aluminio (Cosial) y que progresivamente Alcasa, Venalum, Carbonorca y Bauxilum desaparecerán como empresas para convertirse en “unidades de negocios” o “divisiones” de minas, alúmina, producción de aluminio primario, transformación y comercialización.
En el sector del hierro y el acero, ocurriría algo parecido al crear la que sería llamada Siderúrgica Industrial Socialista Venezolana (Sisven), que igualmente haría desaparecer a mediano plazo a Ferrominera, las plantas de pellas y briquetas como Venprecar, Orinoco Iron, Comsigua; y también a Sidor para dar paso a las unidades de minas, briquetas, producción de acero líquido, productos laminados y terminados y comercialización.
Más centralismo
Uno de los objetivos es centralizar ambos sectores industriales en una sola dirección en Caracas, liquidando la autonomía administrativa y concentrando las decisiones en un cogollo ministerial y político-industrial. De paso se alejaría el poder de decisión de los trabajadores y de la región.
El remate del plan, apenas asomado en el documento, pero conocido de fuentes gubernamentales por este redactor, sería estatizar todas las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales que actualmente transforman el aluminio y quizás el acero.
Se espera para hoy la visita de una alta comisión gubernamental para estudiar “in situ” los anuncios próximos de estatizaciones en empresas de servicios ligadas a las empresas básicas para labores portuarias, de transporte, entre otras.
Altos funcionarios del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) han planteado a esos empresarios que acepten quedarse pero con la condición que el 60% de las acciones sean “de propiedad social” en manos del estado y ellos como socios minoritarios.
Si se niegan serían expropiadas “con pago en papeles y bonos de deuda de CVG y Pdvsa”, o no recibirían ni una tonelada de aluminio primario para trabajar.
A la postre, el plan es convertir a Guayana en un enclave 100% del estado, para convertirla en modelo de ensayo de cómo puede funcionar una economía totalmente estatizada a nivel nacional. Un requisito es poner “bajo control” al movimiento sindical.
El modelo cubano y/o soviético pero denominado “del Siglo XXI” a contrapelo de la caída del Muro de Berlín, de la imposible sustentabilidad de Cuba salvo con fuertes subsidios extranjeros o de la contravía que siguen China y Vietnam que viene de regreso de aquella ruina.
- 23 de junio, 2013
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