Francia avanza sobre la privacidad de los e-mails

PARIS.- Con la excusa de luchar contra la descarga ilícita de música y películas por Internet, el Estado francés tendrá atribuciones para espiar los correos electrónicos de los ciudadanos si la Cámara de Diputados ratifica un proyecto de ley aprobado hace una semana por el Senado.

La perspectiva de que la intrusión y violación de correspondencia privada sea legalizada provocó reacciones en cadena en círculos intelectuales y políticos.

La inclusión de la mención "comunicación electrónica" en el proyecto de ley "Creación e Internet" -llamado Hadopi 2- desencadenó un escándalo de proporciones en Francia, un país tradicionalmente apegado al respeto de la privacidad.

"En su versión actual, el texto abre la puerta al espionaje de e-mails , lo que sería una violación del secreto de la correspondencia privada", advirtió Lionel Tardy, diputado del partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP).

Una primera versión de esa controvertida ley fue censurada por el Consejo Constitucional el 10 de junio y devuelta al Parlamento.

La ley fue pedida por numerosos artistas para proteger sus derechos de autor. Entre los primeros promotores de esa iniciativa estaba Carla Bruni. Poco antes de conocer al presidente Nicolas Sarkozy, la ex modelo y cantante había trabajado en la redacción de ese texto.

El objetivo de ese proyecto es terminar con las infracciones contra los derechos de autor "cometidas mediante un servicio de comunicación al público en línea o comunicaciones electrónicas". La idea, sin embargo, tropezó con la hostilidad de los internautas, que lo consideran una violación del principio de la libertad de compartir contenidos que rige la Red desde su nacimiento.

Si fuera aprobada por la Asamblea Nacional, que debe comenzar a debatirla a fines de este mes, la nueva ley permitirá a los agentes de la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi) ingresar para constatar infracciones en redes de descarga ilegal o en e-mails .

Según el diputado de UMP Michel Thiollière, relator de la ley en el Senado, la introducción de la noción "comunicación electrónica" responde a una exigencia del Consejo Constitucional. Es necesario "evitar desigualdades entre los autores de violaciones de la propiedad intelectual, en la medida en que esos delitos sean cometidos mediante un programa de peer-to-peer u otro medio de comunicación en línea", reza el texto del alto organismo.

Pero la noción de "comunicación electrónica" no está precisada con claridad en el actual proyecto de ley (Hadopi 2). Según la definición del Código de Correos y Telecomunicaciones Electrónicas, esa expresión podría englobar e-mails , chats y servicios de mensajería instantánea.

Los defensores de la ley justifican su inclusión. "La descarga ilegal en Internet no se practica únicamente mediante programas peer-to-peer . Por eso es necesario interesarse en otros métodos de piratería", afirmó el diputado oficialista Franck Riester, relator de la ley en la Asamblea Nacional.

El nuevo ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, justificó también la aparición de esa noción invocando la solicitud de los miembros del Consejo Constitucional.

Entre los detractores del proyecto, el grupo comunista del Senado solicitó la supresión de la expresión. "Esa inclusión constituye una violación de la vida privada", estimó la senadora Brigitte Gonthier-Maurin.

Ante la resistencia de la oposición parlamentaria, sólo la mayoría gubernamental y el bloque centrista votaron el proyecto en la Cámara alta. Los senadores aprobaron el texto con una sola enmienda, que prevé que toda persona sospechosa o acusada de piratería pueda ser convocada por Hadopi y presentarse asistida por un abogado.

El nuevo proyecto completa el texto anterior censurado por el Consejo Constitucional, que había anulado su principal medida: la posibilidad de Hadopi de interrumpir el acceso Internet a los piratas. Según exigieron los sabios del alto organismo, sólo un juez tendrá el poder de suspender un abono y no la autoridad administrativa. Llegado el caso, el juez podrá invalidar el abono por un periodo máximo de un año, imponer una multa de hasta 300.000 euros y pronunciar dos años de prisión.