¿El que nada debe, nada teme?

Prensa Libre

El único problema es que con esa misma facilidad podrán confiscar los bienes de cualquier ciudadano honrado. A riesgo de ser tachado como defensor de criminales, yo creo que la ley no debe ser aprobada.

El proyecto busca confiscar fácilmente cualquier tipo de bienes. Pero, para ello, destruye nuestros derechos constitucionales. El primero es el de la presunción de inocencia. La ley dice que toda propiedad se presumirá ilícita, salvo que su propietario logre demostrar lo contrario (Art. 6). Quiere decir que la carga de la prueba recae en el acusado y no en el Estado, que debería demostrar su culpabilidad. Además, la ley podrá aplicarse de forma retroactiva, de tal manera que si el MP dice que su fallecido abuelito obtuvo sus riquezas ilícitamente, le confiscarán toda la herencia sin necesariamente tener que probarlo.

Prácticamente no existe forma de defenderse. No importa que uno jamás haya sido procesado por delito alguno. Si el MP dice que mi carro fue usado para actividades ilícitas, se quedan con él y yo tengo que demostrar lo contrario. Dicho por el mismo legislador, la ley ha sido creada para poder “decomisar la cosa sujeta a propietarios inocentes”. Y ¿cómo no van a querer, entonces, confiscar a diestra y siniestra, si los bienes se repartirán entre el Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Gobernación? Olvídense de aumentar los impuestos, este es el mejor impuesto de todos.

Contrario a lo que se dice, el Estado de Guatemala no es débil en el combate del crimen organizado. Simplemente es corrupto. El Código Penal ya contempla el decomiso de los bienes de los criminales. La chambonada es que no quieren tener que probar la culpabilidad del criminal en un juicio penal. Lógicamente, como todo el sistema es corrupto, no se logran los resultados deseados. Ahora no habrá necesidad de respetar el debido proceso. A ese mismo sistema corrupto le estaremos entregando este energúmeno jurídico para violar derechos por igual.

Comprendo plenamente la desesperación que tenemos por combatir el crimen. Sin embargo, nunca lograremos justicia y seguridad destruyendo las garantías constitucionales, ni las de los ciudadanos honrados, ni las de los criminales. Creer, ingenuamente, que “el que nada debe nada teme” es darle el beneficio de la duda a un Estado con un presente y un pasado llenos de sendas violaciones a los derechos humanos. El poder absoluto corrompe absolutamente, y el fin no justifica los medios. La ley no debe ser aprobada.