La prensa y el papel

Por Juan Larraín

Diario Las Américas

Este es el caso que ocurre hoy en Argentina, donde parece que a la señora K le incomoda desde hace rato la existencia y la labor informativa de dos medios de comunicación que no corean ni celebran lo que hace su gobierno. Me refiero a los diarios “La Nación” y “Clarín”, siendo este último el blanco principal de sus ataques. Para acallarlos, la señora K presentó con gran despliegue publicitario un largo informe escrito por uno de sus asesores, en el que se acusa a los entonces tres diarios bonaerenses (“La Razón” desapareció luego de declararse en quiebra el año 2000), de apropiarse ilícitamente y en colusión con el gobierno militar de la época (1976) de la empresa “Papel Prensa S.A.”.

Según el informe, la transacción por la que los antiguos propietarios vendieron a dichos periódicos su capital accionario, habría sido el fruto de amenazas. Este hecho, según la Presidenta amerita trasladar el caso a la justicia ordinaria, para que esta analice las evidencias presentadas, en su opinión muy sólidas, y disponga las medidas pertinentes. Todo esto, después que han transcurrido 34 años de los supuestos hechos que nunca antes habían sido impugnados.

No satisfecha con todo lo anterior, la señora K anunció también el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular bajo la tutela del gobierno la producción, venta y distribución del papel de periódico. Esta iniciativa legal, de ser aprobada, le permitirá al Estado ejercer un control directo sobre la prensa escrita, por la vía de manejar el suministro del papel. Esto no es algo nuevo en nuestro continente; Allende en Chile también trató de hacer otro tanto, estrangulando la única compañía que producía entonces el papel que utilizaban los medios de oposición y especialmente el diario “El Mercurio”.

Por lo demás, una semana antes de la divulgación del mencionado informe y la embestida de la señora K contra la prensa escrita, el gobierno había cerrado la empresa de servicios de internet “Fibertel”, de propiedad del Grupo Clarín, alegando que su fusión con la unidad de televisión de cable de este grupo era ilegal. Todo esto se suma a la ley aprobada el año pasado a sugerencia del gobierno para limitar la propiedad de canales de televisión y estaciones de radio, que forzó al Grupo Clarín a deshacerse de varios de estos medios.

La señora K explica estas medidas como una forma de “democratizar” la información y el acceso a ella. Su propio marido y ex-Presidente, se había quejado ácidamente de la manera como informaba el diario “Clarín” y como este había cubierto la derrota electoral de su partido el año pasado. Obviamente, la opinión generalizada dentro y fuera del país es que la supuesta democratización no es mas que una cortina de humo para amordazar la prensa e impedir que ella ejerza su labor en forma libre y responsable. Si los argentinos desean preservar su democracia, deben ponerle coto a estas iniciativas que van en contra de su espíritu libertario y del futuro de uno de sus derechos fundamentales.

El autor es profesor de la Universidad de Miami y ex Embajador de Chile en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OEA.