El dudoso proceso de paz colombiano

El anuncio público del presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, de establecer una mesa de negociaciones con la narco guerrilla
de las FARC causa sorpresa, escozor y hasta incertidumbre.  ¿Puede
considerarse el fin de la larga guerra en Colombia sin tener en cuenta su
sostén financiero y la red mercantil continental, incluidas la transportación y
venta de droga, especialmente con destino a los Estados Unidos? ¿Es creíble un
arreglo como el que se propone el gobierno colombiano con la guerrilla
comunista, limitado a un acuerdo de paz nacional? ¿Qué beneficios pueden
aportar al diálogo entre el gobierno y la guerrilla  la participación de Cuba
y Venezuela?

Es justo intentar llevar la paz a un país que por
demasiado tiempo ha sido azotado por la violencia y el terrorismo de fuerzas
subversivas. Más, ¿es posible emprender ese cometido sin tener en cuenta
factores externos que quedan fuera del escenario, y también determinan, como el
destino de la droga y la fuente que los financia? ¿O la reorganización del
tráfico que bandas criminales intentan desplazar a Centroamérica?

Como un hecho aparentemente aislado a esta paz que se
quiere lograr en Colombia, emerge una creciente manifestación, paradójicamente
unánime, dentro de los países centroamericanos. Desde la frontera sur de México
hasta Panamá, los gobiernos y parlamentos manifiestan la intención de lograr
consenso para legalizar por ley el consumo de la droga en sus territorios
nacionales.

Sin embargo, ¿por qué precisamente ahora semejante
medida legal parece tomar inusitada fuerza? Comparado con el rico mercado de
consumo de USA y Europa, el nivel de vida en Centroamérica es de bajo perfil,
poco atractivo para las ganancias que acostumbran los narcotraficantes
internacionales. Entonces, ¿esta propuesta que busca despejar la legalidad del
consumo es motivada por la modernidad globalizadora, el consolidado triunfo de
una visión contemporánea del derecho personal? ¿O más bien representa un
prudente reacomodo  general del sistema legal y de las fuerzas policiales
y de prevención de las naciones del área, intentando disminuir en lo posible el
nefasto impacto en sus débiles economías de una nueva y poderosa presencia
criminal?

Pese a su enorme capacidad financiera, acumulada por
muchos años de impunidad, los poderosos narcos mexicanos han sido
indudablemente afectados por el creciente combate que en guerra irregular hace
años le imponen las fuerzas del orden dentro de su país. Buscando renovar su
menguado flujo de capital fresco, los poderosos carteles mexicanos se han
desplazado tácticamente de la frontera sur de USA, su principal área de
influencia y beneficios.  Aprovechando la poca capacidad de enfrentamiento
de unas fuerzas policiales poco financiadas y preparadas para enfrentar
semejante desafío, ya han dado varias muestras de crecientes intentonas de
reorganizar la transportación de droga desde Centroamérica hasta el territorio
norteamericano. El nuevo modus operandi se centra fundamentalmente en darles
financiamiento y agresiva operatividad a las violentas bandas de delincuentes
de los países centroamericanos, aunque  tampoco renuncian a
emprender  operaciones con su propio personal, como lo demostró la
reciente captura de una banda mexicana en la frontera entre Nicaragua y
Honduras.

Estas particularidades demuestran dos cosas: la
primera es que el conflicto colombiano no puede llegar a feliz y definitivo
término sin que primero sean anuladas las fuentes de financiamiento de los
elementos de las FARC que ahora dan señales de querer pasar a la lucha política
y competir en pacíficas elecciones para lograr el poder. El peligro que pueden
representar un pequeño grupo de individuos ideologizados en una teoría
totalitaria, que hasta el presente han irrespetado el Estado de Derecho y la
democracia al intentar denodadamente imponerse en el país mediante el uso de la
fuerza y la violencia, y sin desdeñar el terrorismo como brutal instrumento
para masacrar compatriotas, no puede ser ignorado o dejado de tener presente
por muy repentinas y oportunas declaraciones de paz e integración que sean
emitidas por esos extremistas aparentemente arrepentidos. La capacidad de
continuar contando con un flujo de capital ilegal para contaminar y destruir el
orden institucional colombiano no queda definitivamente excluida con tales
declaraciones. La corrupción que traería un creciente e incólume capital
proveniente de las inalteradas fuentes de la droga sería un hecho terrible para
la democracia y el Estado de Derecho que con algunas dificultades se intenta
consolidar en América Latina.

La segunda es que los países centroamericanos
constituyen el terreno donde se podría decidir la derrota continental de la
alianza entre el tráfico de estupefacientes mexicano y la violencia subversiva
de las FARC, destruyendo las fuentes de sustentación de ambos fenómenos
criminales. Previamente sería necesario fortificar Centroamérica mediante un
pacto inclusivo instrumentado con un proyecto continental, que frene y anule la
escalada de expansión operativa de las bandas mexicanas y su innegable poder de
corrupción en la nueva base de operaciones que pretenden consolidar. El peso
que los Estados Unidos y Canadá podrían aportarle con su tecnología, experiencia
e información de inteligencia serían determinantes, tal como se ha reflejado en
el Plan Colombia y que lamentablemente no se ha consolidado con un semejante
Plan México. Están a la vista los adversos resultados de esta falta de acuerdo
por las autoridades de ambas naciones para un proyecto de mutuo beneficio en
esta importantísima fase de la lucha contra el narcotráfico y la tenaz
supervivencia de la guerrilla colombiana.

Y debe mencionarse que la lucha frontal del ex
presidente Álvaro Uribe, que en sus dos gestiones de gobierno propino duras
bajas a las FARC y cambio el escenario nacional, dejando a la narco guerrilla
en una situación de desventaja total, y que devolvió la tranquilidad ciudadana
en gran parte del territorio colombiano, no alcanzó aniquilar a esas tropas
insurgentes por el refugio y la protección solapada que reciben en los
territorios fronterizos de Venezuela y Ecuador. Sin ese significativo apoyo
habría sido difícil que aún se sostuviera en beligerancia ese grupo
armado.         

La reciente revelación sobre la presencia del gobierno
cubano en las negociaciones de paz en Colombia también arroja una lúgubre luz
sobre sus resultados positivos que el mismo podría traer para el pueblo
colombiano. Los representantes de la Junta Militar castrista reciben
instrucciones de la misma dictadura totalitaria que durante años promovió,
entrenó, suministró armas, inteligencia, refugio y hasta base para
negociaciones a los subversivos y narcotraficantes colombianos.

Juez y parte de esta sangrienta lucha fratricida, el
régimen cubano es igualmente responsable de su larga duración. ¿Por qué se
incluye a semejante enemigo de la paz y la libertad en tales conversaciones?
Dando vueltas en el mismo punto, América Latina parece trasnochadamente influenciada
por una vieja táctica occidental frente al totalitarismo soviético. La pasiva
contención y tolerancia inclusiva de los gobiernos del continente con un
ponzoñoso sobreviviente político que intenta subvertir y destruir la democracia
y el Estado de Derecho en cualquier parte, pero sobre todo en su entorno
cercano, también parecen inspiradas en la desacertada certificación de la
Administración Obama al calificar al sistema imperante en la isla como no
peligroso. Este lamentable error a mediano plazo puede pesar 
negativamente sobre las intentonas de pacificación en  el hermano país
suramericano.