La acelerada argentinización de Chile

Por Cecilia Fernandez Taladriz y Daniel Birrell R

Tenemos excelentes amigos en Argentina, un país cuya herencia cultural y tejido social admiramos, de modo que cuando hablamos de argentinización nos referimos a aspectos de su realidad que nos duelen.  Si hace unos ocho años alguien nos hubiera dicho que Chile se “argentinizaría” mientras la Argentina transitaba el camino del retorno al sentido común, simplemente nos habríamos reído.

En Argentina casi todas las industrias están concentradas en pocos actores dominantes porque en una economía cerrada e híper regulada “hacer cumbre” es difícil. Es en las alturas donde para facilitar la gestión de los negocios se llega a acuerdos con el poder. No estamos diciendo que en Chile la corrupción sea generalizada, pero hacia allá vamos. Un buen amigo argentino nos recomendaba hacer negocios solo con empresas con domicilio conocido y oficinas con raigambre, con una historia de generaciones que entre por la vista. Se entiende, ¿verdad? Y luego está la economía sumergida, la que evade el control fiscal, la que en Chile se ha denominado “empleo por cuenta propia”, el único que ha crecido con fuerza durante este Gobierno que termina.

Las consecuencias del déficit fiscal, de la caída en la inversión, del incremento en el riesgo país y de las dádivas fiscales a los grupos de interés (denominados derechos sociales) son crecientemente visibles.

Se dice que una debilidad del discurso de derecha es que el “dato macro” solo convence al especialista, mientras el populismo arrasa con sus promesas. Si, por otra parte, unos y otros siguen concentrados en ofrecer más a cambio del voto, veremos también cómo florece ese rasgo tan característico de la política trasandina que es el olímpico desprecio por el dato duro, por la estadística. Algo de esto ya lo vimos en el candidato oficialista durante el último debate presidencial. Sus cuentas no cuadran, pero es más grave: eso ya no les interesa con tal de conservar el poder. Ojalá tomen nota los políticos, porque se trata de un fenómeno inédito desde el retorno de la democracia. Si la política ya no pondera el costo alternativo, la administración del Estado se convierte en un saqueo (más o menos elegante) de las arcas fiscales.Y de esto es fácil dar ejemplos.

¿Cómo hacer un discurso que se entienda, que traduzca el dato macro al nivel del votante promedio?

El Servicio de Impuestos Internos en Chile ha cambiado los criterios de fiscalización. Por ejemplo, citan a un contribuyente pequeño porque se ha objetado el sueldo del gestor (pactado con quien aporta el capital) y se declara como gasto rechazado, porque a criterio del funcionario éste es excesivo. Se objeta el honorario pagado a un proveedor de un servicio porque en opinión del funcionario el servicio fue de mala calidad. Todo con tal de hacer que una pérdida legítima, típica de una empresa que comienza a rodar, se convierta en utilidad tributaria (o en un menor FUT). Saberse maltratado por un funcionario que está cumpliendo directivas que apuntan a “estrujar el limón” es derechamente vejatorio para quien lo sufre. Esto es una de las consecuencias del déficit fiscal.

Es típico de las dictaduras democráticas (o democracias donde el estado de derecho se ha diluido) el abuso de poder en este nivel, el de la práctica regulatoria que escapa al control legislativo, y ya se instaló en Chile. Existen otros ejemplos muy conocidos, por ejemplo el de la regulación medio ambiental. Ejemplos que ayudarían a construir un discurso que se entienda.

Por otra parte el deterioro que ha sufrido la pequeña y mediana empresa en los últimos años se refleja, y cada vez en mayor grado, en un debilitamiento de las cadenas de valor y productivas y en una creación de empleo exigua y de mala calidad. (En difícil: el deteriorado PIB potencial es consecuencia de las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría.)

Ya es un dato que todo el flujo de bienes y servicios que dependen de alguna entidad estatal puede verse interrumpido por huelgas y paros del servicio púbico de turno (por ejemplo, Aduanas). Solo las grandes empresas pueden provisionar (hasta cierto punto) los efectos de este nuevo escenario. La dramática caída en la inversión, por otra parte, comienza a expresarse en fallas y consecuentes retrasos en las entregas de pequeñas empresas del sector industrial. La palabra “fuerza mayor” (que es parte del día a día trasandino, donde los contratos se cumplen mientras nada nuevo se presente, es decir casi nunca) comienza a aflorar con fuerza en nuestro quehacer de pequeños empresarios.

El deterioro en la posición financiera de las empresas es casi generalizado y ha golpeado con fuerza al pequeño empresario, lo que supone un difícil acceso a crédito de corto plazo. Ello a su vez lleva a reducir los inventarios de seguridad de materias primas y de productos terminados. La sumatoria de los factores arriba señalados es simple. La pequeña empresa hoy está expuesta a riesgos de incumplimiento mucho más altos que hace cuatro años, lo que solo favorece la concentración de todas las industrias en menos actores, reduce la movilidad social y la innovación. Pero mucho más grave es el deterioro de las confianzas, cuyas consecuencias se pueden resumir en lo que denominamos progresiva “argentinización” del ambiente de negocios.

(En difícil: La rebaja en la clasificación de riesgo soberano sufrida por Chile refleja no solo un mayor endeudamiento, también una menor capacidad de servir las obligaciones en el exterior.)

Los emprendedores deben considerar en sus cálculos un capital de trabajo que, en nuestra opinión, es al menos el doble de lo que se requería antes del gobierno de la Nueva Mayoría. En la práctica contribuye (en el mejor de los casos) a licuar tempranamente su participación accionaria con objeto de levantar el capital adicional y a un porcentaje aún mayor de proyectos fracasados. En síntesis, un menor crecimiento potencial y fuga de capital humano de alto potencial, que también en Chile comenzamos a observar. Paradoja: mientras más recursos públicos vayan a educación superior, mayor será la fuga de talentos.

La herencia de la Nueva Mayoría es pesada y difícil de sacudir. No es verdad que todos los proyectos políticos predominantes en Chile no son disruptivos. Las revoluciones no tienen por qué ser ruidosas en todas las etapas, y con la Nueva Mayoría y ahora el Frente Amplio estamos transitando el camino de la ruptura, del tipping-point. Rectificar, por otra parte, supone costos políticos que se deben asumir.

Los partidos de raigambre liberal se volvieron conservadores (del statu-quo que favoreció a unos pocos). Cooptados por determinados grupos empresariales, postergaron por cerca de treinta años el ajuste que clamaba el sistema de pensiones y el de salud, por citar casos evidentes. La deslegitimización de nuestro modelo de sociedad está a la vista. Hay amplio campo para reformas que pueden devolver a Chile a la senda de liderazgo y que deben ser la base de un programa de Gobierno. El reformismo no es una bandera para regalar a la izquierda.