Crisis de infraestructura, cárceles y justicia
El gobierno de Guatemala se vuelve cada día más ineficiente. Con presupuestos cada vez mayores, las carreteras e infraestructura del país deberían estar nítidas, así como la violencia homicida debería disminuir. Lo contrario es lo que ha estado pasando. Carreteras en pésimo estado, puentes colapsando por falta de mantenimiento, deslaves a causa de malos diseños de las carreteras. Por otro lado, puertos que se convierten en cuellos de botella e implican mayores costos para los importadores y exportadores, un aeropuerto que estaba caótico y continúa con deficiencias graves pendientes de solucionar. Por si fuera poco, tenemos un sistema de justicia extremadamente lento que, más que impartir justicia, genera incertidumbre, y un sistema penitenciario corrupto e ineficiente, con cárceles hacinadas, numerosos reos aún en espera de sentencia y, lo más grave, completamente incapaz de mantener bajo control a los delincuentes de máxima peligrosidad que ya han sido condenados.
Llueve sobre mojado, pues recientemente se fugaron 20 presos muy peligrosos, líderes de la pandilla Barrio 18. Las autoridades del sistema penitenciario se dieron cuenta días después de la fuga. Es decir, no tienen control de nada, o lo tienen y les sirve para cometer actos corruptos como dejar escapar a los reos de máxima peligrosidad y otras anomalías que en el pasado se han publicado, además de permitir que tengan comodidades, celulares y otros lujos que les están prohibidos en la cárcel.
Las funciones básicas del gobierno brillan por su ausencia. Si el gobierno tan solo se concentrara en justicia y seguridad, se resolverían los principales problemas del país. Aunque esto también puede ser proporcionado de forma privada, no cabe la menor duda de que el resto de las actividades también. Mientras no se fortalezca y funcione adecuadamente el sistema de justicia y las fuerzas armadas y de seguridad, el crimen no disminuirá. El gobierno es un pésimo administrador, por eso debe concentrarse en pocas cosas que son sumamente importantes y nada más.
Basta con poner unos pocos ejemplos recientes para darnos cuenta de lo mal que administra el gobierno. La autopista Palín-Escuintla, mientras estuvo a cargo de una empresa privada, funcionaba perfectamente. En cuanto la tomó el gobierno, se deterioró y comenzó a destruirse por falta de mantenimiento. Las carreteras estatales cada vez están peores, con baches por todos lados, deslaves, puentes que colapsan, sin señalización y pinturas adecuadas. Menos mal que comienzan, contra viento y marea, a surgir carreteras privadas que han sido una maravillosa solución a la ineficiente intervención estatal. El puerto Quetzal es cuello de botella, debido a un manejo inapropiado e ineficiente, los buques cargueros tienen que esperar días y semanas para poder descargar y cargar. El costo de las mercancías se incrementa por esa falta de control, previsión y manejos adecuados. No hay competencia, pues para establecer un puerto privado te piden mil y un permisos que, con la corrupción y la ideología anticapitalista, te complican la existencia. Aunque no hay en Guatemala, las cárceles privadas, aún con sus críticas, funcionan mucho más eficiente y económicamente que las estatales.
Los defensores de la intervención estatal no quieren ver las enormes ventajas de la actividad privada. La evidencia es contundente, pero la ideología los ciega. El discurso populista que siempre promete cosas que luego no se cumplen es atractivo, pero la evidencia empírica demuestra que lo que hace el Estado es más costoso e ineficiente que lo privado. Nos dejamos llevar por la presión de grupo pidiendo más cosas al Estado. Deberíamos pedir que el Estado no se meta, que deje a las personas trabajar, hacer lo que saben hacer mejor, y no ponerles tantas trabas.
El autor es empresario, catedrático universitario y director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).
- 23 de junio, 2013
- 25 de mayo, 2010
- 16 de octubre, 2023
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