¿Etanol obligatorio? Un privilegio inaceptable

El gobierno de Guatemala, a través del ministro de Energía y Minas (MEM), indicó que prorrogará la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de etanol en la gasolina hasta el segundo semestre de 2026. La necedad de obligar a la población a usar etanol sigue presente en la mente de los funcionarios del actual gobierno, con la intención de favorecer a los productores de etanol en el país. Esta medida es completamente mercantilista y beneficia a un sector a costa del resto de la población. La medida debió derogarse junto con la ley que data de 1985, y no prorrogarse.

El gobierno emitió el año pasado el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante, mediante el acuerdo gubernativo 101-2024 del MEM, que obliga a los consumidores de gasolina a utilizar etanol. Aunque productores y funcionarios están promoviendo la medida trayendo expertos al país para hablar sobre las supuestas bondades de esta mezcla, bajo ningún punto de vista se debería aceptar la obligatoriedad de dicha política. Como he señalado en otras ocasiones, ni el agua a la fuerza es buena.

Hoy nos quieren obligar a usar etanol en la gasolina y, seguramente, mañana intentarán forzarnos a utilizar vehículos eléctricos y quién sabe qué otras cosas más. No podemos aceptar esta terrible restricción a nuestra libertad de elección. Independientemente de sus ventajas o desventajas, la libertad de los guatemaltecos se está restringiendo y reduciendo. De hecho, al analizar el ciclo de vida completo de la gasolina con etanol y las alternativas, no está del todo claro que esta mezcla sea ventajosa para los usuarios ni para el medio ambiente en comparación con otros combustibles que se utilizan actualmente. Obligar a los usuarios implica perder la oportunidad de optar libremente por productos que, en el futuro cercano, podrían ser mucho mejores.

Esta obligatoriedad es una medida completamente mercantilista que otorga un privilegio inaceptable e inmoral al sector productor de etanol. Un privilegio solo es moralmente válido si las personas que no lo reciben están de acuerdo con su otorgamiento. Por ejemplo, se considera que los espacios en los estacionamientos cercanos a la entrada de algún edificio son un privilegio válido y moral para las mujeres embarazadas o las personas con discapacidades de movilidad. Normalmente, quienes no tenemos inconvenientes aceptamos esto y permitimos que esas personas disfruten de ese privilegio. Sin embargo, cuando el costo de un privilegio debe ser asumido por los demás y no estamos de acuerdo con la medida, no es moralmente válido. En el caso de la obligatoriedad del uso de etanol en la gasolina, la solución que no violaría la libertad de los guatemaltecos es la opción de escoger. Por lo tanto, quienes producen etanol pueden establecer gasolineras en conjunto con los importadores y distribuidores de combustibles, permitiendo así que el consumidor elija qué tipo de gasolina desea utilizar en su vehículo.

Otro aspecto injusto de la obligatoriedad es que quienes deberían realizar la inversión inicial en las terminales de importación de combustibles, los tanques de almacenamiento, los vehículos que transportan la gasolina con la mezcla de etanol, las estaciones de gasolina y las bombas, así como los vehículos más antiguos que deben adaptarse a estas mezclas, son los propios productores de etanol, quienes están interesados en que se venda su producto. No obstante, con la ley, la inversión inicial la asumen todos, menos ellos.

La pérdida de libertad comienza cuando no actuamos ante medidas populistas y obligatorias que limitan nuestras opciones de escoger lo que consideramos mejor para nosotros mismos. Defender nuestra libertad implica que no podemos aceptar la obligatoriedad del uso de etanol en los combustibles por ningún motivo.