La verdad como piedra angular de la justicia republicana

En estos días, la historia del doctor Ghisoni se ha hecho conocida a nivel nacional. Víctima de falsa denuncia, ha provocado que la sociedad en general reflexione y vea de cerca la atrocidad de la falsa denuncia. Con miembros de la fundación Contemplatio social charlamos del tema y este artículo es el resultado de la reflexión sobre este tema.

En la Argentina y en una porción significativa del mundo occidental, hablar sobre las falsas denuncias es crucial porque estas no solo afectan la vida de las personas injustamente acusadas, sino que también erosionan la credibilidad de los sistemas judiciales y de protección de derechos. Cada caso de denuncia infundada desvía recursos, tiempo y atención de situaciones reales que requieren una respuesta rápida y efectiva, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones, destruyendo los lazos familiares. En un contexto donde los reclamos legítimos —especialmente en áreas sensibles como violencia de género, abuso infantil o corrupción— necesitan respaldo social y judicial firme, la proliferación de acusaciones falsas pone en riesgo la seriedad y legitimidad de causas justas.

Además, este fenómeno impacta directamente en la sociedad y en la cohesión comunitaria, ya que fomenta un clima de sospecha y polarización, alimentando narrativas políticas y mediáticas que pueden instrumentalizar tanto a las víctimas reales como a los falsamente acusados. En un momento en que la posverdad, la difusión en redes y la “condena mediática previa” pueden arruinar reputaciones en pocas horas, es crucial pensar y hacer leyes sobre las falsas denuncias. Esto es necesario para proteger tanto la presunción de inocencia como la integridad de quienes denuncian de buena fe. Reconocer el problema no implica minimizar las denuncias verdaderas, sino fortalecer un sistema que distinga con rigor entre la verdad y la mentira, garantizando justicia para todos.

Introducción

Una república no se construye sobre la sospecha ni sobre el espectáculo moral de la acusación pública; se erige sobre la verdad, el debido proceso y el respeto por las garantías individuales. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a una creciente banalización del acto de denunciar, donde el solo acto de acusar parece conferir un prestigio ético inmediato, aun cuando no haya sustento probatorio alguno. En este contexto, la discusión sobre la penalización de las denuncias falsas no es secundaria: es el corazón mismo de la defensa del Estado de Derecho.

Dos proyectos actualmente en discusión en la Argentina —el de Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, y el de Lilia Lemoine— abordan esta problemática desde enfoques distintos. Ambos tienen el mérito de visibilizar el problema, pero difieren en su marco conceptual, su técnica legislativa y su impacto sociocultural. Como sociólogo me propongo aquí no solo compararlos, sino también reflexionar sobre la dimensión antropológica, política y ética del tema.

1. La denuncia como herramienta republicana y su perversión

El derecho a denunciar es parte esencial de cualquier república. Es el modo en que el ciudadano, considerado sujeto moral y jurídico, colabora con el orden. Pero cuando esta herramienta se usa para dañar, manipular o ganar poder —como ocurre con la denuncia falsa—, la república se ve amenazada desde sus entrañas.

El liberalismo clásico no ve en el Estado un padre moral, sino una estructura jurídica destinada a impedir los abusos de poder, incluso los que pueden surgir entre ciudadanos. Como afirmaba Juan Bautista Alberdi, “el Estado no es un censor de conciencias, sino el guardián de la libertad”. Y dentro de esa libertad se encuentra el derecho a no ser falsamente acusado y arrastrado por el fango judicial o mediático.

La importancia de penalizar las acusaciones

La existencia de leyes que penalicen las falsas denuncias cumple un rol esencial en el funcionamiento sano del Estado de Derecho. Si bien las herramientas legales están diseñadas para proteger a las víctimas, el abuso de estas herramientas daña la credibilidad del sistema judicial y puede perjudicar gravemente a personas inocentes.

Razones por las que se necesita una ley clara:

Preservar la justicia: Un sistema que no castiga a quien miente bajo juramento o denuncia falsamente, pierde legitimidad.

Evitar la instrumentalización política o personal de la ley: Falsas denuncias pueden usarse como arma en disputas familiares, laborales o ideológicas.

Proteger a las verdaderas víctimas: Si el sistema se sobrecarga con denuncias sin fundamento, se dificulta la atención adecuada a víctimas reales.

Reforzar la confianza ciudadana: Saber que se penaliza la mentira judicial desalienta el uso espurio de los mecanismos legales.

Riesgos y desafíos:

No desalentar las denuncias reales: Es crucial que la norma esté redactada de manera que no inhiba a quienes denuncian delitos verdaderos, especialmente en contextos de vulnerabilidad como la violencia de género.

Pruebas claras de falsedad: Para evitar injusticias, debe establecerse que solo se penaliza cuando hay prueba objetiva de falsedad, no cuando un juez simplemente absuelve al acusado.

Evitar sesgos de género: La ley debe ser equitativa: castigar a quien mienta, sin importar su género ni el tipo de delito denunciado.

2. Comparación entre proyectos: Lemoine vs. Losada-Pagotto

Proyecto Losada–Pagotto

Este proyecto parte de un diagnóstico sensato: la justicia penal está siendo utilizada con fines ajenos a su naturaleza. Propone una reforma del Código Penal que agrave las penas por denuncia falsa y falso testimonio, en particular cuando estos actos provocan consecuencias directas —como detenciones arbitrarias o destrucción del honor público de los acusados.

Tiene como mérito principal su neutralidad: aplica a cualquier persona que incurra en esta conducta, sin distinción de género ni de contexto. Se basa en pruebas objetivas, exige la demostración de la intencionalidad dolosa, y respeta el principio de mínima intervención del derecho penal. Su tono es institucional, jurídico, no emocional.

Proyecto Lemoine

El proyecto de Lilia Lemoine emerge con una narrativa, digamos, de batalla. Denuncia a la “industria de la falsa denuncia” en el marco de la legislación de género y propone una sanción específica para las mujeres que presenten denuncias falsas en ese ámbito.

EL riesgo puede estar en la politización del Derecho Penal como herramienta de revancha ideológica. Por más justificada que sea la indignación frente a ciertos abusos, las leyes deben construirse con prudencia republicana. Lo cierto es que también se debe buscar desmantelar la industria y la mafia del juicio de la falsa denuncia.

3. Implicancias jurídicas y sociológicas

A. La presunción de inocencia como garantía civilizatoria

Penalizar las denuncias falsas es necesario, pero debe hacerse sin erosionar un principio fundacional: la presunción de inocencia. Hoy podemos discutir las palabras de Beccaria, “Mejor cien culpables en libertad que un inocente en prisión”. Toda legislación sobre denuncias falsas debe distinguir entre una denuncia infundada —que puede derivar de un error o un temor legítimo— y una denuncia dolosa y fraudulenta.

B. Impacto sobre las víctimas reales

Uno de los efectos colaterales más graves de las denuncias falsas es la deslegitimación del sufrimiento real. En la medida en que los tribunales se ven saturados por reclamos espurios, las verdaderas víctimas quedan invisibilizadas, y el aparato judicial pierde eficacia y legitimidad. Es lo que advertía Hayek cuando hablaba de la “corrupción institucional a partir del mal uso sistemático de normas bien intencionadas”.

C. La cultura del escarnio y el linchamiento moral

Vivimos en una era donde las redes sociales transformaron la denuncia en un acto performático. La lógica del “te creo porque sí” ha reemplazado a la lógica probatoria. No es el juez el que decide, sino el algoritmo. Penalizar la denuncia falsa no es solo una necesidad jurídica: es una respuesta cultural a la descomposición del valor de la verdad en la esfera pública.

4. Propuesta equilibrada desde el liberalismo.

Desde la Fundación Contemplatio Social proponemos una ley que incluya: La penalización agravada de la denuncia falsa, cuando haya dolo probado y daño concreto.

La aplicación del principio de igualdad ante la ley: sin distinción de género, credo, cargo ni causa.

Un programa nacional de educación cívica y jurídica sobre el uso responsable de los mecanismos legales.

5. Reflexiones filosóficas y doctrinarias

“El Derecho es el lenguaje de la libertad, pero solo si se basa en la verdad.” – Friedrich Hayek “La ley que no es igual para todos deja de ser ley y se convierte en privilegio.” – Juan B. Alberdi  “Un pueblo que celebra la acusación y desprecia la prueba, ha renunciado al pensamiento libre.” – Karl Popper

Conclusión

La denuncia falsa no es solo un delito: es una forma sofisticada de tiranía civil. Es el abuso del sistema por dentro. En una democracia liberal, el único poder legítimo es el que se somete a la verdad y al procedimiento. Por eso, penalizar las denuncias falsas es no solo una defensa jurídica: es un deber moral y cultural.

No se trata de revanchismos ni de luchas de género. Se trata de preservar el equilibrio que hace posible la vida en común: el que garantiza que nadie puede ser condenado sin pruebas, pero también que nadie puede acusar sin consecuencias.

En tiempos de confusión, el liberalismo clásico vuelve a recordarnos que el orden no nace del miedo, sino del respeto a los principios. Y entre esos principios, la verdad sigue siendo el primero de todos.

Comentario:

Tanto el proyecto de Losada–Pagotto como el de Lemoine comparten una preocupación legítima: las consecuencias sociales y personales de las falsas denuncias.

Este artículo está planteado desde el pensamiento sociológico y, aunque es un tema legal, podría parecer una limitación, lo cierto es que he tomado el trabajo de investigar, revisar fuentes para abordar el tema con la mayor responsabilidad posible. No pretendo reemplazar el análisis jurídico, pero sí aportar una mirada crítica y bien fundamentada desde las ciencias sociales. Porque cuando se habla de falsas denuncias, no se puede caer en simplismos ni repetir discursos sin sustento. Hay que mirar el contexto, entender las dinámicas sociales y reconocer que detrás de cada cifra hay historias, tensiones y realidades complejas que merecen ser tratadas con rigor y sin miedo.