Desbloqueando la educación: un cambio necesario

La huelga de algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que causó la toma del parque central y bloqueos en el país, ha sido una demostración más de por qué la educación pública no debe estar en manos del Estado. Es una vergüenza tener maestros que no respetan el derecho de las demás personas. Por más que sus demandas puedan parecer sensatas, aunque no lo sean, no tienen derecho a actuar dañando a los demás.

¿Quiénes salieron perjudicados? Los niños que no recibieron clases porque sus maestros no se presentaron a trabajar, así como quienes se movilizaban en las carreteras y en la ciudad hacia sus diferentes destinos, debido a los bloqueos que les impedían el paso. Aunque tarde, por fin el gobierno, a través de la Policía, actuó para desalojarlos del lugar que ocupaban y de los bloqueos.

Esos maestros dan un mal ejemplo, pues no es a través del chantaje ni dañando a terceros como se progresa en una sociedad civilizada. Todo esto ocurrió porque los maestros querían un aumento del 15% en sus salarios y el gobierno les otorgó el 5%. Está claro que todos queremos ganar más, pero no es a través de presiones de este tipo que se logrará, aunque lo obtuvieran en el pasado.

Si entendieran que, para tener mayores salarios necesitamos una sociedad más rica y próspera, buscarían la forma de que en el país se desregulara y se lograra que el capital invertido per cápita aumentara rápidamente.  Es la única forma de incrementar los salarios reales de todos.

Llevo muchos años involucrado en la educación y creo que la calidad educativa en Guatemala es muy mala, debido a los controles excesivos del gobierno y la camisa de fuerza que imponen a la educación privada. La educación es tan importante que debe ser un asunto completamente de los padres de familia y no del Estado.  Separar la educación del Estado sería un logro enorme. Para ello, es necesario eliminar tanta regulación para la constitución y funcionamiento de nuevos colegios.  Si uno quiere establecer un nuevo colegio privado, debe atravesar un viacrucis de papelería, regulaciones y condiciones que desalientan a la mayoría de las personas. Un colegio privado debería establecerse de la misma forma en que se establece una empresa, siempre que cumpla con las leyes del país.

Una vez establecido un colegio, debe dejarse que funcione libremente, fijando las cuotas y tarifas que consideren necesarias para ofrecer un buen servicio a los alumnos y los padres de familia que lo demanden. Para ello, hay que eliminar todos los controles que se imponen en todos los sentidos y permitir la libre competencia. Justamente, la competencia impide que un colegio aumente sus cuotas a su antojo. Es inaudito que el Gobierno y el Ministerio de Educación impidan la formación de más y mejor competencia en un país con falta de oferta de servicios educativos.

Para aquellos que no pueden acceder a una educación costosa, no hay que olvidar que, en una economía libre, la caridad es mayor, permitiendo alternativas asequibles e incluso préstamos educativos y becas. El rol del Estado sería el de subsidiariedad. No habría educación estatal.

El autor es empresario, catedrático universitario y director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).