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El ABC del monopolio gubernamental del licor en Mississippi
3/11/2000
William F. Shughart II

Cuando la Prohibición del alcohol en el ámbito nacional fue derogada en 1933, de modo tal que el gobierno federal fuese capaz de compensar los ingresos en concepto del impuesto a las ganancias que estaban declinando mediante la reintroducción de impuestos selectivos al consumo sobre las bebidas destiladas, el vino y la cerveza, la reglamentación de las ventas de alcohol fue dejada en manos de los estados individuales.

Mississippi finalmente se “humedeció” en 1966, al escoger convertirse en una de las 18 jurisdicciones que operaban sistemas de distribución mayorista de licores poseídos y operados por el gobierno. Otros estados, como Pennsylvania y Virginia, vendían directamente bebidas alcohólicas a los consumidores a través de licorerías manejadas por el estado, y aún otros, como California, simplemente gravan las ventas minoristas de licor.

Ningún estado pareciera haber reexaminado el régimen reglamentario que eligiera inicialmente. Llegó el momento de detener el tráfico de licor de Mississippi.

He aquí los hechos: la Office of Alcoholic Beverage Control (ABC son sus siglas en inglés para la Oficina de Control de las Bebidas Alcohólicas) de la Mississippi State Tax Commission le compra alrededor de 3.000 marcas y tamaños de embalaje de vino y de bebidas ardientes a los viñateros y a las destilerías. ¿No puede hallar su marca favorita y en el tamaño de embalaje de su preferencia? Es que el mismo no aparece en el “Libro de Precios” de la ABC o en su publicación mensual “Lista de Vinos Finos”.

Las bebidas alcohólicas adquiridas por la ABC son luego enviadas a su depósito de 186.000 pies-cuadrados ubicado en el Parque Industrial del Condado de South Madison, desde el cual cada año 2.000.000 cajones de vino y de bebidas espirituosas destiladas son reenviados a las 1.250 tiendas minoristas propiedad del estado, las cuales poseen la licencia para vender bebidas alcohólicas ya sea para su consumo dentro de las instalaciones como fuera de ellas, según que las leyes locales permitan o no esta opción.

La ley estadual exige que la ABC establezca el precio de venta mayorista en un 27,5% por encima del precio que la misma le abona a sus proveedores. Este margen genera aproximadamente unos $32.000.000 en ingresos al año para el estado, sin contar los impuestos a las ventas los cuales son recaudados también sobre las ventas minoristas de licores. ¿No puede encontrar su marca favorita de whisky o de vino en venta? Las licorerías, como la mayoría de los pequeños comercios, operan sobre márgenes de ganancia muy estrechos. El grueso de esas ganancias son absorbidas por el pesado margen mayorista estadual, el cual establece un piso por debajo de los precios que los minoristas son capaces de cobrar.

En otras palabras, el estado de Mississippi decide qué selección de productos pueden ofrecerles a sus consumidores los vendedores minoristas de licores y los precios mínimos a los cuales los mismos les serán vendidos. Solamente si la ABC celebrase un acuerdo especial con un proveedor y le transfiriese esos ahorros a los minoristas autorizados, bajo la forma de menores precios mayoristas, los consumidores se beneficiarán con alguno de esos ahorros.

¿Qué incentivo tiene la ABC concertar acuerdos especiales? Ninguno. Dado que su tajada es mayor cuanto más alto sea el precio que le paga a las destilerías y a los viñateros, tiene todos los motivos para no preocuparse por buscar gangas.

Aquellos que se oponen al consumo de alcohol por razones de índole moral sin duda alguna aplauden los precios altos y la limitada selección de productos que resultan del monopolio del licor en manos del estado de Mississippi.

Lo mismo hacen los contrabandistas, quienes de esa manera atienden a un mercado más grande del que abastecerían de otro modo. No obstante ello, la justificación ostensible para adoptar un sistema estadual de distribución mayorista en 1933 fue la de que el mismo despojaría del control de esta función de las operaciones al contrabando que prosperó durante la Prohibición. La manera más segura de dejar fuera del negocio a los destiladores ilegales es la de promover la competencia en las ventas legales de alcohol.

Lo cierto es que el intento estadual por restringir el acceso a las bebidas alcohólicas, como el de todas las políticas diseñadas para reglamentar las elecciones privadas de consumo, no ha funcionado. De acuerdo con el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, los habitantes de Mississippi beben casi la misma cantidad que el estadounidense típico: medido en equivalentes de etanol, en 1997 el consumo promedio anual de todas las bebidas alcohólicas (cerveza, vino y espirituosas) fue de 2,10 galones per capita en Mississippi; el mismo fue de 2,18 galones per capita en todos los Estados Unidos.

La gente bebe aquí la misma cantidad de licores destilados que el resto (0,62 galones per capita al año en nuestro estado versus 0,63 galones a escala nacional), pero ellos lo compensan al beber más cerveza. La gente de Mississippi terminan consumiendo solamente un tercio del vino que consumen otros estadounidense: tan solo un-décimo de un galón de equivalente de etanol por persona y por año, comparado con tres-décimos de un galón en otras partes.

Una investigación publicada en el galardonado libro de 1997 del The Independent Institute, Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination, sugiere que los consumidores de vino son por lejos menos proclives a ser arrestados por beber alcoholizados o a involucrarse en otros comportamientos socialmente irresponsables asociados con el abuso de alcohol que los bebedores de cerveza. Así, el principal efecto del monopolio del licor manejado por el estado de Mississippi, el cual no tiene impacto perceptible algunos sobre el consumo de alcohol en general, es el de desplazar el consumo de vino en favor del consumo de cerveza.

Se sigue amontonando la evidencia que destaca beneficios sustanciales para la salud provenientes de un moderado consumo del alcohol. El beber vino, en especial, reduce la incidencia de las enfermedades coronarias y promueve la longevidad. Es cierto que un pequeño porcentaje de bebedores abusan del alcohol, así como un pequeño porcentaje de usuarios de tabaco o de drogas abusan de esas sustancias. El monopolio del licor en manos del estado de Mississippi penaliza a la vasta mayoría de adultos responsables que disfrutan de uno o dos vasos de vino durante la cena o de una o dos cervezas frías al finalizar una cálida jornada.

Es tiempo de que Mississippi se aleje de las épocas oscuras y que termine con el monopolio de la venta mayorista de licor de la ABC y del impuesto estadual oculto del 27,5% sobre las bebidas alcohólicas.

El sistema existente podría ser fácilmente reemplazado por un simple impuesto sobre las ventas minoristas, el cual, entre otras cosas, tendría la virtud de sacar a la luz el verdadero costo del control estadual del licor. La competencia mayorista reduciría los precios, ampliaría las opciones disponibles para los consumidores, y, si la tasa impositiva fuese establecida apropiadamente, se generarían más ingresos para el estado. Al mismo tiempo, el costo de la reglamentación del licor sería reducido: los contribuyentes de Mississippi ya no necesitarían financiar el costo de operar un desmesurado depósito estadual de licor o cargar con el coste de distribuir vino y bebidas espirituosas a los minoristas locales. Tómese un trago y llame o escríbale a su representante o senador estadual. ¡Salud!

Traducido Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Director de Investigaciones e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).




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