Los niños que cruzan nuestra frontera: Refugiados de la violencia

La crisis humanitaria que involucra a miles de niños sin padres que cruzan la frontera de los Estados Unidos ha quedado entreverada en el debate sobre la reforma migratoria. Esto dificultará aún más la aprobación de la legislación sobre una reforma migratoria que sacaría a millones de personas de las sombras y aseguraría que los futuros recién llegados arriben legalmente a través del sistema.

Hay una razón por la cual las naciones del mundo distinguen entre inmigrantes y refugiados (alrededor del 3% y el 0,2% de la población mundial, respectivamente). Los primeros constituyen un fenómeno social regular que puede ser abordado de manera permanente por un sistema flexible que vincule a la política de inmigración con la dinámica del mercado, mientras que los segundos son, por definición, el producto de circunstancias excepcionales que pueden exigir medidas concretas.

Fundamentalmente, los niños centroamericanos pertenecen a la segunda categoría. De acuerdo con la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, al menos el 60% cumple con los requisitos para acceder al estatus de refugiado.

A juzgar por las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para el año fiscal 2012, el aumento en los cruces ilegales de niños se inició en un momento, 2011, en el cual la violencia relacionada con las drogas de las pandillas centroamericanas, incluyendo la brutal presión ejercida contra los adolescentes, se tornó muy aguda.

Varios otros países han estado en el extremo receptor de este éxodo, incluyendo México, Costa Rica y, sorprendentemente, Nicaragua, que está más acostumbrada a producir emigrantes que inmigrantes (75% de los trabajadores inmigrantes en Costa Rica son en efecto nicaragüenses).

De hecho, se ha producido un aumento del 712% en el número de solicitantes de asilo en países por lo general asociados con la emigración.

Una prueba más de que nos encontramos ante una situación humanitaria excepcional es el hecho de que, según la ONU, sólo un tercio de los niños no acompañados por sus padres que cruzan la frontera tienen al menos un progenitor en este país. Esto no es un atisbo de la invasión latinoamericana que la reforma migratoria podría desencadenar en los EE.UU., como sostienen los críticos.

Hay, sin embargo, una conexión entre la migración regular y esta crisis: la constatación de que, ante la ausencia de una reforma migratoria integral, durante años los sucesivos gobiernos han adoptado medidas aisladas que eventualmente generaron nuevos problemas.

Como ha escrito el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, las medidas restrictivas que la administración Clinton adoptó en la década de 1990, tales como conceder a la Patrulla Fronteriza la facultad para expulsar a los individuos sin una audiencia judicial, obstaculizaron gravemente la migración estacional y convirtieron a personas que solían ir y venir en extranjeros indocumentados permanentes.

Estas medidas coincidieron con un auge económico que, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, incrementó la migración hacia este país. La falta de correspondencia entre las necesidades de la economía y la ley condujo a un aumento de los extranjeros indocumentados.

Las autoridades estadounidenses tuvieron a la larga que idear nuevas políticas para incluir tanto a estos dos casos especiales como a distintos fallos judiciales que iban en contra de la práctica existente. Así llegó a establecerse, bajo la administración Bush, la práctica por la cual los niños centroamericanos son puestos en custodia y posteriormente entregados a familiares adultos en lugar de ser expulsados — lo cual puede haber alentado el aumento de los niños no acompañados en los últimos años.

La historia de la política de inmigración está plagada de prácticas que generan más problemas que soluciones. La cifra actual de más de 375.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración es una consecuencia de las sucesivas administraciones que convirtieron a la inmigración principalmente en un tema de aplicación de la ley.

El hecho de concentrarse principalmente en las prácticas específicas que pueden haber contribuido a la crisis actual resolverá poco en el largo plazo. Llegar a conclusiones generales respecto de la política de inmigración sobre la base de esta crisis humanitaria sería igualmente contraproducente.

En el corazón del problema inmigratorio estadounidense se encuentra un sistema inflexible e impermeable a las idas y vueltas de la realidad.

En tiempos de abundancia más de medio millón de personas solían cruzar la frontera de manera ilegal, mientras que en los años posteriores al estallido de la burbuja crediticia la inmigración neta se redujo a cero. Este informal — y, sí, “ilegal” — sistema, basado en la oferta y la demanda, fue de auto-corrección.

Concebir el marco legal para un sistema similarmente flexible que responda a las necesidades del mundo real es un asunto urgente, independientemente de la crisis actual. Con suerte, una reforma migratoria exitosa también generará un ambiente más racional en el cual lidiar con las crisis humanitarias que se presenten.

Traducido por Gabriel Gasave