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Muchos de nosotros podemos atribuirnos el mérito por el descenso de la delincuencia
16/12/1999
Bruce L. Benson

Los índices de criminalidad, según el informe preliminar del FBI para el año 1999, cayeron al 10 por ciento por cada 100.000 habitantes. Es una caída considerable, dado que las tasas delictivas habían mermado un 7 por ciento en 1998, y cerca de un 16 por ciento desde su pico entre 1991 y 1997.

Desde el informe del FBI, no han faltado las explicaciones ofrecidas para esta significativa declinación. Los políticos reclaman para sí el crédito en virtud de su apoyo para la construcción de prisiones, la imposición de sentencias más largas, el mayor financiamiento policial, o a las políticas que reducen el desempleo y los incentivos para cometer delitos. La policía cita a las estrategias innovadoras tales como el "patrullaje comunitario."

Sin duda alguna, varios de estos factores ayudan a explicar los índices de criminalidad en baja, pero existe otra causa, tal vez la más importante, que ha pasado largamente sin ser percibida: las crecientes inversiones de parte de ciudadanos privados de tiempo y dinero en materia de seguridad.

El control privado del crimen—incluidos los acuerdos voluntarios de vigilancia, patrullaje y acompañamiento, las alarmas, los cerrojos mejorados y la mejor iluminación, la auto-protección, y el personal de seguridad privada—ha sido una industria en crecimiento durante décadas. Una estimación de 1970 pone al personal de seguridad privada casi en pie de igualdad con la policía pública, pero para 1990 había cerca de 2,5 efectivos de seguridad privada por cada oficial de la policía pública. En la actualidad, la relación probablemente sea al menos de tres a uno. La de la seguridad privada es la segunda industria de más rápido crecimiento en el país, pero el empleo creciente es tan solo una parte de la historia.

Considérese el mercado para las alarmas de seguridad. Las ventas de alarmas subieron a cerca del 11 por ciento al año en 1970, pero esta tasa de crecimiento alcanzó el 15 por ciento en 1990. En 1970, el uno por ciento de los hogares estadounidenses estaban conectados a sistemas de alarma centrales. En 1990, lo estaba uno de cada diez hogares. Y esta tendencia parecería haberse acelerado en la década del 90, al igual que la venta de otro equipamiento electrónico para controlar el acceso, detectar la intrusión, y proteger a los vehículos, junto con los circuitos cerrados de televisión, los detectores de metales, los dispositivos de rayos x, y otra tecnología de seguridad.

El auge en el control privado del delito se encuentra también ilustrado por el número creciente de centros comerciales, complejos de oficinas, y edificios residenciales cerrados, los que han sido creados teniendo a la seguridad como un objetivo de su diseño. Una estimación de 1997 sugirió que 24 millones de estadounidenses vivían en condominios, en complejos de departamentos y en cooperativas de acceso limitado. Más allá de eso, las comunidades residenciales privadas, consistentes en grandes números de hogares uni o multifamiliares sobre calles privadas, son ofrecidas de manera creciente haciéndose hincapié en la seguridad como una ventaja que las hace más atractivas. Una evaluación del año 1997 colocó al número de personas en comunidades "cerradas" en alrededor de los ocho millones. ¿Qué es lo que estos consumidores creen que están recibiendo?

El caso de Starrett City, un gigantesco complejo de 153 acres en la sección de alta criminalidad de Brooklyn, al este de Nueva York, ayuda a explicar la popularidad de tales comunidades. En los años 80 cerca de 20.000 residentes, racial y étnicamente diversos pero mayoritariamente de clase media, vivían en sus 5.881 departamentos distribuidos en 56 edificios. Un estudio de 1986 realizado por los criminalistas de la Pennsylvania State University, Edwin Donovan y William Walsh encontró que los residentes de Starrett City eran en verdad mucho más proclives a efectuar la denuncia de crímenes a su personal de seguridad que los ciudadanos en general, y no obstante ello, Starrett City tuvo solamente 6,57 delitos denunciados por cada 1000 habitantes, en comparación con los 49,86 para el distrito 75º en el cual se encuentra ubicada Starrett City. Al momento del estudio, Starrett City contaba con una fuerza de seguridad privada de 54 personas, incluidos 34 oficiales con responsabilidades de patrullaje en general, una unidad canina de 6 oficiales, y una unidad de 5 oficiales que patrullaban vestidos con atuendos civiles.

Otras comunidades que adoptan la seguridad privada observan una mejoría comparable. Critical Intervention Services (CIS), una agencia de seguridad privada en Florida, le proporciona seguridad a los complejos de departamentos de un precio que atrae a los inquilinos de bajos ingresos. El delito cae en promedio en un 50 por ciento después de que CIS asegura un complejo habitacional (50 de ellos tenían un contrato con la empresa en Miami, Tampa, Jacksonville, y Orlando allá por 1996). Esto puede ser atribuible parcialmente a la prodigiosa labor comunitaria que la agencia emprende. Los empleados de CIS juegan a la pelota con los niños, los ayudan con sus tareas escolares, les distribuyen obsequios navideños a los jóvenes necesitados, y además benefician a los residentes jóvenes. Como lo sostuviera el fundador de la firma, K. C. Poulin, "una vez que usted logra conocer a los niños y a sus padres, el delito se reduce."

Una investigación estadística del año 1992 realizada por Edwin Zedlewski, asesor senior del National Institute of Justice, que compara a la seguridad pública y a la privada en 124 Áreas Estadísticas Metropolitanas Estándar, fortalece adicionalmente a la causa en favor de la seguridad privada. El estudio descubrió que la dedicación de más recursos a la policía pública no pareció disuadir la comisión de más delitos, mientras que el hecho de brindarle más recursos a la seguridad privada si lo hizo. Esto no debería sorprendernos, dado que los empresarios privados—a diferencia de los burócratas públicos—se encuentran bajo la constante presión competitiva para descubrir nuevas maneras de mejorar sus productos y servicios, incluyendo el descubrimiento de nuevas formas de optimizar la cooperación comunitaria. Claramente, los empresarios privados, y el público con el cual ellos trabajan, merecen gran parte del crédito por reducir los índices de criminalidad.

Traducido por Gabriel Gasave


Bruce L. Benson es Profesor e Investigador en Economía en la Florida State University, Asociado Senior en The Independent Institute, y autor del libro del Instituto, To Serve and Protect: Privatization and Community in Criminal Justice (New York University Press, 1998).




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