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Justicia corrupta
28/9/1999
Paul Craig Roberts

Algo debe hacerse respecto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es una organización corrupta. Los columnistas se refieren actualmente al mismo como el “Departamento Justicia” y el “Departamento de Injusticia.” El torrente de mentiras y falsos enjuiciamientos que mana del mismo provoca que incluso los mexicanos sostengan que el “coloso del norte es más corrupto que nosotros.”

La integridad del Departamento de Justicia ha declinado de manera dramática bajo Clinton-Reno. Pero la caída del departamento data de hace varios años. Todo comenzó el día que la ambición se volvió más importante que la justicia.

Vemos a la ambición en acción en los actuales ataques del departamento contra las compañías tabacaleras y Microsoft. Es muy fácil tener aversión por las empresas tabacaleras y demonizarlas, pero la antipatía hacia una industria no es el fundamento para una demanda judicial.

Antes de que la Fiscal General Janet Reno viera su oportunidad para forzar el “mayor acuerdo de la historia,” le dijo al Senado de los Estados Unidos que no había fundamento alguno para una demanda judicial federal contra las compañías tabacaleras. Ahora, ella sostiene que los ejecutivos de las mismas hicieron que la gente fumase al presentar correctamente los riesgos, y está demandando a las compañías por fraude. Los accionistas pagarán, por supuesto, pero el dinero, no la justicia, es su objetivo.

La afirmación de Reno es ridícula. Los riesgos de fumar han sido conocidos por décadas. El público sabía de los riesgos mucho antes de los estudios sobre el cáncer y de las referencias a los cigarrillos como los “clavos de un ataúd” las que se remontan a los años ’40. La advertencia del titular de la Salud Pública del país ha estado impresa en cada atado de cigarrillos desde 1966—¡y la gente aún fuma 24 mil millones de paquetes por año!

Hay un fuerte motivo para demandar tanto al gobierno como lo hay para demandar a las compañías tabacaleras. El gobierno federal alentó fumar al subsidiar a la producción de tabaco y al suministrarle cigarrillos gratis al personal de servicio estadounidense hasta 1974. Considerando la joven edad promedio del personal de servicio, el gobierno federal sentenció a millones de hombres a una vida de adicción.

Janet Reno sostiene que las compañías tabacaleras “colocaron a las ganancias por encima de la salud pública.” También lo hizo el gobierno, que recibió más de la mitad de esos beneficios a través de los impuestos a las ganancias y al consumo. ¿Es la codicia por ingresos del gobierno la razón por la cual el mismo permite la venta de un producto del que sabe que es perjudicial, yendo incluso tan lejos como para tomar medidas activas a fin de volver adictos al personal de servicio joven?

Incluso hoy día el gobierno no intenta prohibir el producto, sino tan solo saquearle unos $20 mil millones adicionales por año. Como lo destaca el Profesor de Leyes de Notre Dame Robert Blakey, la causa del gobierno descansa en la coerción, no en el derecho, y está diseñada para forzar un acuerdo en vez de un juicio.

Solamente la ambición alimenta la causa antimonopolios del Fiscal General Asistente Joel Klein contra Microsoft. Espera mejorar su posición humillando al gigante del software y establecer una ley anti monopolios sobre un fundamento especulativo que les otorga una enorme discreción a los fiscales.

La causa del Departamento de Justicia contra Microsoft fue recientemente demolida por los profesores Stan J. Liebowitz y Stephen E. Margolis en su libro, “Winners, Losers & Microsoft,” publicado por The Independent Institute.

¿La respuesta? Acabar con los hechos de la causa mediante una fraudulenta filtración al The New York Times de que el estudio había sido pagado por Microsoft.

El 15 de septiembre el Presidente del Comité Judicial del Senado Orrin Hatch dijo: “Este Departamento de Justicia” se encuentra “conducido por individuos que no se preocupan por el derecho.” Hatch está furioso debido a que el Departamento de Justicia está encubriendo nuevamente a Clinton—esta vez negándole al Congreso la información detrás de los perdones concedidos por Clinton a 16 terroristas portorriqueños cuya organización es responsable por ataques con bombas que mataron a 6 personas y mutilaron o hirieron a otras 84.

Clinton y su administración han estado infringiendo nuestras libertades en varios frentes en su “guerra contra el terrorismo,” de modo tal que la clemencia que Clinton tuvo para con los miembros del FALN no cayó bien. El senado votó 95 a 2 y la Cámara de Representantes 311 a 41 condenar a Clinton por perdonar a los terroristas y por ocultarse detrás del “privilegio ejecutivo.”

La hipocresía es la norma tanto para Clinton como para el Departamento de Justicia. El 22 de septiembre, agentes del FBI testificaron ante el Congreso que un corrupto Departamento de Justicia bloqueó su investigación obre el escándalo atinente al financiamiento de la campaña en el cual el gobierno chino adquirió acceso a la administración Clinton y a nuestros secretos militares.

Los agentes le dijeron al Congreso que su supervisora del Departamento de Justicia, la Sra. Laura Ingersoll, evitó que usaran ordenes de allanamiento mientras evidencia critica era destruida por un amigote de Clinton.

La Sra. Ingersoll afirmó que los agentes carecían de una “causa probable” para una orden de allanamiento. Esto de parte de un Departamento de Justicia que de manera rutinaria emplea las leyes sobre la confiscación de activos para incautar los hogares de los abuelos basándose en la “causa probable” de que su nieto podría llegar a tener drogas en la vivienda.

El senador Hatch está en lo correcto. El Departamento de Justicia es corrupto. Algo debe hacerse al respecto. Mientras tanto, todas las causas del Departamento deberían ser desestimada por los tribunales sobre la evidencia prima facie que las acusaciones incoadas por el mismo son tan corruptas como el propio departamento.

Traducido por Gabriel Gasave


Paul Craig Roberts

es Asociado John M. Olin en el Institute for Political Economy e Investigador Asociado Senior en la Hoover Institution, Stanford University.




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