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El gobierno precisa poner a su propia contaduría en orden
9/7/2002
Robert Higgs

El Presidente Bush ha estado fustigando las travesuras contables corporativas. “Los Estados Unidos corporativos tienen que entender,” declara, “que existe una vocación mas elevada que la de tratar de falsificar los números, procurando deslizar mil millones aquí o mil millones allá y esperar que quizás nadie lo note.” Como resultado de los escándalos en Enron, WorldCom, Xerox, y otras grandes empresas, el presidente advierte que el Departamento de Justicia enjuiciará a las corporaciones que apuesten rápido y pierdan sus cuentas.

Los demócratas, oliendo la sangre en el agua, están tratando de vincular a la administración Bush con los malhechores contables. El líder del Senado Tom Daschle culpa a “una atmósfera desreguladora y permisiva que ha reposado demasiado en que los Estados Unidos corporativos se vigilen a sí mismos,” y destaca específicamente los problemas en Halliburton, a la cual el vicepresidente Dick Cheney conducía no hace mucho tiempo atrás. La “actitud de laissez-faire” de los republicanos, sostiene Daschle, ha alentado a los titanes corporativos a mentir, engañar, y robar.

Lo que nadie parecería notar es que mientras Enron, WorldCom, y otros malos muchachos corporativos están recibiendo su merecido castigo en el mercado accionario y hundiéndose en la bancarrota, el más grande burlador contable de todos continúa alegremente con su irresponsable derrotero. Me refiero a no otra cosa que a la organización con la cual tanto Bush como Daschle están conectados, el gobierno federal. Mientras que Enron y WorldCom se han portado mal con miles de millones de dólares en malas cuentas, el gobierno federal se ha portado mal-y continúa haciéndolo, contrariamente al número de los estatutos federales—con billones de dólares en malas cuentas.

Aunque para nada sea la única agencia culpable, el Departamento de Defensa es por lejos el peor infractor. Desde 1994, la ley federal le ha exigido a los departamentos del gobierno realizar auditorias financieras. Parecería razonable, dados los billones de dólares del dinero de los contribuyentes que pasan por las manos de los burócratas cada año. El Departamento de Defensa, sin embargo, nunca ha sido capaz de cumplir con la exigencia de la auditoria, en razón de que sus registros son un desorden tal que los mismos ni siquiera pueden ser auditados.

Un memorando del 15 de febrero de 2001, suscrito por David K. Steensma, inspector general asistente para la auditoria, declara que “el Departamento de Defensa no podía suministrar información suficiente o confiable para que evaluemos las aserciones de la administración o verificar los importes de los Estados de Cuentas Financieros Amplios para el Año Fiscal 2000 de la Agencia del Departamento de Defensa.”

Además, “Identificamos $1,1 billones en entradas contables a nivel de departamento a la información financiera utilizada para preparar el componente de los estados de cuenta financieros del Departamento de Defensa que no estaban apoyados por rastros de auditoria adecuados o por evidencia suficiente a fin de determinar su validez. Además, identificamos también $107 mil millones en entradas contables a nivel de a la información financiera utilizada para preparar el componente de los estados de cuenta financieros del Departamento de Defensa que eran impropios debido a que las entradas eran ilógicas o no seguían los principios contables.”

La precedente avaluación se aplica no solamente a los problemas contables amplios del departamento. Los auditores también encontraron que las cuentas para los servicios militares individuales eran un completo desorden.

El Departamento de Defensa ha quebrantado la ley año tras año. Según el memorando de Steensma, “El Departamento de Defensa no cumplió plenamente con las leyes y reglamentaciones que tenían un efecto directo y material sobre su capacidad de determinar los importes de sus estados financieros. Los sistemas de administración financiera del Departamento de Defensa no estaban en cumplimiento sustancial con las exigencias del sistema de administración financiera federal; los estándares contables federales aplicables; y el Libro Mayor del Estándar General del Gobierno de los EE.UU. en el nivel de transacción, tal como es exigido por la Ley Federal de Mejora de la Administración Financiera de 1996.”

El año pasado, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld le dijo al Congreso, “Tenemos una obligación con los contribuyentes de gastar sabiamente su dinero. Hoy día, no lo estamos haciendo.”

Hablemos acerca de una declaración excesivamente modesta. El Departamento de Defensa no solamente está desperdiciando el dinero a carradas, sino que el mismo no tiene la más mínima idea de cómo ha dilapidado varios billones de dólares, y de cómo lo ha hecho, durante la pasada década. No obstante ello, funcionarios del departamento también han testificado que ningún cumplimiento de la ley está a la vista. Quienes se encargan de quebrantar la ley en el Pentágono simplemente esperan seguir rompiéndola, y salirse con la suya, tal como lo han hecho durante años.

En una carta a Rumsfeld fechada el 27 de abril de 2001, los congresistas Christopher Shays y Dennis Kucinich declararon, “El Inspector General del Departamento de Defensa testificó ante el Congreso en 1995 que podía esperarse un cambio en las practicas presupuestarias del Pentágono para el año 2000. Después de cientos de auditores y decenas de miles de millones de dólares en ajustes recomendados, los libros del Departamento de Defensa permanecen en caos. A la fecha, ninguna parte importante del Departamento de Defensa ha sido capaz de pasar la prueba de una auditoria independiente” (énfasis en el original).

Cuando Enron o WorldCom no pueden presentar una adecuada declaración de auditoria, están arruinadas. Aún cuando el Departamento de Defensa no puede poner en forma sus registros financieros para que sean auditados, el departamento es premiado con el mayor incremento en su presupuesto desde el primer mandato de Ronald Reagan como presidente.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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