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Estafadores constitucionales
15/5/2002
Thomas J. DiLorenzo

Durante mi debate del 7 de mayo con Harry Jaffa en The Independent Institute en Oakland, California, Jaffa realizó varias declaraciones que literalmente provocaron algunas expresiones de bronca en la audiencia junto con miradas de total descreimiento. (Sus simpatizantes sonreían y asentían con la cabeza aprobatoriamente). Él señaló, por ejemplo, que “Lincoln jamás hizo algo que fuese inconstitucional”; que Virginia nunca se reservó el derecho de retirarse de la Unión cuando ratificó la Constitución; y que el gobierno británico nunca reconoció a las colonias o a los estados de forma individual en el Tratado de París. En otras palabras, que jamás existió tal cosa como la soberanía estadual y que nada de lo que Lincoln hizo alguna vez—incluso el disponer la suspensión unilateral del recurso de habeas corpus y al hacer que los militares arrestasen a miles de ciudadanos norteños—violó la Constitución.

Uno obtiene un perspectiva muy distinta si lee Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution de Jonathan Elliot, editada por James McClellan y Mel Bradford y reimpresa por J. River Press en 1989—o, por caso, los documentos de la ratificación original. Uno encuentra que esto es lo que los delegados de Virginia sostuvieron:

Nos, los delegados del pueblo de Virginia . . ., en nombre y representación del pueblo de Virginia, declaramos y hacemos saber que las facultades concedidas bajo la Constitución, las que derivan del pueblo de los Estados Unidos pueden ser reasumidas por el mismo cuando las mismas fuesen pervertidas en su perjuicio u opresión, y que cada facultad no concedida permanece de este modo con ellos según su voluntad . . .

Nueva York efectuó una declaración similar: “Nos, los delegados del pueblo de Nueva York . . . declaramos y hacemos saber que las facultades del gobierno pueden ser reasumidas por el pueblo cuando fuese que ello se vuelva necesario para su felicidad . . .” Y Rhode Island hizo una declaración casi idéntica: “Nos, los delegados del pueblo de Rhode Island y de las Plantaciones, debidamente y elegidos . . . declaramos y hacemos saber . . . que las facultades del gobierno pueden ser reasumidas por el pueblo cuando fuese que ello se vuelva necesario para su felicidad . . .”

Jaffa es un maestro en lo que Joe Stromberg llama el “oscuro arte” de “reinterpretar” a documentos como estos para que expresen no lo que los mismos dicen en palabras claras sino lo que él desea hacerles decir de un modo que sea consistente son sus inclinaciones políticas.

Durante el debate Jaffa reposó en su sustancial reputación para declarar simplemente que el gobierno británico no reconoció a los estados individualmente en el Tratado de Paris de 1783 al concluir la Revolución Estadounidense. Yo pude tan sólo responder que había releído el tratado al prepararme para el debate, y que Jaffa estaba equivocado. Debería de haber llevado una copia del Tratado conmigo, pero aquí está lo que el Artículo I dice:

Su Majestad Británica reconoce a los mencionados Estados Unidos de Nueva Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, y Providence Plantations, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y Georgia, como estados que son libres, soberanos e independientes; y trata con ellos como tales, y para él, sus herederos y sucesores, renuncia a toda pretensión para el gobierno de los derechos de propiedad y territoriales de los mismos, y cada parte ellos. (“Treaty with Great Britain,” en Charles Eliot, ed., The Harvard Classics, vol. 43, American Historical Documents, p. 175).

Esto es importante, dado que los documentos fundacionales de manera consistente destacan que los estados son soberanos y que están estableciendo una Unión para que actúe como su agente. A eso se debe que, toda vez que la frase “Estados Unidos” aparece en la Constitución, la misma está en plural—para significar que los estados soberanos individuales se estaban uniendo voluntariamente para formar la Unión. Este empleo del lenguaje fue revertido por la fuerza de las armas desde 1861 a 1865 cuando, como escribe Shelby Foote en su libro, The Civil War, los estadounidenses dejaron de decir “los Estados Unidos son” y comenzaron a decir “Estados Unidos es,” significando una transformación desde una confederación de estados soberanos hacia un imperio consolidado y monolítico.

El comentario de Jaffa que causó sorpresa y expresiones de incredulidad fue su insistencia en que Lincoln nunca hizo nada que fuese inconstitucional. Estas personas eran obviamente conscientes de que la Constitución no prevé un dictador sino un presidente, y que generaciones de historiadores se han referido a Lincoln como un “dictador” pero uno benevolente. “La dictadura jugó un papel decisivo en el exitoso esfuerzo del norte por mantener a la Unión mediante la fuerza de las armas,” escribió Clinton Rossiter en Constitutional Dictatorship. “El sorprendente desprecio de Lincoln por la Constitución no era considerado por nadie como legal,” proclamó también Rossiter. “Si Lincoln era un dictador, debe admitirse que fue un dictador benevolente,” escribió James Ford Rhodes en su historia de los Estados Unidos, una afirmación que fue repetida casi in extenso por James G. Randall en Constitutional Problems Under Lincoln.

El motivo principal por el cual generaciones de historiadores han etiquetado a Lincoln como un dictador (pero también hicieron una defensa de su comportamiento dictatorial sobre la base de que el fin justifica los medios) es probablemente la circunstancia de que el 27 de abril de 1861, dos semanas después del Fuerte Sumter, él de manera unilateral suspendió el recurso de habeas corpus y eventualmente ordenó al ejército federal que arrestase a entre 13.000 y 38.000 civiles norteños que eran sospechados de oponerse a su administración (este es el rango de estimaciones que existe en la literatura que se ha publicado.. A estos individuos nunca se les posibilitó acceder al debido proceso en absoluto.

El miembro de la Corte Suprema de los EE.UU., Roger B. Taney, expresó su opinión de que dicho acto era inconstitucional debido a que solamente el Congreso tenía la facultad de hacerlo. Citó al ex miembro de ese Alto Tribunal, John Marshall, al decir que “le corresponde a la legislatura decir” si el habeas corpus debe ser suspendido; citó también al miembro de la Corte Joseph Story como siendo coincidente con esa opinión, tal como lo hacían los precedentes ingleses y estadounidense; y puntualizó que la suspensión del habeas corpus aparece en la Constitución bajo la sección atinente a las facultades del poder legislativo, no a las del ejecutivo.

Si un presidente estadounidense puede suspender unilateralmente el habeas corpus, escribió Taney, entonces “el pueblo de los Estados Unidos ya no se encuentra más viviendo bajo un gobierno de leyes; sino que cada ciudadano detenta la vida, la libertad y la propiedad según el deseo y el placer del oficial del ejército en cuyo distrito militar eventualmente pueda encontrarse.” Lincoln simplemente ignoró la opinión de Taney.

Los molestos en el debate del The Independent Institute deben haber sido conscientes también de la demolición por parte de Lincoln de la Primera Enmienda durante su administración, para haber reaccionado con tales expresiones de descreimiento. Existían cientos de periódicos de oposición en el norte, y muchos de ellos fueron clausurados y sus directores y propietarios remitidos a prisiones militares sin el debido proceso. Por ejemplo, el 18 de mayo de 1864 Lincoln le comunicó una orden al General John Dix la que decía lo siguiente: “Usted tomará posesión mediante la fuerza militar, de los establecimientos de impresión del New York World y del Journal of Commerce . . . y prohibirá cualquier nueva publicación de los mismos . . . usted se encuentra por consiguiente ordenado para de inmediato arrestar y encarcelar . . . a los directores, propietarios y editores de los mencionados periódicos.” Dix cumplió con lo ordenado, y cientos de periódicos fueron censurados (véase Freedom Under Lincoln de Dean Sprague.)

Los libros de historia también discuten acerca de cómo le fue ordenado a las tropas federales interferir con las elecciones norteñas (Lincoln ganó Nueva York por 7.000 votos en 1864 “con la ayuda de las bayonetas federales,” de acuerdo con David Donald en Lincoln Reconsidered); todas las comunicaciones telegráficas fueron censuradas; los ferrocarriles fueron nacionalizados; nuevos estados fueron creados de manera inconstitucional; y al Décima Enmienda fue destruida del todo por la guerra.

Incluso el propio fiscal general Lincoln, Edward Bates, era de la opinión de que la orquestación de Lincoln de la secesión de Virginia occidental del resto del estado era inconstitucional. El Artículo IV de la Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos expresa: “Nuevos estados podrán ser admitidos en esta Unión, sin embargo, ningún nuevo Estado podrá formarse o erigirse dentro de los Límites de otro Estado, ni un Estado constituirse mediante la Reunión de dos o más Estados o partes de Estados, sin el Consentimiento de las Legislaturas de los Estados en cuestión, así como del Congreso” (el énfasis es nuestro.)

Virginia occidental fue inconstitucionalmente separada de Virginia y, dado que la misma ni siquiera existía como un estado, su inexistente legislatura no podría haberlo consentido, como lo exigía la Constitución. Un gobierno títere fue establecido en Alejandría, Virginia, conducido por miembros del partido republicano, lo cual garantizaba algunos votos electorales más para Lincoln en la elección de 1864.

Estoy seguro que Jaffa puede salirse con algún trabalenguas de “giro” de porqué estas realidades no son en verdad realidades. Ha estado haciéndolo toda su vida. Y absolutamente debe seguir haciéndolo, porque la causa entera contra los derechos estaduales reposa en la asunción de que Lincoln estaba tan sólo cumpliendo con la Constitución cuando lanzó su invasión. Los estados sureños se encontraban insatisfechos con los resultados de una elección debidamente realizada, y ese no es un motivo para desear la secesión. Jaffa repitió esto durante el debate y lo ha hecho en muchos de sus escritos. Su posición es la de que ningún estado jamás posee el derecho de separarse, por cualquier razón, mientras sean seguidas las reglas constitucionales para la celebración de los comicios. Presumiblemente, esto sería cierto si digamos, un candidato seccional sureño fuera a ser electo presidente y, con su partido en control del Congreso, sancionara un impuesto a las ganancias uniforme del 80 por ciento para los estados del norte y uno del 20 por ciento para los estados del sur, a la vez que volviese ilegal a la inmigración interestatal. Esa era la brutal situación impositiva después de que Lincoln fuera elegido, con los sureños pagando tanto como el 80 por ciento de todos los ingresos en concepto de aranceles los cuales, en esa época, eran la forma primaria de tributación federal.

Si en verdad Lincoln no fue un devoto defensor de la Constitución, el castillo de naipes de quienes se oponen a los derechos estaduales colapsa en su totalidad. Si él despreció a la Constitución y actuó como un dictador, sin importar cuan nobles pudiesen haber sido sus fines, entonces el argumento de la santidad de la Constitución contra la secesión sale por la ventana. Este, en mi opinión, es el motivo por el cual Jaffa debe continuar haciendo tales declaraciones escandalosamente no históricas.

Traducido por Gabriel Gasave


Thomas J. DiLorenzo es Investigador Asociado en The Independent Institute, Profesor de Economía en la Loyola College en Maryland, y autor colaborador del libro, Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination.




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